Una ley aprobada por unanimidad en el Congreso, que desata un choque Senado-Congreso y que terminará por resolverse en el Tribunal Constitucional (TC). Ese es el resumen a trazo grueso de las consecuencias tras la tramitación parlamentaria del proyecto de ley presentado por el Gobierno para reformar la Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales (LO 7/2014).
La iniciativa, que pretendía adecuar la legislación nacional a la normativa de la UE, ha concluido su paso por las Cortes con una sucesión de decisiones controvertidas por parte de la presidencia de ambas Cámaras, hasta el punto de provocar un enfrentamiento entre instituciones al más alto nivel. Así, el Grupo Popular en el Senado registraba este mismo viernes un escrito para pedir al Senado que plantee un conflicto de atribuciones con el Congreso de los Diputados.
El conflicto de atribuciones es un recurso al que pueden recurrir Gobierno, Congreso, Senado o el CGPJ cuando consideran que otro de ellos está invadiendo sus competencias
Con ese movimiento, el PP inicia el procedimiento formal para que la Cámara Alta exija a la Mesa de la Cámara Baja la reconsideración del acuerdo que da por aprobada la reforma de la Ley sobre intercambio de antecedentes y su remisión al Boletín Oficial del Estado (BOE). Aunque no hay fecha oficial fijada para su aprobación, en principio tendrá lugar en la sesión plenaria del próximo 28 y 29 de octubre, según han informado a Demócrata desde el grupo del Popular.
La decisión llega tras la petición, vía carta, del presidente del Senado, Pedro Rollán, a su homóloga en el Congreso, Francina Armengol, de que revierta el acuerdo por el que la Mesa de la Cámara Baja negaba la legitimidad del veto de la Cámara Alta a la reforma de la LO 7/2014, que fue declarado por Rollán tras el pleno del lunes, 14 de octubre.
