QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión de Justicia ha aprobado un nuevo dictamen de la Proposición de ley de Amnistía que será elevado al Pleno del Congreso para, esta vez sí, conseguir una mayoría absoluta que permita al texto avanzar al siguiente estadio, el Senado. PSOE, Junts y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han pactado cuatro enmiendas transaccionales que pulen los puntos calientes de la norma. La nueva redacción acota aún más los delitos de terrorismo excluidos de la amnistía, incorpora la malversación como amnistiable redefiniendo el concepto de enriquecimiento, amplía las fechas y abre la puerta a la devolución de algunas multas ya pagadas.
El dictamen ha obtenido 20 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Podemos, adscrito al Mixto), 17 en contra(PP y Vox) y ninguna abstención.
Moldeando el terrorismo
Por segunda vez, el Gobierno y sus socios negocian el concepto de terrorismo. En la redacción original, la iniciativa excluía los delitos de terrorismo y, tras una primera redefinición, únicamente los delitos de terrorismo relacionados con asesinatos y/o torturas. Ahora, con una enmienda transaccional, se fijan nuevos límites.
La transaccional aprobada por la Comisión de Justicia deja fuera de la amnistía exclusivamente los delitos de terrorismo relacionados con asesinatos y/o torturas y que superen un umbral mínimo de gravedad por no resultar idóneos para humillar o degradar a una persona o mostrar una disminución de su dignidad humana, o para provocar miedo, angustia o inferioridad de una forma capaz de quebrar su resistencia moral y física.
Se trata de la perspectiva de la UE ya que se elimina la tipificación del terrorismo fijado por el Código Penal y se adopta la versión de terrorismo recogida en la directiva europea del 2017, donde el umbral del delito es más alto.
Se incorpora también un nuevo punto que establece que no serán amnistiados los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos la Defensa Nacional siempre y cuando “se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España”.
Se deja fuera de la amnistía exclusivamente los delitos de terrorismo relacionados con asesinatos y/o torturas y que superen un umbral mínimo de gravedad.
Malversación y enriquecimiento
La norma ha ampliado la fecha de actos susceptibles de ser amnistiados. En lugar de incluir desde enero de 2012, se ha fijado el día 1 de noviembre de 2011. Se mantiene que los delitos habrán de estar relacionados con las consultas del 9 de noviembre de 2014 y/o del 1 de octubre de 2017, así como los cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña.
Una transaccional concreta que serán amnistiados los actos tipificados como usurpación de funciones públicas o de malversación únicamente cuando estén dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la realización de las consultas o la promoción de la independencia. Asimismo, se impone como condición sine qua non que no exista propósito de enriquecimiento.
Con la intención de evitar futuras lagunas, se ha añadido un nuevo apartado que reza que no se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades amnistiadas, “independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico”. En consecuencia, se entendería como tal el “propósito de obtener beneficio personal de carácter patrimonial”.
Serán amnistiados los delitos de malversación siempre y cuando no se produjera enriquecimiento personal.
Restitución de multas
PSOE, Junts y ERC han pactado una enmienda transaccional que abre la puerta a que se puedan reclamar las multas ya pagadas impuestas por infracciones en el marco de la ley de Seguridad Ciudadana, también conocida por sus detractores como Mordaza. Las impuestas por infracciones muy graves no podrán ser reclamadas.
A estas tres enmiendas transaccionales, se suma una cuarta al preámbulo, que no hace sino actualizar la redacción del mismo a los cambios incorporados y asegurar que se cumple con las recomendaciones de la Comisión de Venecia:
“En conclusión, esta ley busca proporcionar seguridad jurídica, el respeto por el principio de legalidad y un marco legal para la protección imparcial de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Venencia que, en su opinión de 2013, enfatizaba la importancia de mantener una distinción clara entre el poder legislativo y el judicial en la implementación de la amnistía, asegurando el respeto por la autonomía judicial y los principios democráticos”.
