QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El próximo Pleno del Congreso abordará el dictamen del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, así lo ha decido la Junta de Portavoces en su reunión de hoy. La norma llega a la recta final de su tramitación parlamentaria después de que el pasado 23 de septiembre la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible diera el visto bueno al dictamen con 20 votos a favor, frente a 17 en contra.
Tras la decisión de la Mesa de limitar el Pleno de la semana que viene a martes y miércoles, para liberar el jueves 9 de octubre que es el día de la Comunidad Valenciana, la votación se producirá el miércoles.
A una semana vista, la norma todavía no tiene los apoyos garantizados. Podemos se mantiene el no y supedita su apoyo, entre otras cuestiones, a la paralización de los proyectos de ampliación del aeropuerto de El Prat (Barcelona) y del puerto de Valencia.
En una rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria de Podemos, Ione Belarra, ha aventurado que la ley va a resultar en «papel mojado» porque las políticas que impulsa son «puro desarrollismo» que solo sirven para agravar la emergencia climática y nutrir con contratos milmillonarios a las empresas constructoras.
La negativa de los morados se suma al ya conocido rechazo por parte de PP y Vox y dibuja un escenario de 174 votos en contra. La fórmula para desbloquear el proyecto pasa ahora por UPN. Su único diputado podría resultar clave para que el Gobierno alcance los 176 «síes».
Puntos claves
El dictamen llega al Pleno tras ser incorporadas 18 de enmiendas transaccionales integradas y 12 enmiendas en sus términos que modifican la norma para satisfacer varias demandas de los socios habituales del Gobierno tales como la mejora de los planes de movilidad al trabajo, la obligación a gasolineras de tener puntos de recarga, la electrificación de puertos y el impulso de las electrolineras.
Por otro lado, el texto incluye varias medidas relacionadas con el autobús. Los socios consiguieron suprimir la puerta abierta a la liberalización de rutas y al coste adicional que suponía para las Comunidades Autónomas asumir servicios que quedaran fuera del futuro mapa concesional. También se prevé la comercialización de un único billete combinando línea regular y transporte discrecional cuando no exista una línea que cubra ese trayecto.
El proyecto también prevé una definición específica para las estaciones de recarga ultrarrápida y se reconoce como figura estratégica para la electrificación del transporte y el suministro eléctrico portuario. Además, se exime de autorizaciones las infraestructuras eléctricas para suministrar energía a puntos de recarga cuando no requieran evaluación de impacto ambiental ni declaración de utilidad pública y se prevén trabajos para la señalización de electrolineras.
El proyecto de ley contempla una futura regulación para suprimir los trayectos de avión toda vez que exista una alternativa ferroviaria de menos de 2,5 horas y no afecte a conexiones internacionales.
Además, la iniciativa que ahora llega a Pleno prevé impulsar las autopistas ferroviarias y un sistema de bonificaciones en los cánones ferroviarios para favorecer el trasvase de mercancías a este modo durante un mínimo de cinco años.
