María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, ha expresado su asombro este viernes por la actitud de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, quien insiste en demandar más recursos para la región y al mismo tiempo «renuncia a 731 millones» al oponerse el PP a la senda de déficit propuesta.
En un encuentro con periodistas en Lebrija, Sevilla, Montero ha comentado sobre la decisión del Congreso, que el jueves, con apoyo de PP, Vox, Junts y UPN, rechazó los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2026-2028, esencial para los futuros Presupuestos Generales del Estado.
Montero ha criticado que «es increíble que el Partido Popular, que tiene el gobierno en muchas comunidades autónomas, rechazara ayer una senda de déficit que aportaría 5.500 millones de euros para sectores como educación, sanidad, vivienda, dependencia o infraestructuras». Ha destacado la contradicción de demandar más recursos y luego oponerse a iniciativas que los incrementarían.
La vicepresidenta se ha mostrado perpleja por la actitud de Moreno, quien «que todos los días pide más recursos para esta comunidad autónoma, renuncie a 731 millones de euros, que le permitirían mayor capacidad de gasto».
Además, ha señalado el rechazo de Moreno a «una condonación de la deuda andaluza que implicaría un perdón de deuda de más de 18.700 millones». Montero ha subrayado que este comportamiento muestra que «cuando la política no tiene sentido ni sigue una lógica, queda de manifiesto que responde a un interés puramente partidista; se pone por delante una derrota parlamentaria del Gobierno en el Congreso de los Diputados del interés de los ciudadanos».
Montero ha cuestionado las intenciones de Moreno, acusándolo de preferir «la confrontación por la confrontación y a ocultar su ineficacia y su falta de gobierno detrás de los recursos».
Tras el rechazo en el Congreso, el Gobierno seguirá la ley orgánica, que requiere presentar los objetivos a la Cámara Baja «por dos veces» para que entren en vigor conforme al plan fiscal estructural enviado a Europa. Si no se aprueban, se mantendrán los 5.500 millones de euros menos para las comunidades, que podrían ser utilizados por el Gobierno central.
Montero ha concluido diciendo que «el sinsentido de que el PP, que gobierna en varias comunidades autónomas, no quiera siquiera aprovechar esa oportunidad para incorporar mayor gasto a sus políticas públicas, es que no se entiende».











