QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular ha lanzado una ofensiva política con despliegue en las Cortes en relación con la adjudicación de un contrato, por valor de 12,3 millones de euros, a la empresa china Huawei. Desde la formación apuntan a que este acuerdo afecta a la seguridad nacional y a la reputación internacional del país. Por ello, han registrado la comparecencia de distintos miembros del Ejecutivo ante el Congreso y el Senado para que expliquen los detalles de la adjudicación.
Si ayer era el vicesecretario Juan Bravo quien cargaba contra el Gobierno de España y anunciaba el registro de varias solicitudes de comparecencia en relación con el tema, hoy ha sido el turno de la eurodiputada y La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, que desde León ha señalado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El PP cuestiona una relación contractual mediante la cual el Ejecutivo nacional encarga a esta entidad el almacenamiento de las escuchas judiciales y la custodia digital del resultado de las interceptaciones ordenadas por jueces y fiscales.
Comparecencias en las Cortes
Con una batería de peticiones, el Grupo Popular ha registrado las solicitudes de comparecencia de cuatro ministros, así como varias preguntas, tanto en el Congreso como en el Senado. Desde la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo quieren que acudan a rendir cuentas sobre el contrato con Huawei los titulares de Defensa, Asuntos Exteriores, Justicia e Interior en las comisiones parlamentarias de sus carteras.
Desde Génova solicitan que la ministra de Defensa, Margarita Robles, dé cuenta de los mecanismos de control aplicados por su departamento en la adjudicación de contratos con empresas de tecnologías extranjeras, especialmente con Huawei.
Por otro lado, han pedido al titular de Exteriores, José Manuel Albares, que informe sobre las consecuencias que tendrá en materia de política exterior el mantenimiento de las relaciones contractuales del Ejecutivo con esta empresa. Del mismo modo, quieren saber si esta decisión ha sido comunicada, consensuada o cuestionada en el seno de la Unión Europea, en la medida en que consideran que afecta a la posición estratégica del país.
También han registrado la solicitud de comparecencia del responsable de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que explique la política general en relación con el uso de estas tecnologías, que, según el PP, podría estar comprometiendo no solo la neutralidad tecnológica de la Administración del Estado, sino también la seguridad jurídica e institucional del país.
Asimismo, el Grupo Parlamentario Popular pretende que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, exponga los motivos que han llevado al Ministerio del Interior a adjudicar a la empresa Huawei —señalada por la Comisión Europea como proveedor de alto riesgo— el contrato para la ampliación de la infraestructura de almacenamiento del sistema de vigilancia fronteriza de la Policía Nacional.
Las dudas sobre el Gobierno
El vicesecretario general de Hacienda del PP, Juan Bravo, expresó su sorpresa ayer en rueda de prensa al señalar que lo que aparecía en el informe anual de seguridad nacional de España de 2023, en el que se advertía de la construcción de redes de influencia de China en las altas esferas políticas europeas, haya desaparecido por completo en el informe correspondiente al año 2024. Añadió que se eliminó toda mención a China después de haber firmado el contrato con Huawei.
El papel de Zapatero
Por su parte, la eurodiputada y vicesecretaria general de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, ha ido más allá al señalar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como posible pieza clave en la adjudicación. Ha afirmado que cuando «uno analiza quién, cómo y por qué se ha suscrito este contrato, hay algo sospechoso».
Apunta que la primera vez que el Gobierno español contrató con la empresa fue en 2004, bajo el gobierno de Zapatero, y que, en otra ocasión, en 2021, Huawei fichó a la empresa de las hijas del expresidente, en la misma fecha en la que Víctor de Aldama trabajaba para la empresa como asesor externo.
Además, ha añadido que el actual jefe de seguridad de la entidad fue también jefe de seguridad de La Moncloa durante el Gobierno socialista de Zapatero.
Por último, considera relevante que la empresa actualmente responsable de los asuntos públicos de Huawei en Europa sea la consultora del exministro socialista José Blanco, Acento, constituida junto con el antiguo jefe de gabinete adjunto de Pedro Sánchez y actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.
Avisos externos
Estados Unidos ya advirtió del riesgo de contar con la empresa china como proveedor en materias sensibles, debido al peligro de espionaje y al posible acceso a esta información por parte del Gobierno chino. La ley de inteligencia nacional de dicho país obliga a particulares y empresas a colaborar con los servicios de inteligencia cuando así se les requiera.
Los presidentes de la Comisión de Seguridad del Congreso y el Senado norteamericanos remitieron una carta a la directora de Seguridad Nacional, al secretario de Estado de Defensa, al fiscal general del Estado y a los directores de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), alertando de que la información confidencial de España podría ser usada finalmente por el Gobierno chino.
