QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado llevará al próximo pleno de la Cámara el planteamiento de un nuevo conflicto de atribuciones, el octavo en esta legislatura. De esta forma el Pleno aprobará en el próximo miércoles, 19 de noviembre, el planteamiento del conflicto entre la Cámara Alta y el Congreso para requerir formalmente a la Cámara Baja que las proposiciones del ley del Senado prosigan su tramitación, tal y como ha anunciado esta mañana en rueda de prensa la portavoz de los populares en la institución, la senadora por Ávila Alicia García.
La propuesta registrada por el PP y a la que ha tenido acceso Demócrata denuncia los acuerdos adoptados por la Mesa del Congreso (con mayoría del PSOE y Sumar) de este martes, 11 de noviembre, por los que se procedía a extender el plazo para registrar enmiendas de todas las proposiciones de ley remitidas por el Senado, todas ellas del propio Partido Popular, a excepción de una (de Junts). De esta forma, los populares requieren formalmente al Congreso «que la Mesa acuerde la inmediata conclusión de dichos plazos de enmiendas».
36 leyes bloqueadas en la fase de enmiendas
El Grupo Popular exige con el conflicto de atribuciones que se desbloqueen las iniciativas legislativas que se han tomado en consideración en la Cámara Alta desde el inicio de la legislatura, de las cuales ninguna de ellas ha avanzado en su tramitación. Se trata de 36 proposiciones, algunas de las cuales acumulan ya casi dos años de sucesivas prórrogas del periodo para registrar enmiendas, el mecanismo por el que los socialistas y los de Yolanda Díaz las tienen bloqueadas.
En su escrito, el PP alega que «una tramitación real es solo aquella en la que el procedimiento legislativo, a través de sus diversas fases, pueda llegar a su culmen con un
rechazo o con una aprobación del texto» y que en consecuencia, «no puede entenderse como tramitación el que la iniciativa simplemente figure en el listado de asuntos pendientes desde su entrada en el Congreso hasta el fin de Legislatura a la espera de que caduque».
Paso previo al Constitucional
Con esta propuesta de conflicto de atribuciones el PP da el paso previo necesario para acabar elevando la disputa el Tribunal Constitucional. Con el conflicto de atribuciones, el órgano que inicia el proceso requiere de forma oficial a otra institución que retire o anule el acto o decisión que considera que lesiona sus competencias. Si pasado un mes el órgano al que se dirige el requerimiento no responde o se ratifica en su decisión, el conflicto institucional puede elevarse al TC para que sea este el que lo resuelva.
Desde el arranque de la legislatura, el Pleno de la Cámara Alta ya ha a aprobado en siete ocasiones este procedimiento, al que pueden recurrir ciertos órganos constitucionales (Gobierno, Congreso, Senado o el CGPJ) cuando consideran que otro de ellos está invadiendo sus competencias constitucionales o atribuciones legales:
- Contra el Congreso, por la Ley de Amnistía (finalmente fue suspendido y no se llevó al TC).
- Contra el Gobierno, para requerirle que elabore y remite los Presupuestos Generales de 2026.
- Contra el Congreso, por la Ley para reformar la ley de intercambio de antecedentes penales.
- Contra el Gobierno, por la supresión de una enmienda aprobada por el Senado en la Ley de modificación de las leyes sobre seguridad y navegación aérea.
- Contra el Congreso, por la supresión de una enmienda aprobada por el Senado en la Ley de modificación de las leyes sobre seguridad y navegación aérea.
- Contra el Gobierno, por la supresión de tres enmiendas aprobadas por el Senado en la Ley contra el desperdicio alimentario.
- Contra el Congreso, por la supresión de tres enmiendas aprobadas por el Senado en la Ley contra el desperdicio alimentario.
La secretaria general de Presidencia, a la Comisión del ‘caso Koldo’
En su comparecencia ante los medios, Alicia García también ha anunciado que van a modificar una vez más el plan de trabajo de la Comisión de Investigación sobre el conocido como ‘caso Koldo’ y sus derivadas para que se cite a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, recientemente imputada por malversación de caudales públicos en el marco de la investigación que el juez Fernando Peinado desarrolla sobre las actividades de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
La portavoz del PP ha aprovechado también para trasladar la fecha de la comparecencia ante dicha comisión de investigación de Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Aguirre está citado para el lunes 24 de noviembre, en calidad de expresidente de Bancal de Rosas, la asociación mediante la que se organizó y financió el movimiento y la campaña de Pedro Sánchez para las primarias a la secretaría general del PSOE de 2017.
