20 de marzo de 2025. Pleno del Congreso. La bancada del Grupo Popular protesta contra Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso, que preside la sesión en ausencia de Francina Armengol. Pasan los segundos, el ambiente se caldea y algunos de los diputados comienzan a golpear con las manos sus escaños. Al final, casi todos los parlamentarios del PP se ponen en pie al tiempo que suben los decibelios.
Los populares pedían una votación en el Pleno, en cumplimiento del artículo 68.1 del Reglamento de la Cámara, para alterar el orden del día de la sesión, algo que también demandaban ERC y Junts. Frente a ellos, los socialistas, que se habían opuesto al cambio tanto en la Junta de Portavoces, previa al pleno, como en la propia sesión, a través de su portavoz Patxi López, que tachó la petición de «preocupante cambio en las reglas del juego». Gómez de Celis prosiguió con la sesión sin acceder a que el Pleno se pronunciara sobre el tema. Se hizo así para evitar un precedente por el que una mayoría podría eliminar un punto del orden del día, según justifican desde fuentes del PSOE en la Mesa.
La escena ha sido el culmen de una semana de tensión en las Cortes, la desencadenada tras la última reunión de la Mesa del Congreso, en la que la mayoría de PSOE y Sumar acordaban eliminar dos modificaciones introducidas por el Senado en el Proyecto de Ley de prevención de desperdicio alimentario. La decisión, sin precedentes en democracia, se habría tomado en contra de la propuesta técnica del Letrado Mayor de la Cámara, que habría advertido de forma oral de que era contraria a la doctrina del Constitucional, según manifiestan fuentes del Grupo Popular en el Congreso. Una escalada en la confrontación que los dos principales partidos protagonizan desde el inicio de la legislatura a través de las dos Cámaras que forman las Cortes Generales.

En esta ocasión, la forma de proceder por unas enmiendas tramitadas en el Senado en contra del criterio del Gobierno ha llevado el enfrentamiento hasta el límite de que en el PP no descartan ningún escenario, incluso el de querellarse contra algunos miembros de la Mesa, como aseguran fuentes del Grupo en el Senado. ¿Cómo se ha llegado a este nuevo choque institucional, con acusaciones de prevaricación por parte de los populares contra el órgano rector de la Cámara Baja, que a juicio de la oposición habría obviado el procedimiento reglamentario y la doctrina del Tribunal Constitucional?
Demócrata reconstruye todo el proceso y pone en contexto los argumentos jurídicos que las partes implicadas —el Gobierno y las Mesas del Congreso y el Senado— esgrimen en defensa de su actuación.
PP y Junts moldean la ley en el Congreso
A comienzos de 2024, el Gobierno enviaba al Congreso su Anteproyecto de Ley sobre prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Pasó cuatro meses en periodo de enmiendas y en vísperas de Navidades, el 19 de diciembre, el Pleno daba su apoyo a la ley. El texto remitido al Senado desde la Cámara Baja incluía varias modificaciones sustanciales respecto al anteproyecto aprobado por el Gobierno.
