QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En la inauguración del Año Judicial en Bilbao, Imanol Pradales, ha solicitado “un sistema de garantías imparcial y un marco de bilateralidad” para la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, junto con un Poder Judicial que “responda a la estructura descentralizada del Estado”. Pradales también ha hecho un llamado para que los tribunales “respeten el euskera y los consensos alcanzados” en torno a este idioma, y ha abogado por promover la euskaldunización en la Administración de Justicia.
En el evento, que contó con la participación del ministro Félix Bolaños, representantes judiciales y de otras entidades, Pradales destacó la necesidad de “construir una Justicia eficaz, ágil, digital, humana, universal y euskaldun”. Durante su intervención, subrayó que la Justicia es fundamental para la democracia y debe adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas y demográficas para protegerla ante las actuales amenazas.
Pradales resaltó la importancia de contar con recursos humanos adecuados, señalando que Euskadi tiene un déficit de jueces comparado con la media europea, y reiteró la necesidad de aumentar el número de plazas judiciales para enfrentar la saturación de los juzgados. Además, mencionó la preparación de una nueva ley para reorganizar los juzgados, priorizando áreas como la violencia de género y los procesos familiares.
El Lehendakari citó a Séneca para ilustrar la importancia de una Justicia pronta y no tardía, y destacó el avance en la coordinación para realizar juicios rápidos. También anunció el desarrollo del Expediente Judicial Electrónico y la implementación de inteligencia artificial para optimizar las tareas judiciales.
En términos de accesibilidad y protección, Pradales enfatizó la necesidad de una Justicia cercana y adaptada a las necesidades del autogobierno vasco, y defendió la inclusión de la dimensión emocional en la Justicia para mejorar el trato a las personas en situaciones difíciles.
Finalmente, reafirmó la importancia de respetar el euskera y avanzar en su incorporación dentro de la Justicia, conforme a la Ley del Vascuence de 1982, y concluyó apelando a la colaboración para construir una Justicia más efectiva y adaptada a la realidad vasca.
