QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes el Pleno del Congreso de los Diputados ha tomado en consideración la Proposición de Ley para prohibir a las plataformas anunciar alojamientos turísticos ilegales impulsada por EH Bildu con el respaldo de todo el bloque de investidura (PSOE, Sumar, Junts, ERC, Podemos, PNV, BNG, CC, José Luis Ábalos y Águeda Micó, adscritos estos últimos al Mixto), imponiéndose al rechazo de PP, Vox y UPN.
La norma pretende descargar sobre las empresas y plataformas la responsabilidad legal de evitar la proliferación de alojamientos que no cuenten con un número de registro o licencia.
Cuenta con un severo régimen sancionador, con multas que pueden ascender hasta el millón de euros si se permite la contratación de una vivienda de uso turístico que carezca de licencia o número de registro, o de permiso de habitabilidad y salubridad. También si se permite la contratación del alojamiento sin vincularlo a los datos personales del anfitrión.
De prosperar, se sancionarían las infracciones leves con entre 10.000 y 50.000 euros; las graves con entre 50.0001 y 500.000 euros; y las muy graves entre más de medio millón y el millón de euros.
Esta nueva normativa legal se sustentaría en herramientas y mecanismos recogidos en el ordenamiento jurídico estatal y europeo como el Registro y Ventanilla Única digital de Arrendamientos, el Reglamento UE sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, o los marcos normativos sobre publicidad.
EH Bildu garantiza que se seguiría permitiendo a las comunidades autónomas y ayuntamientos aplicar sus propias normativas y condiciones sobre los pisos turísticos y sus arrendadores.
La portavoz parlamentaria de la izquierda abertzale, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que “hasta ahora las instituciones se han limitado a pedir y rogar a las plataformas que retiren los pisos turísticos ilegales”, pero “con nuestra ley dejará de depender de su voluntad la retirada de anuncios ilegales: estarán obligadas a impedir su publicación desde el inicio”.
Por su parte, el diputado Oskar Matute ha sostenido que “hay que poner coto a la publicidad de los pisos turísticos ilegales que gentrifican y expulsan a los vecinos de sus barrios. Cada vivienda turística ilegal sin licencia que se alquila es un dinero que sigue alimentando la noria de la economía sumergida”.
Esta toma en consideración es mucho más que eso, puesto que es una de las iniciativas que EH Bildu vincula con las negociaciones de los Presupuestos.
Ahora, la ley entrará en el cauce parlamentario y se abrirá el plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas al texto, algo que puede dilatarse durante varias semanas.
