QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Congreso dio la espalda este jueves a uno de los compromisos del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar: llevar a las mesas de negociación entre trabajadores y empresas información económica al detalle.
La propuesta, que llegó al Pleno del Congreso como proposición no de ley impulsada por Sumar, fue rechazada por PP y Vox. Los grupos del Gobierno no lograron formar una mayoría suficiente. Pese al apoyo de ERC, EH-Bildu y Podemos, dos socios de investidura se abstuvieron: Junts y PNV.
El texto rechazado emplezaba a Hacienda, Inclusión y Trabajo a suscribir un convenio de colaboración con el fin de cruzar los datos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y publicar la información contenida en el Observatorio de Márgenes Empresariales, agrupada por convenio y por tamaño de empresa.
Junts avaló la medida en una enmienda transaccional ofrecida a Sumar, pero condicionándola a ofrecer mes a mes el número real de trabajadores acogidos a un convenio y a reformar el Estatuto de los Trabajadores para facilitar la participación en el diálogo social de patronales de pymes y microempresas.
Sumar ofreció una enmienda transaccional para llegar a un acuerdo, que no fue aceptado por la formación independentista.
Por su parte, el PNV justificó su abstención en que la medida no afectaría al diálogo social en País Vasco y Navarra, pero lamentó que la iniciativa no concretara qué datos querían facilitarse y que no llegara auspiciada por patronales y sindicatos.
No exige votación
La derrota del Gobierno evidencia una situación conocida desde el arranque de la legislatura: si PP y Vox están en contra, sólo es posible sacar propuestas con todo el bloque de investidura. Como mucho, uno de ellos en la abstención, pero no dos.
Esto obliga a realizar concesiones o llegar a la votación con los acuerdos cerrados. Los apoyos no se regalan y las posibilidades de alinear al bloque, especialmente en materia económica, son limitadas.
Impulsar la medida, en todo caso, no exige ninguna votación, pues los ministerios afectados pueden suscribir el citado convenio sin necesidad de pasar por las Cortes. Otra cosa es contar con la disposición del Ministerio de Hacienda para ejecutar el acuerdo, habida cuenta que el debate de la medida en el Pleno, tal como reflexionaba la veterana portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, daba a entender cierta resistencia del socio mayoritorio.
Un acuerdo de coalición
Poner a disposición de las mesas de negociación una información más detallada es uno de los objetivos principales del Ministerio de Trabajo y de Sumar desde el inicio de la legislatura.
De hecho, el propio acuerdo de coalición contempla entre sus compromisos en materia laboral la mejora de la información económica disponible por las mesas negociadoras de los diferentes sectores.
La medida se contempla como vía para que los salarios ganen poder adquisitivo, tomando como referencia la productividad y los resultados de las empresas, y empleando para ello la información del Observatorio de los Márgenes Empresariales, tal y como plantea la iniciativa parlamentaria.
Una negociación adaptada
La puesta a disposición de todos estos datos permitiría, argumenta Sumar, una negociación adaptada a la situación real de las empresas y, por tanto, más eficiente, ya que permitiría incluso en sectores con mucha dispersión fijar incrementos salariales para distintas bandas.
Además de aumentar la transparencia y la coordinación en la negociación colectiva, apostillan en este grupo, la medida permitiría la realización de análisis económicos más precisos y útiles sobre la evolución de los salarios, los beneficios de las sociedades, la productividad y cómo esta se reparte en las empresas.
‘Descuelgues’ y ‘recuelgues’
Esta información también facilitaría la evaluación dentro de las empresas del descuelgue de convenio, cuando ante determinadas circunstancias una sociedad decide desmarcarse de las obligaciones y condiciones establecidas en el acuerdo, y su posterior ‘recuelgue’.
Este ámbito también será susceptible de reforma durante esta legislatura, ya que el acuerdo entre PSOE y Sumar prevé la reforma de su regulación con el fin de reforzar las garantías de los trabajadores ante estas modificaciones, una revisión de sus causas y la garantía de su reversibilidad.
Así, se prevé que las empresas únicamente puedan recurrir a estos procedimientos en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa, tengan que ser negociados en cualquier caso y se garantice la reversibilidad de los cambios adoptados.
