Patricia Navarro, delegada del Gobierno andaluz en Málaga, ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que trate la crisis de la vivienda como ‘una emergencia social nacional’. Además, ha solicitado modificaciones en la legislación, los impuestos y la financiación, ‘como ha hecho la Junta, para favorecer el acceso a la vivienda’.
Navarro ha expresado que la Junta de Andalucía ha realizado múltiples esfuerzos en el ámbito de la vivienda ‘desde que estamos en el Gobierno’, trabajando dentro de sus competencias y posibilidades para facilitar vivienda y mejorar el acceso para los grupos más afectados.
En una entrevista con Europa Press, la delegada ha recordado la crisis de 2008, señalando que ‘el acceso a la vivienda quiebra con la crisis de 2008’: ‘Ahí se vuelven la normativa, la fiscalidad y la financiación en contra del acceso a la vivienda y a pesar de que se supera la crisis económica eso no vuelve a recuperarse los términos que estaban antes de la crisis’.
Navarro ha destacado las acciones de la Junta en tres áreas principales: reducción de impuestos, financiación y normativa. Ha mencionado la introducción del aval joven que, en colaboración con algunas entidades financieras, permite a los jóvenes financiar hasta el 95% del valor de la vivienda.
Además, ha valorado positivamente la gestión del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y ha criticado la ley de vivienda del Gobierno central, que según ella, ‘es un freno para el acceso a la vivienda’. También ha comentado sobre la carga fiscal: ‘qué vamos a esperar de un Gobierno que ha subido 97 veces los impuestos y las cotizaciones sociales’.
Finalmente, ha reiterado la urgencia de la situación: ‘Estamos en una situación de emergencia social; la falta de vivienda es una situación de emergencia social para muchas familias, para muchos jóvenes que quieren emprender su vivienda, para muchos matrimonios que han roto y que necesitan ahora, donde había una vivienda, dos, y a esa gente hay que darle respuesta’.
‘Esta emergencia social es una emergencia nacional, aunque algunos lo quieran circunscribir en comunidades autónomas como la nuestra o en provincias como Málaga’. Ha concluido que la política de vivienda debe ser vista no solo como una política social, sino también como una política económica.