QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
«No existen varitas mágicas». Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, se presentó en el Pleno del Congreso preparada para un asedio a izquierda y derecha por la crisis de acceso a la vivienda. Enmendó a la totalidad de las políticas de vivienda de las últimas décadas, sacó pecho de las medidas emprendidas por el Gobierno de Pedro Sánchez y se reafirmó en la hoja de ruta planteada por su departamento.
Lejos de endurecer la actual Ley de Vivienda con mayor intervención de precios y restricción a fondos y grandes propietarios, Rodríguez pidió tiempo para ver los efectos de la Ley de Vivienda aprobada en mayo de 2023 y poner el foco en su desarrollo. «Nos ha costado 45 años, sería bueno que nos pongamos a desarrollarla con contundencia lo antes posible», apostó.
Precisamente, apostó por recuperar la medida que el Tribunal Constitucional invalidó de la ley, la protección permanente de vivienda protegida, por invadir competencias autonómicas. Pidió, por ello, un gran acuerdo con las comunidades autónomas –la mayoría de ellas gobernadas por el PP– para «blindar a perpetuidad la protección del parque público» y el suelo público «para siempre».
Pide tiempo. Rodríguez reconoció que las medidas que el Gobierno está poniendo en marcha «no van a dar frutos de manera inmediata» pero mostró su confianza de que, a final de legislatura, permitirán «haber sentado las bases para dar respuesta estructural a este problema».
Enmienda al pasado. La ministra pidió estudiar «lo que no funcionó» para «evitar errores. «Más oferta no hizo que bajaran los precios», dijo, recordando que durante los años de la burbuja inmobiliaria se llegaron a construir 570.000 viviendas al año mientras los precios se multiplicaban por dos en términos reales, en un proceso que acabó con el rescate del sector financiero.
Más parque público
También sacó pecho de los esfuerzos realizados hasta ahora, con la movilización de 6.000 millones de euros desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en préstamos y avales para la promoción de más de 40.000 viviendas en alquiler social.
«Quienes trabajan en estos proyectos nos dicen que seguramente llegaremos a 50.000 viviendas«, aseguró Rodríguez, sosteniendo que en tres meses este banco público ha recibido las mismas solicitudes para construir vivienda que en los 35 años anteriores.
Regulación ya conocida
La ministra pidió apoyos a la reforma de la Ley del Suelo –tramitada conjuntamente por PSOE y PNV tras retirar el Gobierno su proyecto, y que ahora sólo es del PNV–, avanzó una nueva trasposición en materia de rehabilitación de vivienda y confió en las posibilidades del registro de alquileres de corta duración, un decreto que se espera para finales de año pero que no será obligatorio hasta mediados de 2025, como mínimo. Vivienda confía en este instrumento para combatir las situaciones de fraude en el alquiler de temporada y los pisos turísticos que no cumplan con la normativa autonómica y municipal.
Otros cambios normativos que se esperan son la eliminación de las llamadas ‘golden visa’ –permisos de residencia a cambio de inversiones millonarias– y la reforma de la Ley sobre Propiedad Horizontal para que la apertura de un piso turístico sea precedida por una votación de la comunidad de vecinos
En materia fiscal, Rodríguez no recogió ningún guante lanzado por sus socios hasta ahora, que le piden endurecer los impuestos que gravan a alquileres turísticos y a fondos de inversión. Recordó que la actual Ley de Vivienda recoge incentivos a los propietarios que ‘congelen’ o bajen las rentas en zonas tensionadas y emplazó a las comunidades a declararlas en sus municipios.
PP: Construir y no limitar precios
El discurso de la ministra fue, a juicio del diputado Sergio Sayas, «decepcionante», y acusó a Rodríguez de falta de propuestas, antes de recordar que, si en 2018 la vivienda era el decimosexto problema de los españoles, ahora es el tercero.
Para el PP, el problema es de oferta, y por ello emplazó al Ejecutivo a impulsar políticas que favorezcan la construcción de nuevas viviendas y no intervenir los precios.
Vox: Propiedad, no alquiler, y freno a fondos extranjeros
Tras criticar el bono joven de ayuda al alquiler –«una chapuza que sólo sirve para subir precios»–, el diputado Carlos Hernández Quero defendió un modelo que permita el acceso en propiedad y que sea «lo más distribuido posible», frente al «mito de la izquierda» del alquiler y el «mito de la derecha» de la globalización, en referencia a los pisos turísticos o la llegada de fondos extranjeros.
Sumar: No es problema de oferta, sino de propiedad
Para Alberto Ibáñez, de Compromís, el problema no es de oferta ni de suelo, sino de propiedad, pues las viviendas «están secuestradas para turismo y especulación». Señaló que desde 2008 la mitad de viviendas han sido compradas por empresas con más de ocho viviendas y el número de grandes tenedores con más de diez viviendas han crecido un 20%.
Pidió acabar con rebajas fiscales a los propietarios, prohibir la compra en zonas tensionadas que no estén dirigidas a vivienda habitual, contratos de alquiler indefinidos y utilizar el derecho de tanteo y retracto para aumentar el parque público de vivienda.
ERC: Más valentía y menos solidaridad de los caseros
Pilar Vallugera, de ERC, pidió a la ministra valentía y plantar cara a los fondos de inversión, afeó sus declaraciones pidiendo solidaridad a los caseros y le exigió asumir medidas de la ley catalana de vivienda anuladas por el TC por problemas de competencia, como la exigencia de ofrecer alquiler social antes de poder iniciar un proceso de desahucio en caso de que la propiedad sea una empresa.
Junts: Más parque público y privado y facilidades urbanísticas
La diputada Marta Madrenas pidió un presupuesto «potente» para ampliar el parque público de vivienda, pero también facilidades para ampliar el parque privado, y todo ello a partir de la «reducción y simplificación de los procesos» con «la complicidad» de las empresas.
También afeó «volantazos» del PSOE en la política de vivienda, citando la votación de la ley de alquileres de temporada que Junts rechazó, insinuando que a los socialistas no les convencía la iniciativa de los sindicatos de inquilinas.
Bildu: Declaración de emergencia, expropiación y precios topados
Urgió el diputado Oskar Matute a declarar la emergencia habitacional para tratar de involucrar a todos los niveles de la Administración y llamó a desarrollar todos los instrumentos de las leyes estatales y autonómicas, ya que en el País Vasco es posible la expropiación de viviendas de fondos buitre y bancos que estén en desuso, aseguró.
Otras propuestas fueron endurecer la fiscalidad a la vivienda vacía –con un canon del 150% en el IBI, por ejemplo–, limitar pisos turísticos en las regulaciones turísticas, ceder suelo para la construcción de vivienda pública y topar los precios de los alquileres, a un precio concreto por metro cuadrado.
PNV: La Ley de Vivienda asusta y reduce la oferta
La formación ‘jeltzale’ centró su intervención en la Ley de vivienda, asegurando su diputada Maribel Vaquero que «ha conseguido un efecto contrario al perseguido» al reducir un 23% la oferta del alquiler.
Vaquero explicó la caída en el miedo de los propietarios a no poder cobrar la renta, padecer daños en ella o la inseguridad de cuándo podrían volver a recuperarla, por lo que pidió «dotar de mayor seguridad» a los propietarios y «compatibilizar el derecho de la propiedad con la función social de la vivienda».
Podemos: Rebajar precios por ley, prohibir
Exige rebajar las rentas del alquiler en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), al igual que se congelaron las rentas durante la pandemia. La propuesta es establecer que las rentas de los nuevos contratos que se formalicen no puedan superar un 60% del índice de precios de referencia, lo que permitiría rebajar un 40% los precios.
En su intervención, Ione Belarra acusó a la ministra de defender a los rentistas porque tanto ella, como otros miembros del Gobierno, son rentistas, y se preguntó si pensaba acabar como presidenta de la patronal inmobiliaria Asval, al igual que otros antiguos altos cargos del PSOE.
BNG: Cesión gratuita de vivienda Sareb y regulación de alquiler turístico
Néstor Rego pidió la cesión inmediata y gratuita de las viviendas de la Sareb, una reformulación de su Proyecto Viena de alquiler asequible con mayor criterio social, una regulación efectiva de las viviendas turísticas y de temporada y la intervención de las rentas.
Coalición Canaria: Prohibir compra a ciudadanos extranjeros
La diputada Cristina Valido se centró en exigir restricciones a la compra de extranjeros en los archipiélagos canario y balear y facilidades para la construcción para aumentar la oferta.
UPN: La Ley de Vivienda no ha funcionado
Alberto Catalán cargó contra la Ley de Vivienda por no cumplir sus expectativas, pues a su juicio se ha demostrado que no es un instrumento adecuado. Pidió buscar la complicidad de las administraciones locales y el sector privado, y dar más seguridad al pequeño propietario.
