QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deslizado una posible vía para desencallar el rechazo de Junts al actual redactado de la Proposición de ley de Amnistía: modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), en concreto, lo relativo a su artículo 324.
El ‘no’ de la formación liderada por Carles Puigdemont en la votación de conjunto del pasado martes devolvió la iniciativa a la Comisión de Justicia, que contará con 15 días naturales (prorrogables a otros 15) a partir de este martes 6 de febrero para elaborar un nuevo dictamen. El PSOE no contempla cambios más allá de posibles retoques puramente técnicos. El corazón de la Amnistía no es negociable, y tampoco la definición de terrorismo, por lo que Sánchez explora otras alternativas para convencer a Junts.
El PSOE no contempla cambios en la PL de Amnistía más allá de posibles retoques puramente técnicos.
En una entrevista en la Sexta, ha valorado cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poner límites máximos a la instrucción de delitos. De esta manera, pretende atajar las principales preocupaciones de Junts, que pasan por el caso de Tsunami Democràtic, en el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón pretende implicar a Puigdemont por posibles delitos de terrorismo. La causa lleva cuatro años y medio de instrucción y el magistrado ha solicitado un prórroga de seis meses más.
El presidente del Gobierno ha argumentado que en las últimas semanas se han visto “instrucciones que se prolongan”; de manera que “hay elementos que podemos incorporar” para “mejorar y subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas”. Asimismo, ha indicado que esta posible reforma encaja a la perfección en la ley de eficiencia de la Justicia, cuyas líneas maestras recibieron el visto bueno del Congreso en el marco del Real Decreto-ley ómnibus, que se tramitará como Proyecto de ley.
El artículo 324
La actual redacción del artículo 324 fue elaborada, precisamente, bajo el mandato del presidente Sánchez. Data del 2020 y, si bien establece un plazo máximo de 12 meses desde la incoación de la causa, la investigación judicial puede acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses si constatan que no se es posible finalizarla con anterioridad.
La modificación que, a priori, pretende el PSOE, devolvería la redacción del artículo 324 a un formato similar al de 2015, esbozado entonces bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Los socialistas se manifestaron en contra de acotar los plazos del periodo de instrucción en numerosas ocasiones y favor de derogar la reforma del PP. Incluso, incluyeron la supresión del artículo 324 en su programa electoral de las elecciones generales del 2019.
Así rezaba el programa electoral socialista de 2019: Eliminar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introducido por el gobierno del PP en 2015, para evitar que el establecimiento de plazos de caducidad de los procedimientos se convierta en una ventana para la impunidad de aquellos que están encausados por delitos graves como el narcotráfico, el terrorismo o la corrupción.
La reforma del PP establecía plazos máximos de seis meses para investigar procesos penales. Existía la posibilidad de ampliarla hasta 18 meses en casos de investigaciones “complejas”. Además, el instructor de la causa podría dilatarlo nuevamente por un plazo igual o inferior, a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes.
