Sanidad repartirá 68 millones a las autonomías para la ampliación de la atención bucodental en 2025

El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado la propuesta del Ministerio de Sanidad de distribuir 68,05 millones de euros entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). El objetivo es ampliar la cartera común de servicios de salud bucodental en 2025, en línea con la estrategia que arrancó en diciembre de 2021 y que ya ha supuesto una inversión acumulada de más de 180 millones de euros.

El plan mantiene su carácter preventivo y continúa priorizando a los grupos más vulnerables: población de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad igual o superior al 33% y pacientes con cáncer en la zona cervicofacial.

Como novedad, en 2025 se incorpora por primera vez la atención bucodental a los mayores de 65 años, un colectivo hasta ahora con escasa cobertura pública y con alta prevalencia de patologías periodontales vinculadas a enfermedades crónicas. Para ellos se reservará el 10% del presupuesto, mientras que el 90% restante consolidará la atención a los grupos ya beneficiarios.

Criterios de reparto y ejecución

Los fondos se repartirán en función de datos demográficos del INE, incidencia clínica y prevalencia de discapacidad. Las autonomías podrán destinarlos a la contratación de personal, equipamiento, mejora de infraestructuras y otros recursos.

El calendario de ejecución fija que las primeras actuaciones deberán completarse antes del 31 de diciembre de 2025 y que el conjunto de las medidas deberá implementarse en un máximo de tres años desde la transferencia de fondos. Para garantizar el control, las comunidades deberán presentar planes de ejecución, cronogramas y memorias de resultados.

Compromiso con la equidad y la salud pública

Con esta medida, el Ejecutivo refuerza su compromiso con la equidad en el acceso a la atención bucodental, en línea con la Estrategia Global de la OMS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La inclusión de los mayores de 65 años se considera un paso clave hacia la justicia sanitaria y el fomento del envejecimiento activo.

Reparto por Comunidades Autónomas