QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Blindar las competencias exclusivas del Estado para regular el régimen jurídico de los funcionarios locales con habilitación nacional, así como la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de dichos trabajadores públicos. Con ese objetivo, el Partido Popular ha llevado al Senado una proposición de ley que reforma la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
El texto que ahora se remitirá al Congreso, —donde probablemente quede bloqueado con sucesivas ampliaciones del plazo para registrar enmiendas—, afecta a secretarios, secretarios-interventores, interventores y tesoreros de las corporaciones locales, empleados públicos estatales que desempeñan su labor en los ayuntamientos y diputaciones provinciales. Estos funcionarios tienen reservadas las funciones de fe pública, asesoramiento legal, control y fiscalización de la gestión financiera y presupuestaria o de contabilidad, tesorería y recaudación en los entes locales.
VOTACIÓN TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA REFORMA LEY BASES DEL RÉGIMEN LOCAL
🟢Sí: 144 votos (PP y UPN).
🔴No: 113 (PSOE, Bildu, PNV, ERC, Junts, Geroa Bai, Más Madrid, BNG, Compromís, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera e independiente de Ibiza).
🟡Abstención: 3 (Vox).
⚪No vota: Laura Castel (ERC).
⚫ Ausentes: Mª José García-Pelayo (PP), Josu Estarrona y Gorka Elejabarrieta (EH Bildu) y Pedro Sanginés (CC).
La propuesta ha sido tomada en consideración por la mayoría absoluta del PP en la Cámara y el apoyo de la legisladora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero González, y el rechazo del resto de partidos, a excepción de Vox que se ha abstenido y no ha intervenido en un debate en el que los reproches y acusaciones entre los representantes de los dos grandes partidos se han entrecruzado con alguno argumentos en defensa de sus posturas.
Frente al principio de habilitación nacional única defendido por el PP, «esencial para garantizar la igualdad en en el acceso a la función pública y la homogeneidad en el ejercicio de las competencias estatales», el PSOE y las formaciones nacionalistas han esgrimido la necesidad de descentralizar y hacer partícipes a las CCAA para una mejor provisión de las plazas, en especial aquellas vacantes desde hace años.
Contra el traspaso a País Vasco y Cataluña.
La iniciativa del PP rebaja el papel de las CCAA en la provisión de estas plazas de funcionarios, cuyas competencias el Gobierno ya ha cedido a País Vasco y comprometido con Cataluña, por reclamación de PNV, Junts y ERC durante diferentes negociaciones políticas.
La proposición de ley de los populares traslada a las Cortes una batalla que la formación de Alberto Núñez Feijóo viene dando desde hace años en los tribunales y por la que hasta ahora han conseguido que se anulen por inconstitucionales las dos primeras intentonas del Ejecutivo de Pedro Sánchez de transferencia al País Vasco. No obstante, el Gobierno, mediante una disposición adicional en la Ley de eficiencia del servicio público de Justicia, en vigor desde abril, ha hecho un tercer intento, un precepto que el PP también tiene recurrido ante el Tribunal Constitucional y que a su vez propone derogar en su reforma de la Ley de Bases del Régimen Local.
Papel central del Estado y plazas fijas en caso de cese
En la elaboración de la proposición del PP han participado la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (APSITAL), la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) y el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL), organizaciones que han estado presentes en la Cámara y han seguido el debate de hoy en el Pleno, desde la tribuna de invitados.
Además de la derogación de lo ya cedido a la comunidad autónoma vasca, la PL del Grupo Popular en el Senado reescribe el artículo 92 bis de la Ley Reguladora de Bases para reforzar la intervención del Estado en los concursos de provisión de plazas y en los procesos de libre designación. En concreto:
- Fija como competencia exclusiva del Estado la regulación de su régimen jurídico; la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
- Un único concurso anual. Se mantiene el concurso unitario, el que convoca la Administración del Estado. Desaparece el concurso ordinario, el que convocaban los ayuntamientos con puestos vacantes, que a su vez se encargaban de aprobar las bases del concurso.
- Para el cese de secretarios o habilitados nacionales que desempeñen funciones de secretaría, se introduce la exigencia de un informe «preceptivo previo» de la Dirección general de Función Pública de la Administración General del Estado.
- En caso de cese de un funcionario con un puesto de libre designación, se añade la obligación para la corporación local de asignar al funcionario cesado un puesto de trabajo de su mismo grupo de titulación «con carácter definitivo».
Participación de las CCAA y lenguas cooficiales como mérito
Las consecuencias para las CCAA, respecto a la situación actual, en el supuesto de que la proposición de ley saliera adelante en los términos planteados por el Senado son:
- Podrán participar en los tribunales de selección, pero los criterios de los concursos siempre vendrán fijados por la Administración central.
- En las que tengan lengua cooficial, esta «se considerará mérito para el acceso«. No obstante, la Administración del Estado podrá determinar las exigencias de su conocimiento para una fase o lapso temporal posterior al ingreso del funcionario en la Escala.
- Se descentraliza la ejecución de las pruebas del concurso único, de forma que se «podrán habilitar sedes territoriales para la realización de las pruebas para el acceso al Cuerpo Superior» de funcionarios locales con habilitación nacional.
Tramitada contra el criterio del Gobierno
Como ha sucedido en otras ocasiones a lo largo de esta legislatura, la iniciativa de los populares ha sido admitida a trámite contra el criterio del Gobierno, que considera que la descentralización de sedes para celebrar el examen anual tiene repercusiones sobre los Presupuestos Generales del Estado y, en consecuencia, ha querido hacer uso de la potestad constitucional que le permite prestar o no conformidad para su tramitación.
En concreto, el Ejecutivo entiende que la habilitación de sedes territoriales implica la participación del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), organismo adscrito al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y encargado de desarrollar las políticas de selección y de formación de empleados públicos. Así, en su comunicación al Senado, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes estima que los gastos derivados de estos procesos selectivos, tanto en su fase de oposición como de curso selectivo, supondrían 9,4 millones de euros para el supuesto de 1.000 plazas y el 16 sedes territoriales.
Junts pide que se cumpla lo acordado
«Una disposición adicional específica para Cataluña en la Ley de Bases de Régimen Local que atribuye a la Generalitat las facultades de creación, clasificación y supresión de puestos, la aprobación de la oferta pública de empleo, procesos de selección, nombramiento, procesos de provisión y la gestión administrativa integral de estos funcionarios». Así anunciaban a finales de mayo desde Junts el pacto con el PSOE de una enmienda transaccional en el proyecto de Ley de Función Pública para que la comunidad asuma la gestión integral de los funcionarios locales con habilitación nacional: interventores, secretarios y tesoreros municipales.
Con ese acuerdo pretendían dar cumplimiento a uno de los compromisos del Gobierno con la formación independentista como contrapartida a su abstención para lograr convalidar dos decretos-ley a comienzos de 2024. La Ley de Función Pública está parada en fase de ponencia desde hace más de medio año y los de Puigdemont han apostado por intentarlo con otro texto que tiene visos de tramitarse más rápido: el proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, la iniciativa del Gobierno para regular las relaciones de los lobbies con la Administración General del Estado, tal y como figura en una de las enmiendas presentadas por Junts.
Una vuelta al modelo de Zapatero
La redacción de la enmienda de la formación catalana reserva para el Gobierno de la Generalitat las facultades de selección, aprobación de la oferta pública de empleo, de convocar los procesos de selección, el nombramiento o la asignación del primer destino y las situaciones administrativas de secretarios, tesoreros e interventores en las entidades locales catalanas.
La redacción es muy similar a la incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que habilitaba al País Vasco a ejercer todas esas facultades, una disposición que fue anulada después de que el Tribunal Constitucional declarar su inconstitucionalidad, en abril del año pasado en resolución de un recurso presentado por diputados del Partido Popular. En el caso de la enmienda de Junts, añade la fórmula «y de forma coordinada con el Estado» en lo que a la convocatoria de los procesos de selección se refiere.
Los de Carles Puigdemont reivindican que Cataluña ya «gestionó con éxito estas competencias» en el periodo 2009-2013, en referencia a los años en los que estuvo vigente la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobada durante el mandato de Jordi Sevilla como ministro de Administraciones Públicas. En ella se otorgaba a cada comunidad la «creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal corresponde a cada Comunidad Autónoma», así como la convocatoria de la oferta de empleo y la selección de dichos funcionarios.
Fue el Gobierno de Mariano Rajoy, ya con Cristóbal Montoro con las competencias en Función Pública, quien cambiaría de nuevo el régimen de los funcionarios locales con habilitación nacional «con el objeto de reforzar su independencia con respecto a las entidades locales en las que prestan sus servicios».
