QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En 1980, la Fiesta Nacional ya se celebraba el 12 de octubre conmemorando el descubrimiento de América. La Constitución cumplía dos años desde su aprobación por referéndum. Gobernaba la UCD y la oposición del PSOE se repartía en tres Grupos Parlamentarios: Socialista del Congreso, Socialista Vasco y Socialistes de Catalunya.
Ellos tres eran precisamente los firmantes de una proposición de ley (PL) para la «declaración de fiesta nacional, a todos los efectos, del día 6 de diciembre».
Cambio en las formas
La medida registrada a finales de 1980, pero debatida en junio de 1981 la defendió en nombre del Grupo Socialista Gregorio Peces-Barba. El que fuera padre de la Constitución alegó la necesidad de una fiesta «en la cual podamos conjuntamente los ciudadanos españoles solidarizarnos con el texto constitucional que hace posible la convivencia democrática».
La proposición de ley no recibió votos en contra en su toma de consideración, pero no llegó a Pleno y acabó caducando con la disolución adelantada de la I Legislatura (1979-1981).
Con Felipe González en la Moncloa, el reconocimiento a la Constitución en forma de festividad llegó vía Real Decreto por el que se estableció el «Día de la Constitución». Sin embargo, no en los términos que habían reclamado en su etapa en la oposición: Fiesta Nacional.
La defensa de Tamames
La ley 18/1987, de 7 de octubre, estableció el Día de la Fiesta Nacional de España en el 12 de octubre. Y aunque la conmemoración del descubrimiento de América se venía celebrando con carácter especial desde finales del s.XIX, esta norma impulsada por el gobierno de González adecuó los términos al nuevo sistema democrático y eliminó el término «hispanidad».
En su debate, una enmienda a la totalidad del Grupo Izquierda Unida-Esquerra Catalana reabrió la posibilidad de que la Fiesta Nacional en vez de fijarse en el 12 de octubre se trasladase al 6 de diciembre.
Para Ramón Tamames (IU) encargado de subir a la tribuna, el problema no era que la Fiesta Nacional se celebrase en la conmemoración de la llegada «al nuevo mundo». El problema era el rango que se le quería conceder a esta festividad, situándolo por encima de todas las demás del calendario. Pues su grupo consideraba que ese estatus debía recaer en el día de la Constitución.
Entre otros motivos, el cambio perseguía darle a la Constitución el papel relevante, que los comunistas consideraban debía tener en la vida política española. «La Constitución está a punto de convertirse en un libro sagrado, y ustedes saben que los libros sagrados no se leen», afirmó el diputado, llegando a compararla con la Biblia y los Evangelios:
«Una fiesta silenciosa»
Parte de la estrategia de Tamames pasaba por recordar a los Grupos de la Cámara Baja que años atrás sí había sido posible una mayoría para aprobar la toma en consideración de la PL socialista anteriormente citada.
Ante esta alusión, el diputado del PSOE José Vicente Beviá Pastor recordó que la medida se registró cuando «había una cierta intuición de algunos movimientos extraños» y se debatió en mayo de 1981 apenas dos meses después del 23 de febrero.
«Aquella proposición de ley tenía unas razones y afortunadamente ahora casi es más el tiempo de la puesta en práctica, de la cotidianeidad, que el tiempo de las angustias y de las zozobras», remarcó Bevía Pastor.
«La discrepancia radica tan solo en cuál de ellas consideramos que ha de tener un subrayado específico, a cuál de ellas se ha de dotar de una solemnidad especial», subrayó el socialista.
En la última réplica, Tamames insistió: «Lo que yo me temo es que sea tan silenciosa la fiesta del 6 de diciembre que la gente llegue a no enterarse». La preocupación venía por el puente que suele formarse con el también festivo 8 de diciembre -Día de la Inmaculada- que lo convierte en uno de los más esperados por la ciudadanía. «Nos preocupa que se convierta en una fiesta tan silenciosa que nos lleguemos a olvidar de ella», sentenció el diputado.
La enmienda a la totalidad del Grupo Izquierda Unida-Esquerra Catalana no fue aceptada.
Baile de fechas
En abril de 2005, en la Comisión Constitucional, ERC presentó una proposición no de ley (PNL) instando al Gobierno a suprimir el día 12 de octubre como día festivo, sustituyéndolo por el 9 de mayo, Día de Europa, y establecer como el día de la fiesta del Estado español el 6 de diciembre, Día de la Constitución.
Los republicanos apelaron al supuesto malestar entre sectores progresistas del Estado que llevaban años reclamando el traslado de la fiesta del 12 de octubre, «dado el origen franquista de la festividad y de los recelos que despierta en algunos Estados de Latinoamérica esta conmemoración», para ensalzar la celebración del texto constitucional.
La PNL firmada por Joan Tardá y Joan Puigcercós acabó caducando con la disolución de la VIII Legislatura (2004-2008).
