QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe al magistrado Juan Carlos Peinado en el que detalla «gestiones» realizadas presuntamente por Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, con diversas entidades para obtener financiación destinada a la cátedra que la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
En dicho documento, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes examinan los correos electrónicos entregados al juez por el exvicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, en los que se comunica con la asesora de Gómez.
Apuntan además que, entre «las diferentes gestiones en las que intercedería Álvarez y que se observan en los correos, cabe destacar los contactos mantenidos con diferentes instituciones que colaborarían con la cátedra».
Entre esos mensajes, la UCO incluye uno que la asesora dirige a Doadrio en el que «aporta borrador de acuerdo con Mindway, en relación con programas de formación llevados a cabo por la citada sociedad en el marco de la cátedra», subrayando «hincapié en la intención de establecer cláusulas».
Álvarez transmitió a Doadrio que, «en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10 por ciento a la Cátedra de TSC», Transformación Social Competitiva. «Y por otro lado que no pueda utilizar los contenidos, la generación de vídeos, píldoras, ejercicios ni estructura del máster en caso de rescisión o resolución de contrato por cualquiera de las partes, incluida la UCM», de acuerdo con lo señalado en un correo fechado el 16 de febrero de 2022.
Asimismo, los investigadores «recapitulan otras gestiones, con vinculación a la relación de Gómez con la Cátedra», aunque ajenas a los vínculos con los patrocinadores, y que podrían ser consideradas, explican, como «cuestiones más puntuales».
Entre estas últimas se enumeran una consulta acerca del límite retributivo a personal externo a la administración pública, la preparación de un congreso, la presentación de un curso estival en ese contexto y la petición de un encuentro con la Asesoría Jurídica de la UCM.
El PP reacciona
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha valorado como «incorrecto» e «indecente» lo que desvela esta información. No obstante, ha precisado que se trata de un informe de la UCO, cuyo contenido no ha sido objeto de juicio «y hay que tomarlo como tal».
Sobre el fondo de la cuestión, Ezcurra ha afirmado que estas acciones «demuestran una tónica de comportamiento entre los miembros del Gobierno, que hacen un uso de los recursos públicos muy extensivo. Lo extienden desde el ámbito personal al político».
