QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Unidas Podemos no da por cerrado el debate sobre la ley de Vivienda. El dictamen del articulado recibió el visto bueno de la comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el pasado jueves, incorporando únicamente cuatro enmiendas transaccionales. Tanto los morados como los socios habituales del Gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, retiraron sus enmiendas. Sin embargo, los morados han cambiado de opinión durante el fin de semana y han trasladado al PSOE su voluntad de regular los pisos turísticos. Al haber retirado sus enmiendas, UP ya sólo puede buscar transaccionar con otro grupo parlamentario.
Los ponentes del Grupo Republicano y la izquierda abertzale, Pilar Vallugera y Oskar Matute respectivamente, explicaron en la rueda de prensa del pasado 14 de abril en la que oficializaron el acuerdo que la regulación de pisos turísticos tiene la suficiente enjundia como para requerir de una legislación propia y no había dado tiempo. De hecho, emplazaron a la próxima legislatura.
Pero todo cambió para el espacio confederal de Unidas Podemos durante el fin de semana. A primera hora de este lunes, han anunciado una enmienda que se votaría el próximo jueves en el pleno que abordará la ley de Vivienda. Aspiran a garantizar la bajada de los precios y evitar que los fondos buitre y grandes tenedores retiren inmuebles del marcado residencial para destinarlos al arrendamiento vacacional y burlar, así, los topes establecidos en la ley de Vivienda.
Límites e inspecciones
Los morados proponen incorporar a la norma un límite de plazas de alojamiento turístico que puedan ofrecerse en una zona tensionada. Fijan dicha cifra en el 2% del número de habitantes de la zona, de manera que, en un área tensionada con 10.000 habitantes únicamente podría existir un total de 200 plazas de alquiler turístico.
Qué es una zona tensionada Las administraciones competentes (comunidades autónomas y ayuntamientos) podrán declarar una zona tensionada cuando se cumpla al menos una de las condiciones fijadas por ley de Vivienda: que la carga media del coste de la hipoteca o alquiler más gastos y suministros básicos supere el 30% de renta media de los hogares, o que el precio de compra o alquiler haya aumentado al menos 3 puntos sobre el IPC en los últimos cinco años.
Asimismo, reclaman reforzar las inspecciones para garantizar, en primer lugar, que todas las viviendas de uso turístico atesoren la autorización previa necesaria y, en segundo lugar, para velar por la convivencia.
Presión al socio
Esta enmienda se ha agitado pocos días después de que verbalizaran en la comisión del pasado jueves que retiraban sus enmiendas. Fuentes moradas consultadas por Demócrata justifican el cambio de postura alegando que han constatado durante el fin de semana que los fondos buitre iban a esquivar la legislación apelando a los pisos turísticos. Además, razonan que el PSOE, su socio de Gobierno, ha introducido en su programa electoral de cara a las elecciones municipales abordar esta problemática. En consecuencia, urgen solucionarlo ya, dado que hasta el jueves hay tiempo.
Asimismo, recuerdan que el apartado 2.9.7 del Pacto de coalición, relativo al Alquiler turístico, establece el compromiso de regularlo. En concreto, esto es lo que pactaron:
2.9.6.- Alquiler turístico. El incremento de los precios de alquiler y la limitación de oferta para uso residencial es especialmente grave en algunas ciudades como consecuencia del uso turístico de los alojamientos. Para abordar esta cuestión se impulsarán reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio.
