QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Unidas Podemos ha registrado este lunes una Proposición de ley Orgánica para reformar la financiación de partidos, coaliciones y agrupaciones en el proceso electoral con el objetivo de prohibir que se recurra a créditos bancarios para costear las campañas.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Demócrata, además de prohibir de forma expresa que los partidos puedan financiar las campañas electorales mediante créditos bancarios, plantean eliminar las subvenciones electorales específicas para el mailing o envíos por correo postal de papeletas y propaganda electoral, tanto en las convocatorias de elecciones a las Cortes Generales como en los comicios al Parlamento Europeo; no así para las municipales por la ingente cantidad de candidaturas.
Para compensar el impacto económico de ambas iniciativas, Unidas Podemos propone elevar del 30% al 50% el límite del adelanto de las subvenciones que reciben los partidos para la campaña. Asimismo, la Administración sería la encargada de llevar a cabo la remisión de un único envío con las papeletas de todas las candidaturas presentadas y proclamadas.
Financiación de entidades bancarias y personas físicas
La formación morada propone modificar el artículo 128 para incorporar un punto dos que prohíba la financiación de campañas a entidades de crédito, bancos, cajas de ahorro o cooperativas, entre otros. Asimismo, se añadiría un punto tres que regularía las aportaciones de personas físicas y jurídicas, limitando las mismas a que no se haya pactado una contraprestación o interés a cambio. En consecuencia, no afectarían a los préstamos a título gratuito.
La propuesta de UP Punto 2: Queda igualmente prohibida la aportación a estas cuentas electorales de fondos procedentes de cualesquiera entidades de crédito, bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito o del Instituto de Crédito Oficial. Punto 3: Queda igualmente prohibida la aportación a estas cuentas electorales de fondos derivados de préstamos provenientes de personas físicas y jurídicas, siempre que estos sean a título oneroso, y se haya pactado una contraprestación o interés. Esta prohibición no afectará a los préstamos a título gratuito.
En consecuencia, se cambiaría también el artículo 130 para eliminar del listado de los gastos electorales los intereses de créditos para la campaña.
Para compensar, se modificaría el artículo 127 bis para que el tope del adelanto de las subvenciones concedidas por el Estado a partidos que hubieran obtenido representación en las últimas elecciones sea del 50% y no del 30%.
Los morados argumentan que existe una relación directa entre la dependencia de los partidos de las entidades financieras y sus resistencias a según qué regulaciones del sector, como la del mercado inmobiliario o los impuestos extraordinarios a la banca.
Reducir el coste público del mailing
Los morados proponen modificar el artículo 175 en su apartado 3 y el 227, también en su apartado tres, de manera que el Estado se encargue del envío directo a los electores de las papeletas de todas las candidaturas. Para ambos casos, esta es la redacción esbozada:
Además de las subvenciones a que se refieren los apartados anteriores, el Estado se encargará de hacer el envío directo a los electores de cada circunscripción electoral de un sobre con las papeletas de todas las candidaturas presentadas de los partidos, federaciones, coaliciones, o agrupaciones electorales que hayan concurrido a los comicios equivalentes inmediatamente anteriores en la circunscripción de que se trate habiendo obtenido representación. Este derecho de las candidaturas se entenderá extensible a partidos, federaciones o coaliciones o agrupaciones de electores que en comicios anteriores puedan haber concurrido juntos o separadamente, y que de una manera u otra, hayan obtenido representación.
El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha argumentado en una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados que el objetivo de esta iniciativa es reducir el altísimo coste público que supone el envío masico de papeletas y propaganda electoral por correo postal. Existe una subvención específica, independiente de la subvención general para gastos de campaña electoral, y no está afectada por los límites de gasto genérico, de manera que el coste para el erario público se ha disparado en la última década. En las elecciones generales de noviembre del 2019 se subvencionaron 150.013.844 envíos electorales por un importe total de 25.313.719, siendo este importe por primera vez superior al de la suma del resto de subvenciones para campaña electoral a todas las formaciones políticas, que ascendió a 23.621.353,08 euros.
Unidas Podemos esgrime en la exposición de motivos de la Proposición de ley que el Tribunal de Cuentas, en sus informes de fiscalización de contabilidades de las elecciones, ya ha sugerido que debería analizarse este gasto.
“Sería conveniente evaluar la eficiencia material y económica de los envíos directos y personales a los electores de sobres y papeletas o de propaganda electoral tal y como se realizan en la actualidad, teniendo en cuenta que la disponibilidad de estos está garantizada en las mesas electorales, así como la posibilidad de diseñar e implantar un nuevo procedimiento, más acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de información, que ofrezca mayores garantías en su ejecución y permita reducir los fondos públicos destinados a su financiación”, expuso el Tribunal de Cuentas .
