QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto con el que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades pretende garantizar la calidad del sistema universitario español y en el que llevan trabajando desde principios de año. La iniciativa modifica el Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades para endurecer los requisitos. Además, incide en otros ámbitos como son el equipamiento y las instalaciones, la experiencia en gestión universitaria de los promotores, la sostenibilidad económica o la presencia y potencia de los sistemas internos de garantía de la calidad.
Paralelamente, el sector afectado está a la espera de el texto del Real Decreto se publique hoy en el BOE para poder calibrar el alcance de la medida. En declaraciones a Demócrata, la Conferencia de Rectores de las Universidades Española (CRUE), ha confirmado que la cuestión se abordará en la próxima reunión de la Junta Rectora. Sin embargo, declinan hacer más valoraciones hasta que puedan analizar «con la profundidad y el detenimiento que requiere un texto legal de estas características».
En este sentido también se han pronunciado las fuentes consultadas por este medio en la Universidad Isabel I (Burgos) y en la Universidad Europea (Madrid). Ambos centros de enseñanza privada, que son los que mayoritariamente se verán afectados por la norma, están a la espera de leer en detalle la propuesta del Gobierno. Aunque en la Universidad Europea aguardan a la «letra pequeña» para poder tener una postura firme al respecto, señalan a Demócrata que no esperan tener ningún problema para cumplir con la nueva normativa. Deslizan que con la información que manejaban hasta ahora, los informes respecto a la situación en la que quedarían con el Real Decreto es positiva.
Por su parte, la Universidad CEU San Pablo (Madrid), ha manifestado que no iba a entrar a hacer declaraciones sobre la última norma del ministerio que dirige Diana Morant. La Universidad San Jorge (Zaragoza) también ha declinado pronunciarse sobre el nuevo Real Decreto y la Universidad Pontificia de Comillas, ha asegurado a este medio que todavía no tienen una postura oficial y remiten a las declaraciones de la CREU.
Los cambios que vienen
El texto impone una serie de condiciones a los centros universitarios que han agitado al sector y generado cierta polémica, como contar con un suelo mínimo de 4.500 matriculados en un plazo máximo de seis años. Inicialmente, el Ejecutivo se planteó dar cinco años, pero finalmente, ha optado por un plazo mayor, tal y como adelantó en exclusiva Demócrata.
Por otro lado, la universidad tendrá que contar con un mínimo de enseñanzas. En concreto, se fija en la obtención de 10 títulos oficiales de Grado; seis de Máster; y tres programas de doctorado en tres ramas de conocimiento diferentes. Además, las universidades cuya oferta docente sea mayoritariamente virtual habrán de especificar para cada título si se impartirá de forma sincrónica o asincrónica (o ambas), así como los créditos y horas de cada modalidad.
Las universidades podrán impulsar sus enseñanzas propias, con especial atención a programas docentes de formación permanentes; pero en ningún caso el número de estudiantes matriculados en estas enseñanzas podrá superar en dos veces al número de estudiantes de títulos oficiales. Esta regla comenzaría a aplicarse a las universidades de reciente creación a los cinco años desde su puesta en marcha.
Por último, en lo que a las condiciones del profesorado se refiere, en su mayoría tendrán que ser funcionarios, computado en equivalencias a tiempo completo, sobre el total de personal docente e investigador de la universidad. Cabe precisar, que no se computará como profesorado laboral a quienes no tengan responsabilidades docentes en las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales, ni al personal propio de los institutos de investigación adscritos a la universidad y de las escuelas de doctorado.
