QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El proyecto de ley impulsado por el Gobierno por el que se pretende reformar el acceso a las carreras judicial y fiscal se someterá este jueves a su primer examen en el Pleno del Congreso, que decidirá si sigue adelante o no con la tramitación del texto. El debate tendrá lugar un día después de que jueces y fiscales de todo el país, incluida la cúpula del Tribunal Supremo, se manifestaran para reclamar la retirada de esta iniciativa legislativa.
Se trata del proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que incluye –entre otras cuestiones– un nuevo examen escrito para las oposiciones, una ampliación del número de plazas de jueces y fiscales, el blindaje de las becas a los opositores y la prohibición de la financiación privada de las asociaciones judiciales.
El texto también incluye la creación del ‘cuarto turno’ para los fiscales, que hasta ahora solo existía para jueces y un «proceso extraordinario de regularización de jueces sustitutos». A petición de las asociaciones de jueces y fiscales, se eliminó del proyecto la actual fase de sustitución y refuerzo de los jueces en prácticas, así como el traslado forzoso de los jueces cuando ascendían a magistrados.
PP y Vox han presentado enmiendas a la totalidad del texto, que se votarán el jueves. Los de Alberto Núñez Feijóo consideran que el proyecto de ley debe devolverse al Gobierno para que se sustituya por «un proceso de reforma participado, abierto y riguroso, que respete los principios constitucionales y refuerce, y no debilite, las garantías de independencia judicial».
De igual forma, Vox pide que se devuelva el texto al Gobierno al considerar que es «manifiestamente perjudicial para el sistema de equilibrio de las instituciones del Estado y por tanto para el interés nacional y para el bien común».
BOLAÑOS VE «IMPRESCINDIBLE» LA REFORMA
Durante la sesión del jueves, comparecerá para defender el proyecto el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien insistió el pasado mayo –primero en una carta a las asociaciones de jueces y fiscales que han criticado públicamente el texto y luego en la Comisión de Justicia del Senado– que la reforma era «imprescindible» para «abordar los retos de la Justicia del siglo XXI» y para actualizar las estructuras que «no se han modificado en lo sustancial» en décadas.
Bolaños llegará al debate con todas las asociaciones –menos las progresistas– en contra. Incluso la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo se pronunció el pasado martes en un acuerdo, aprobado por unanimidad, para sumarse a la «extendida inquietud» por la reforma del acceso a la carrera judicial, defendiendo el actual modelo al considerar que «garantiza la objetividad y la transparencia en la acreditación de la idoneidad y suficiencia profesional».
Tras las imágenes de jueces y fiscales manifestándose en las puertas de sedes judiciales, Bolaños convocó una rueda de prensa y aseguró que era «humano» mirar con «recelo» los cambios, al tiempo que se ofreció a «disipar» las dudas en torno a esta «necesaria» reforma.
CRÍTICAS DE JUECES Y FISCALES
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han reclamado «la retirada» del proyecto de ley porque consideran que recoge «medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial».
A su juicio, el texto no responde a «una verdadera demanda social» y no contribuye a «solucionar los verdaderos problemas de la Justicia», sino que busca debilitar el Poder Judicial «en su función de contrapeso del poder político».
Durante el paro del miércoles, representantes de las asociaciones leyeron un manifiesto en el que avisaron de que si no se atiende su petición, no descartan ir a huelga.
De cara a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, todas las asociaciones de las carreras judicial y fiscal se reunieron el pasado 4 de junio con el Ministerio. Horas antes de aquel encuentro, las cinco asociaciones críticas pidieron a Justicia que no les acusara de lanzar «bulos» o «fango» al criticar las reformas. Bolaños llegó a decir en declaraciones a la prensa en el Senado el pasado mayo que los «temores» de dichas asociaciones respecto a la reforma eran «infundados».
Todas las asociaciones, excepto las progresistas, aseguraron que la reunión del 4 de junio no fue «productiva» y recalcaron que Justicia les había trasladado «de forma tajante» que el Gobierno no contempla retirar la reforma. Fuentes ministeriales, por su parte, calificaron el encuentro de constructivo y respetuoso. Ambos aseguraron que quedaban abiertos a seguir dialogando.
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