La Xunta ha decidido implementar una serie de cambios legislativos a través de la ley de medidas fiscales y administrativas, con el objetivo de asegurar la limpieza de las franjas secundarias cercanas a las viviendas y promover la adecuada gestión de estas áreas, especialmente en fincas abandonadas por sus dueños antes de mayo.
El presidente de la Xunta, Rueda, destacó durante una conferencia de prensa en Celanova que estas modificaciones en la normativa, que se integrarán en el presupuesto de 2026, buscan incentivar la adhesión de los municipios al acuerdo de limpieza de franjas secundarias. Aquellos que no se sumen o incumplan las directrices perderán el 30% de los ingresos provenientes del Fondo de Cooperación Local, cuyo presupuesto asciende a más de 187 millones de euros para el año mencionado.
Las cantidades retenidas se entregarán una vez que los municipios se adhieran al convenio o corrijan sus incumplimientos. Adicionalmente, se establece que los ayuntamientos deben dedicar un 10% de sus ingresos a la prevención y protección contra incendios.
Otra novedad importante es la eliminación de la necesidad de un permiso de Patrimonio Cultural para ciertas labores de gestión del monte, como las realizadas manualmente o con desbrozadora. Para tareas más complejas, ahora será suficiente una declaración responsable en lugar del anterior informe sectorial.
Esta reforma legislativa no solo afecta a los trabajos forestales, sino también a intervenciones en bienes con protección estructural y ambiental, las cuales podrán ser autorizadas directamente por los ayuntamientos al otorgar la licencia, especialmente en ciudades mayores de 50.000 habitantes y por donde pasa el Camino de Santiago, siempre que no afecten al trazado de la Ruta ni a los bienes estructurales o parcelas adyacentes.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)