El Boletín Oficial del Estado publicó ayer, 15 de octubre, el Real Decreto por el cual se modifican diversos reales decretos en materia de la Política Agraria Común, PAC. El objetivo de la normativa es garantizar la plena aplicación de las disposiciones comunitarias, y, tras tres años de aplicación, realizar ajustes técnicos y corregir aquellas erratas o imprecisiones en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.
Las modificaciones publicadas fueron aprobadas por el Consejo de Ministros, consensuadas con todas las comunidades autónomas y en agosto recibieron el visto bueno de la Comisión Europea.
Realidad versus normativa
No obstante, una de las medidas que más puede afectar al sector y que ha sido denunciada desde ASAJA León es que los agricultores deberán presentar, cuando se les requiera, los documentos de arrendamiento de las parcelas, una práctica que no es la habitual entre pequeños agricultores, ya que en gran parte de los casos se trata de acuerdos verbales y la Ley de Arrendamientos Rústicos tampoco obliga a ello, según señala la organización.
“Los beneficiarios de ayudas directas y de intervenciones de ayudas de desarrollo rural que se concedan por superficies, deberán aportar a la autoridad competente, cuando esta se lo requiera, toda la documentación que acredite el derecho al uso de todos los recintos donde se ubican las parcelas de su explotación”, reza el Real Decreto.
Aunque la organización profesional agraria manifiesta que es partidaria de la formalización de contratos rústicos por escrito, afirma que la realidad del campo dista mucho de lo que plantea la normativa, ya que en muchos casos, la cesión de tierras se realiza entre familiares, amigos o conocidos sin que se cierre un contrato por escrito.
Este cambio normativo puede aumentar los conflictos entre arrendatarios y arrendadores, además de que los agricultores que no puedan acreditar el arrendamiento podrán ser penalizados en un porcentaje de las ayudas PAC.
Otras medidas
Según apunta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, otras modificaciones más destacadas del RD está la inclusión del reconocimiento de los sistemas agrivoltáicos como superficies potencialmente admisibles a efectos de las ayudas de la PAC, siempre que se mantenga el carácter prioritario de la actividad agraria.
También se ha aprobado la simplificación en la gestión de la intervenciones sectoriales de frutas y hortalizas y en la vitivinícola, y una serie de mejoras técnicas de los ecorregímenes, así como algunas especificidades en las cesiones de derechos en los casos en los que el cedente sea un agricultor que se incorpora a la actividad agraria o a una explotación catalogada como titularidad compartida.