QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha defendido la gestión de su departamento en relación con la granja de gallinas de Llucmajor y ha cargado contra el anterior Govern por «no actuar».
Según Simonet, entre 2016 y 2021 la explotación contaba con 127.000 gallinas. «¿Nadie las veía?», ha preguntado, recordando que la granja empezó a operar con unas 40.000 gallinas en 2016 pero en 2023 se empezó el expediente sancionador al ver que había aumentado su capacidad.
Así lo ha puesto sobre la mesa el conseller en una comparecencia en la Comisión de Economía del Parlament para dar cuenta de la supuestas irregularidades en la macrogranja avícola.
Cabe recordar que la empresa promotora de esta explotación ganadera, tras la sanción recibida del órgano ambiental del Govern a partir de las denuncias vecinales, había solicitado la legalización de las instalaciones y la autorización para una capacidad de 135.696 gallinas.
No obstante, el pasado agosto se desestimó la autorización ambiental integrada de la granja y resolvió que tenía que reducir su capacidad a una tercera parte (40.000 gallinas). Sobre esta cuestión, Simonet ha detallado que ya han salido de la explotación un total de 36.000 animales y que está previsto que a finales de este mes salan las 52.000 restantes.
«El trabajo que han hecho los funcionarios y la Dirección General es adecuada, es correcta, no se han cometido errores», ha sostenido.
LA IZQUIERDA CUESTIONA LA ACTUACIÓN DEL GOVERN
Los representantes de MÉS per Mallorca, PSIB y Unidas Podemos han cuestionado la actuación del Govern con la explotación. El socialista Marc Pons, por su parte, ha criticado que la Conselleria suspendiera los expedientes sancionadores cuando Fiscalía abrió diligencias.
A su criterio, no hay ningún informe técnico que avale la decisión de suspender el expediente. «No se tenía que paralizar», ha considerado Pons, quien ha cuestionado si se pretendía que la actividad continuara como si nada. Además, ha agregado que no hay motivo porque no hay un procedimiento judicial abierto.
En respuesta, el conseller ha remarcado que los expedientes se volvieron a activar una vez la Fiscalía concluyó que no había delito. «Tranquilidad total sobre este tema», ha agregado.
De su lado, el ecosoberanista Ferran Rosa ha alegado que la declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable podría haberse tramitado con mayor celeridad al aprobarse la Ley balear sobre las macrogranjas, puesto que se establece una distancia mínima de estas explotaciones con los núcleos de población a dos kilómetros.
«Me sorprende que tarden meses en hacer esto», ha dicho, a la vez que ha cuestionado por qué no se emitió un informe que señalara que la instalación no era viable cuando se cambió el marco normativo.
Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, se ha preguntado por qué la instalación continúa abierta, subrayando que «parece increíble» que sea así.
Finalmente, el diputado ‘popular’ Jacobo Varela ha defendido que el Ejecutivo «ha hecho lo que tocaba que era aplicar la ley con rigor técnico, transparencia y voluntad de poner orden donde tiempo atrás ha habido dejadez».
CRONOLOGÍA DE INSPECCIONES Y SANCIONES
El conseller ha relatado la cronología de los hechos, comenzando por unas denuncias en abril de 2023 relacionadas con el estercolero y olores que dieron lugar al inicio de un primer expediente sancionador.
Durante 2024, continuaron las inspecciones a las explotaciones por parte de la Conselleria y del Seprona por estas cuestiones. Asimismo, en septiembre de ese año se dicta una resolución en base a los informes técnicos de medidas cautelares sobre la granja.
Simonet ha explicado que en ese momento la Fiscalía abre diligencias ante las informaciones que la Conselleria había trasladado y, los servicios jurídicos del departamento que dirige Simonet deciden suspender el procedimiento sancionador, aunque no las medidas cautelares. Meses después la Fiscalía comunica que no hay indicios de delito contra el medio ambiente.
En mayo de 2025 se aprueba el plan de desescalada hasta las 40.000 gallinas, se suspender parcialmente la producción de huevos camperos y se reinician los expedientes sancionadores que estaban parados ante la investigación de Fiscalía.
La Conselleria considera firmes dos expedientes sancionadores, uno de los cuáles está pagado por parte de la empresa, y el otro, se liquidará si la empresa no presenta un recurso contencioso.
Sobre las imágenes de cadáveres y malas condiciones de los animales en la granja publicadas en medios de comunicación en mayo de este año, Simonet ha expuesto las acciones e inspecciones que se realizaron.
Los técnicos determinaron que las condiciones «no eran buenas» en general en todas las explotaciones pero que una de las naves presentaba problemas «serios». Se detectaron ocho hechos sancionables y se tomaron medidas como la prohibición de comercializar los huevos o el precinto de las instalaciones. En junio se inició el proceso sancionador, cuya multa podría llegar a los 200.000 euros.
El juzgado de instrucción número 11 abrió diligencias previas por el posible delito contra bienestar animal y, por ello, la Conselleria ha suspendido la tramitación del expediente sancionador y las medidas cautelares sí se cumplen. Simonet ha indicado que el Govern no se ha personado pero que no se descarta esta posibilidad.
