Tribunal anula veto a la cosecha de julio por parte de Asaja, Apag y Atamaco

Asaja Castilla-La Mancha, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (Apag) y la Asociación de Trabajadoras de Máquinas Cosechadoras (Atamaco) han celebrado la decisión del Tribunal Superior de Justicia que invalida la prohibición impuesta por la Consejería de Desarrollo Sostenible para las fechas 11 y 12 de julio de 2021.

En una rueda de prensa unificada, los dirigentes han alabado la sentencia como un «espaldarazo» legal que, según ellos, evidencia la falta de competencia de la administración para regular los procedimientos del sector agrícola, actuando «sin criterio lógico ni legal».

Los presidentes de las tres organizaciones, José María Fresneda de Asaja, Juan José Laso de Apag y Félix Andrés de Atamaco, han resaltado que el fallo judicial respalda su recurso contra una medida que tildan de «imprudente, irresponsable y carente de inteligencia». Describen la decisión firmada por el entonces viceconsejero Fernando Marchán y respaldada por el exconsejero José Luis Escudero como una acción «sin consenso, sin lógica y adoptada a espaldas del sector», que interrumpió la cosecha en un momento crítico, provocando graves daños económicos.

La sentencia también ha abierto la puerta para reclamar indemnizaciones por los perjuicios causados. Desde Atamaco calculan pérdidas entre 650.000 y 750.000 euros solo en Guadalajara, sin contar otras zonas afectadas. Los líderes han detallado que los daños no solo afectaron los ingresos de esos días, sino también costes laborales, alojamiento para personal y la pérdida de clientes en futuras campañas, entre otros.

El veredicto marca un punto de inflexión en la relación con las autoridades. Los representantes han solicitado a la actual consejera, Mercedes Gómez, iniciar una fase de diálogo y consenso, advirtiendo que cualquier medida perjudicial para el sector agrario sin una compensación adecuada será llevada a los tribunales.

Finalmente, han recordado que la Junta tiene 30 días para apelar la decisión ante el Tribunal Supremo, aunque indican que hacerlo sería un error y recalcan su descontento con la Política Agraria Común de la Comisión Europea, planificando una manifestación en Bruselas el 18 de diciembre.