La Unió Llauradora i Ramadera ha avisado de que la entrada en vigor plena del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), aprobado por la Unión Europea en 2023 y cuyo periodo transitorio concluye el próximo 31 de diciembre, con la consiguiente aplicación íntegra del Reglamento, provocará “un nuevo incremento de costes para los agricultores” y “otra nueva pérdida de competitividad frente a terceros países”.
Tras un estudio propio sobre las consecuencias de esta herramienta comunitaria, la organización indica en un comunicado que la incorporación de los fertilizantes al listado de productos sometidos al CBAM, unida a la retirada gradual de los derechos de emisión gratuitos a los fabricantes europeos, encarecerá de forma directa uno de los insumos “clave” para las explotaciones agrarias valencianas.
La entidad agraria detalla que tanto los productores europeos de fertilizantes, “que deberán asumir el coste de sus derechos de emisión”, como las empresas extranjeras afectadas por el nuevo ajuste en frontera, “trasladarán ese coste adicional al precio final”. En la práctica, esto se traducirá en un aumento de los gastos que soportan los agricultores europeos, con impacto directo sobre su rentabilidad y el riesgo de “una nueva caída de la producción comunitaria”.
En este contexto, remarca que “si la UE obliga al sector agrario europeo a cumplir objetivos crecientes en materia ambiental y climática, pero permite que los productos agrícolas de terceros países –producidos con estándares mucho más laxos y mayores niveles de emisiones– entren en el mercado sin una corrección equivalente, se genera un ‘dumping’ climático que castiga a los agricultores europeos y desincentiva la producción dentro de la UE”.
“Es pura hipocresía querer tasar los fertilizantes producidos en terceros países, pero no tasar los alimentos que se importan desde esos mismos países y que han usado esos mismos fertilizantes”, critican, recordando además que en España el gasto agrícola en fertilizantes rebasa los 2.300 millones de euros al año.
Según La Unió, el resultado final del CBAM puede intensificar la fuga de carbono en el ámbito agrario, al obligar a que los alimentos producidos dentro de la UE soporten costes más elevados que los de sus rivales internacionales. La propia Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (COMAGRI) ya había puesto sobre la mesa este peligro.
Por ello, la asociación ya ha defendido que el CBAM se extienda también a los productos agrícolas y agroalimentarios y que, de forma paralela, se pongan en marcha medidas de apoyo específicas para los agricultores, con el objetivo de compensar el encarecimiento de los insumos.
Las cifras del sector refuerzan esta inquietud. En España, el gasto agrícola en fertilizantes supera los 2.300 millones de euros anuales, lo que supone alrededor del 7,5 % de los consumos intermedios. En numerosas comunidades autónomas, cualquier subida adicional del coste de estos productos repercutirá directamente sobre la continuidad de miles de explotaciones.
La organización insiste en que los agricultores europeos figuran entre los más eficientes del planeta desde el punto de vista ambiental y advierte de que la UE no puede promover estrategias que, de facto, reduzcan la producción interna y aumenten la dependencia alimentaria de terceros países, donde se aplican estándares climáticos y laborales más bajos.
Manifestación-tractorada en València el 18 de diciembre
En este escenario, La Unió ha anunciado la convocatoria de una manifestación-tractorada el próximo 18 de diciembre en València para denunciar que “las malas políticas de la Comisión Europea, Gobierno de España y Generalitat ahogan al campo valenciano”.











