Cuando alcanzamos el hito de los 100 días de Gobierno, es momento de hacer balance. Empañado todo por una polarización permanente, vale la pena acercar la lupa a los temas que de verdad importan a la ciudadanía, como las soluciones al coste de la vida, el acceso a servicios públicos de calidad y las medidas contra la emergencia climática y ecosocial.
Vivimos un tiempo convulso. El informe de riesgos del Foro de Davos alertaba a principios de año de los costes crecientes climáticos y ambientales. Somos el país de Europa más impactado por la emergencia climática y el que más perderá si retrasamos las soluciones necesarias para ganar el presente y el futuro.
Sin embargo, la batalla política actual aleja la posibilidad de firmar el tan necesario Pacto de Estado Ecológico, que claman las asambleas ciudadanas por el clima con foco en el bienestar de las generaciones futuras que necesitarán vivir en un país con agua, ecosistemas vivos, suelos fértiles y en ciudades y pueblos adaptados y saludables.
Medidas en marcha
La legislatura ha comenzado con algunos avances, como la permanencia de algunas medidas de escudo social, el incremento del salario mínimo y la extensión de medidas de fiscalidad justa para aliviar el coste de la vida, mejorar la salud de las ciudades y reducir emisiones, como es el caso de la subvención al transporte público.
Son medidas que deben complementarse con soluciones permanentes como la propuesta de un abono único de transporte (como el T-lleva de Greenpeace) y avanzar en la movilidad sostenible. También destacamos la puesta en marcha del Observatorio de la Salud y el Cambio Climático –en España en 2022 murieron 11.000 personas por olas de calor-.
La batalla política actual aleja la posibilidad de firmar el tan necesario Pacto de Estado Ecológico que claman las asambleas ciudadanas por el clima con foco en el bienestar de las generaciones futuras
Además, por fin ha visto la luz el 7º Plan General de Residuos Radiactivos, descartando definitivamente la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC), así como el aumento de la tasa para sufragar los gastos de desmantelamiento y gestión de los residuos.
En estos 100 primeros días también ha habido propuestas desacertadas, como la ampliación del aeropuerto de Barajas o el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que nos devuelve, como en el “día de la marmota”, a debatir un texto ya rechazado en la pasada legislatura que abandona el objetivo de descarbonización del transporte.
A su vez, el Gobierno ha apoyado unas nuevas reglas fiscales europeas que lastrarán a futuro las inversiones en transición ecológica y, a pesar de los compromisos anunciados en la COP28, no hay un plan de reducción justa de los subsidios nocivos que dañan el medio ambiente y las arcas públicas, y de hacer que los grandes contaminadores paguen. No es momento de retrocesos e incoherencias.
El sector agrícola se moviliza
La movilización del sector agrícola de estas semanas ha puesto de relieve la quiebra de la política agrícola y comercial capturada por la codicia de la gran agroindustria y la falta de respuestas justas y de largo plazo frente a la sequía, las altas temperaturas, las inundaciones, los incendios, la desertificación y la falta de mejores condiciones de vida en el campo.
Enfrentar naturaleza y agricultura es una falsa dicotomía que se aleja de la ciencia y del sentir general de muchos agricultores y agricultoras. El Gobierno sigue abriendo el grifo del agua al regadío industrial e intensivo como “si no hubiera un mañana”, se desliza peligrosamente al oportunismo de relajar la legislación ambiental europea y deja al sector agrícola a merced del acaparamiento de márgenes de la gran distribución.
La movilización del sector agrícola de estas semanas ha puesto de relieve la quiebra de la política agrícola y comercial capturada por la codicia de la gran agroindustria
La correcta implementación de la ley de la cadena productiva, la paralización del Acuerdo con Mercosur en sus claves actuales y una ley de agricultura familiar que incorpore la sostenibilidad son hitos clave para avanzar hacia un sector con una trabajo digno y sostenible con condiciones para proveer de alimentos sanos y de cuidar del patrimonio natural, pasando de ser un gran emisor de gases de efecto invernadero a ser un gran captador.
La vivienda es otro de los grandes desafíos que necesita de una mayor acción política. Somos testigos de los beneficios históricos de la banca y de cómo nuestros barrios se convierten en activos financieros a merced de fondos de inversión y del turismo desbocado dañando derechos constitucionales que afectan especialmente a la juventud.
Asimismo, la pobreza energética es una realidad en uno de cada seis hogares, mientras se permiten los cortes de luz a personas vulnerables y la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética (2019-2024) languidece. La medida del Gobierno de concesión de avales para acceder a la vivienda a jóvenes es insuficiente. Es fundamental una política de vivienda pública y social con capacidad de inversión de largo plazo y de rehabilitación energética.
Colaboración entre administraciones
No habrá soluciones a los problemas de la ciudadanía si los ministerios clave no están en la misma página. Transición Ecológica, Trabajo y Economía Social, Transporte, Agricultura, Vivienda, Salud, Economía y Hacienda deben mantener una estrecha colaboración en favor de una transición justa y coherente, con soluciones para ganar en bienestar en el campo y en la ciudad, y cumplir con las metas del nuevo Plan Nacional Integrado de Clima y Energía, que deben alinearse con el objetivo de no superar el 1,5ºC.
También son imprescindibles los acuerdos políticos “sin trampas” entre Administraciones para restaurar ecosistemas clave en favor de las futuras generaciones.
Desde Greenpeace valoramos positivamente el compromiso con el alto el fuego en Gaza y la protección de las víctimas civiles, pero es necesario avanzar en coherencia y apostar por una cultura de paz.
También son imprescindibles los acuerdos políticos “sin trampas” entre Administraciones para restaurar ecosistemas clave en favor de las futuras generaciones
Tres ideas: cumplir con la legislación vigente de venta de armas a países en conflicto, firmar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y abrir un debate público sobre la carrera armamentística irracional.
Finalmente, nos preguntamos si por fin en esta legislatura veremos dos demoliciones ejemplares: la del hotel del Algarrobico, símbolo ominoso de la corrupción, y la de la ley Mordaza, epíteto de la regresión democrática y el abuso de poder.
100 días no es una legislatura, pero para resolver los problemas del presente y del futuro de la ciudadanía cada día cuenta. El país más afectado en Europa por el cambio climático no puede esperar y necesita más que nunca la colaboración, el compromiso y la coherencia política entre ministerios y diferentes Administraciones.
SOBRE LA FIRMA Eva Saldaña Buenache es directora ejecutiva de Greenpeace España. Licenciada en Ciencias Biológicas (especialidad Ecología) por la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en diseño para la Sostenibilidad y procesos de Facilitación y Liderazgo.