Estos días, entre el ruido y la desinformación, hay algunos aniversarios legislativos que pasan prácticamente desapercibidos, pero que, desde mi punto de vista, son de los que nos hacen mejores como país y, sobre todo, de los que salvan vidas y proyectan esperanza.
Se cumplen dos años de la aprobación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, que, tras mucho tiempo de negociaciones, se aprobó en el Congreso con la práctica totalidad de los votos a favor, a excepción de la ultraderecha de VOX.
Fue un trabajo parlamentario de esos que cuestan. Que no se ve, pero que cuesta. Casi tres años de trabajo incansable para articular acuerdos en torno a una ley sólida que guiara un proceso de reforma en profundidad de la cooperación y la ayuda humanitaria española.
Trabajo, participación y voluntad política.
Mucho diálogo, negociación y participación de agentes políticos, sociedad civil, academia, sindicatos y sector privado. Después de 22 años de la última Ley de Cooperación Internacional, el reto era grande. Había que incorporar acentos y matices. Enfoques e instrumentos de vanguardia. Y, honestamente, creo que lo conseguimos.
“Esta Ley debía salir de esos parámetros y conseguir ser el altavoz de las personas que ya tienen voz, pero a las que no queremos escuchar.”
Conseguimos, con el impulso incuestionable del grupo parlamentario socialista, poner el foco en una política pública que la mayoría de las veces está fuera de foco.
Interesa más el barro.
Pero esta Ley debía salir de esos parámetros y conseguir ser el altavoz de las personas que ya tienen voz, pero a las que no queremos escuchar. Debía significar mirar desde lo local a lo global y no esquivar la mirada. Debía elegir la respuesta que, como país, tenemos y queremos tener ante los sufrimientos compartidos, con una cooperación realmente transformadora y una Ayuda Humanitaria renovada.
Y los votos en las Cortes Generales fueron difíciles de conseguir, porque a veces a algunos grupos políticos las inercias de sus socios, los intereses electorales del momento y sus prácticas en gobiernos regionales o municipales los delatan y les provocan un sentido del voto distinto a lo que pregonan en sus discursos, y, a veces, ni eso. Pero se consiguió.
Se consiguió eso y mucho más. La Ley consiguió enfocar la cooperación española en una cooperación feminista, que trabaja con y para las niñas, adolescentes y mujeres. Que mira el cambio climático de frente y se basa en una ideología tan revolucionaria como los derechos humanos y la Agenda 2030.
Una cooperación española y una ayuda humanitaria que cree y trabaja en la salud global, en la infancia, en la defensa de defensoras de Derechos Humanos, en la salud sexual y reproductiva o en una gobernanza democrática. Y consiguió el compromiso financiero de un Estado para estar a la altura de los valores tradicionales españoles de solidaridad, empatía y ayuda al que lo necesita. Esa marca España que tanto nos gusta.
Y esta Ley, que para muchas y muchos pasó, y aún pasa, desapercibida, tiene impacto en millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza.
La pandemia del COVID-19 revirtió décadas de progreso y tenemos una grave crisis global de seguridad alimentaria, al mismo tiempo que más de 50 conflictos activos en el mundo. Y lo peor, un contexto de recursos humanitarios y al desarrollo en clara recesión. Un desmantelamiento deliberado de la arquitectura de la ayuda humanitaria y de la cooperación al desarrollo en USA y también en algunos países de la Unión Europea, pero que en España, afortunadamente, el Gobierno decidió recuperar desde el primer momento y que, a día de hoy, está en 4.000 millones de euros en Ayuda Oficial al Desarrollo (AECID).
