QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El pasado mes de mayo la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictaba la sentencia 596/2025 que sus impulsores, el sindicato policial JUPOL -para asombro y malestar de casi dos tercios de policías nacionales y la totalidad de guardia civiles- celebraban con júbilo. El mencionado fallo del alto tribunal obligaba a la Administración del Estado a iniciar el procedimiento y a elaborar una disposición reglamentaria que, en el regule la jubilación anticipada para los miembros de la Policía Nacional “cotizantes en el Régimen General de la Seguridad Social” en condiciones de igualdad con el resto de cuerpos policiales autonómicos y locales.
El matiz que establece la resolución del TS, que señala como afectados a quienes cotizan a la Seguridad Social y no a las Clases Pasivas del Estado, no es baladí. De hecho, excluye de facto el reconocimiento como “profesión de riesgo” a la totalidad de componentes de la Guardia Civil y a dos tercios de la plantilla de Policía Nacional.
¿Qué quiere decir esto? Que esos funcionarios –a día de hoy son pocos a los que afecta esta sentencia– siendo optimistas accederán al reconocimiento que se pretende implantar a efectos prácticos a partir del año 2045, quedando el más del 80% de los trabajadores de la seguridad pública del Estado, los que se jubilarán desde el día de hoy hasta dentro de 20 años aproximadamente, sin nada que celebrar si no, todo lo contrario.
De la mano de esta sentencia y transcurrido solo un día desde su conocimiento y difusión y resolución, sorpresivamente, el gobierno aprobó el Real Decreto 402/2025 que viene a regular el nuevo marco de la jubilación anticipada de las profesiones de riesgo cuya redacción, lejos de facilitar la situación de estos profesionales, ya agraviados en la Sentencia del TS, la complica y de paso, ningunea a los representantes de las asociaciones profesionales y sindicatos que defienden los derechos de policías nacionales y guardias civiles ya que, no les reconoce como interlocutores en la puesta en marcha de los procesos administrativos complejos, previstos en dicha norma reglamentaria.
Sí reconoce, sin embargo, a los sindicatos de clase y a las organizaciones empresariales y asociaciones de trabajadores autónomos sin posibilidad estos de representar a los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCS) del Estado.
Por si fuera poco profundo el pozo al que han arrojado las aspiraciones de una jubilación en igualdad al resto de FFCCSS que operan en nuestro país, para esos dos tercios de funcionarios de Policía Nacional y la totalidad de los de la Guardia Civil, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con un amplio desconocimiento de la singularidad de la profesión de estos trabajadores, ha iniciado los trámites para un proyecto normativo que establecerá el coeficiente reductor de la edad de jubilación únicamente en favor de los miembros de la Policía Nacional pertenecientes al Régimen General de la Seguridad Social. Ello, de salir adelante, significará la pérdida de cualquier posibilidad de acceso “de facto” para todas esas personas que se jubilarán antes del año 2045 aproximadamente.
El proyecto normativo ahonda en la discriminación que supone no adquirir la jubilación anticipada a través de una ley, como sí pudieron hacerlo los miembros de los Mossosd’Esquadra, Ertzaintza o Policía Foral de Navarra
Carece de sentido llevar adelante procedimientos regulatorios de calado para la vida de las personas, a tan largo plazo, en colectivos reconocidos como los mejores valorados por la ciudadanía de este país y que, sorpresivamente, por dejadez, desinterés, costes o complejos ideológicos, se les deje sin más posibilidad que la del pataleo.
El proyecto normativo, derivado de una iniciativa procesal mal planteada -la de JUPOL – no sólo perjudica a miles de policías y a todos los guardias civiles. Además, los condena a verse sometidos a largos procesos administrativos, de incierto resultado, que ahondan en la discriminación que supone no adquirir la jubilación anticipada a través de una ley, como sí pudieron hacerlo los miembros de los Mossosd’Esquadra, Ertzaintza o Policía Foral de Navarra.
Frente a este desastre, los integrantes de la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, conformada por doce organizaciones, entre sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de Guardia Civil, que lleva más de dos años trabajando en la mejora de las condiciones de jubilación para estos servidores públicos, han interpuesto en los últimos días los oportunos recursos judiciales contra el Real Decreto 402/2025 con el fin de, revertir esta situación y evitar el escenario negativo de una discriminación con respeto a los demás cuerpos policiales autonómicos..
Se trata de cuidar a los que nos cuidan, y cerrar para siempre esta brecha
El objetivo no es otro que garantizar que todos ellos puedan anticipar su edad de jubilación sin pérdida de retribuciones, como el resto, mediante la misma aplicación de coeficientes reductores que reconoce la especificidad y el riesgo inherente a la profesión que desempeñan el resto de los cuerpos policiales que operan en nuestro territorio. Y por supuesto que, este proceso sea acometido como se hiciese en el pasado con los demás cuerpos policiales, sin procesos administrativos inciertos, prolongados en el tiempo, con altos costes personales y sociales para policías nacionales y guardias civiles.
El aparente desconocimiento del el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el inexplicable silencio del Ministerio de Interior ante el flagrante desatino normativo, ha generado un hondo malestar entre dichos trabajadores públicos y sus representantes. Aun hay tiempo para el dialogo y el trabajo conjunto, desde la transparencia, la lealtad, y la comunicación activa, bases que permitirán alcanzar acuerdos concordantes con la entrega y sacrificio de los componentes de Policía Nacional y Guardia.
En definitiva, se trata de cuidar a los que nos cuidan, y cerrar para siempre esta brecha, la de la desigualdad de derechos y retribuciones laborales entre iguales, es el único paso posible.
SOBRE LA FIRMA:
Ramón Cosío Bustillo es Policía Nacional y responsable de Relaciones Institucionales del Sindicato Unificado de Policía.
