QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La irrupción hace casi una década de la derecha populista en España, encarnada por Vox, cambió el paradigma del debate público y, especialmente, las líneas que lo enmarcan. La pasada semana surgió una polémica relacionada con la autorización que la Mesa del Congreso de los Diputados había cursado para que el grupo parlamentario de Vox celebrara unas jornadas cuyo contenido versaba, de forma especialmente polarizadora y nada rigurosa, sobre el problema que representan, según ellos, las denuncias falsas sobre violencia de género.
La sorpresa inicial sobre este asunto venía motivada por la aprobación que la Mesa había brindado a la celebración de estas jornadas. Este evento en ningún caso vincula o representa al Congreso, solo al partido que lo organiza; de hecho, según el Reglamento del Congreso de los Diputados todos los grupos políticos de las Cortes Generales tienen derecho a hacer uso de las instalaciones siempre que, durante dicho uso no se lleven a cabo actos abiertamente inconstitucionales o contrarios al decoro de la Cámara. Es decir, que la Mesa en este caso actúa como mero concesor del espacio físico atendiendo a unos criterios mínimos de disponibilidad.
La idea de que se impida que Vox celebre estas jornadas es por tanto poco democrática, en primer lugar, porque la normativa vigente lo permite y en segundo lugar, porque si algo debe protegerse en un Parlamento es el uso de la palabra. Si vamos a impedir que los grupos parlamentarios expresen en el Congreso, de acuerdo con lo permitido, lo que consideren (por despreciable que nos parezca, como es el caso) quizá entonces el debate debería ser más profundo: si vamos a limitar o tutelar la expresión de determinados grupos políticos entonces, ¿no deberíamos apuntar a su ilegalización? Igualmente, si no permitimos que expresen estas ideas en jornadas que celebran como grupo parlamentario, ¿deberíamos permitir su expresión en otros espacios mucho más relevantes como el Pleno o las Comisiones? O quizá más arriesgado: si se exige al PSOE hoy que actúe de árbitro limitando el uso del Congreso a un grupo parlamentario bajo unos estándares concretos, ¿estaremos dispuestas a aceptar que en el futuro esos árbitros puedan ser otros y que actúen igual? También sería justo preguntarse si la actitud del Partido Popular sería la misma si las jornadas versaran sobre otras cuestiones de difícil aceptación para sus planteamientos políticos.
Este evento en ningún caso vincula o representa al Congreso, solo al partido que lo organiza
Dicho esto, el contenido de las jornadas es absolutamente rocambolesco; y eso sí debe ser señalado. Año tras año, el Consejo General del Poder Judicial apunta a que las denuncias falsas por violencia de género no alcanzan el 1% desde que la ley está en vigor. De hecho, hay otros delitos como el robo o determinadas lesiones cuyo porcentaje es infinitamente más elevado, ¿Por qué no se centra Vox en esas denuncias falsas? ¿Qué se esconde detrás de esa obsesión con las mujeres víctimas de violencia machista?
Ahondando en ello, el Código Penal ya cuenta con un tipo específico para la persecución de las denuncias falsas, está en el artículo 456 del Código Penal. Es decir, de darse una denuncia falsa puede sustanciarse un procedimiento penal de oficio por parte del juez que sobresee o de la persona perjudicada para perseguir esta conducta. ¿Cuál es la propuesta entonces de Vox? ¿Acabar con una ley que ha reducido significativamente la violencia de género, que se aprobó con el apoyo de todo el arco parlamentario y que desde que está en vigor nos ha colocado en la vanguardia mundial en el abordaje de esta cuestión?
Realmente, lo que Vox busca es ampliar aún más su apoyo en una base social autogenerada a base de mentiras, medias verdades, crispación y aprovechamiento de la rabia de algunos sectores de la sociedad y eso si es profundamente antidemocrático. Mientras tanto, el resto de partidos políticos debemos seguir reforzando grandes acuerdos en torno a esta materia como es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, sobre todo, explicando lo que es la violencia machista y acompañando a nuestros y nuestras adolescentes en una etapa que si es dura de por sí, más lo es en el tiempo de pandemias, redes sociales y soledad generalizada.
SOBRE LA FIRMA:
Andrea Fernández es diputada en el Congreso del PSOE por León y portavoz en la Comisión de Igualdad
