QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El miércoles 24 de junio de 2025 el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados recogía la publicación de sendas enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión. Sin duda, el proyecto estrella del Ministerio de Trabajo y Economía Social en esta legislatura. Los escritos presentados, respectivamente, por los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya, Vox y Partido Popular, demuestran que la medida todavía no está del todo madura. La consecución, por tanto, de una mayoría parlamentaria que permita poner en marcha la jornada laboral semanal máxima de 37,5 horas es todavía una quimera.
Ya superó el primer escollo y el proyecto fue aprobado en Consejo de Ministros el 6 de mayo de 2025 respondiendo al acuerdo de legislatura entre SUMAR y PSOE. No obstante, las reticencias por parte de otros ministerios que componen el ejecutivo, véase el Ministerio de Economía, fueron también relevantes. Habida cuenta de que el proyecto propone una reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales de media anual, junto con medidas para reforzar el registro horario y garantizar el derecho a la desconexión digital, es pertinente realizar unos breves apuntes a los principales argumentos que esgrimen los grupos parlamentarios enmendadores.
Coinciden, eso sí, las tres enmiendas a la totalidad presentadas por las formaciones políticas de Junts per Catalunya, VOX y el Partido Popular al Proyecto de Ley, en el rechazo frontal a la propuesta gubernamental, aunque cada partido lo hace desde perspectivas ideológicas y argumentativas diferentes.
La enmienda catalana
En primer término, el grupo independentista Junts, con gran predicamento en el sector empresarial y, en particular, con Foment del Treball, patronal histórica del empresariado catalán, sostiene que la medida no es fruto del consenso con los agentes sociales. O bien, solo pactada con los sindicatos y no con los representantes de los empresarios. Consideran que una reforma de tal envergadura no puede imponerse por vía legislativa sin la participación equilibrada de los interlocutores sociales, especialmente cuando los mecanismos de la negociación colectiva ya han demostrado ser eficaces para avanzar en derechos sociolaborales.
Se centran en el tejido empresarial catalán, formado por pequeñas y medianas empresas, en su mayoría familiares que llevan desarrollando sus servicios a lo largo de generaciones. El impacto de la reducción obligatoria de jornada puede tener sobre la micro, pequeña y mediana empresa, sobre todo en sectores como los servicios o el agroalimentario es preocupante, tal y como señalan desde Junts.
Además, denuncian que el proyecto no atiende las particularidades territoriales ni sectoriales y que, al centrarse en la jornada, se desatienden los problemas estructurales del mercado laboral, como el desempleo juvenil, la falta de personal cualificado o la pérdida de competitividad. También critican el endurecimiento del control horario y la regulación de la desconexión digital, por considerar que no responden a la diversidad real de la economía. Por todo ello, solicitan la devolución del proyecto para reiniciar un proceso de diálogo que propicie una reforma flexible, progresiva y ajustada a las diferentes realidades. Este último planteamiento deja abierta la puerta a la negociación.
La respuesta de Vox
VOX, por su parte, argumenta su enmienda como una crítica general al planteamiento del Gobierno, con un carácter mucho más político, al que acusan de promover una medida populista que desatiende las verdaderas necesidades del mercado laboral. Trasladan que la reducción de jornada es una cortina de humo para no abordar cuestiones estructurales como la precariedad, la pérdida de poder adquisitivo, el paro o la inflación, cuestión que ya se refleja en el escrito de Junts per Catalunya.
Sostienen, a su vez, que una rebaja forzosa de horas de trabajo incrementaría la precariedad y pondría en riesgo la estabilidad de millones de trabajadores, al tiempo que elevaría los costes de las empresas, especialmente en sectores que no pueden adaptar sus ritmos de producción.
Desde la formación de Vox, arguyen que la medida está respaldada solo por sindicatos que, a su juicio, actúan como apéndices políticos del Gobierno. Argumentan que los efectos de la reforma serían regresivos, tanto para trabajadores como para empleadores, y que solo servirían para reforzar el control estatal y la dependencia política. En consecuencia, proponen la retirada del proyecto y la elaboración de una norma que no perjudique al tejido productivo, sin realizar ninguna referencia a la necesidad de mayor diálogo o consenso, por cuanto se puede deducir que está frontalmente en contra de la medida.
Partido Popular: el Proyecto ignora a las empresas
El Grupo Parlamentario Popular plantea su rechazo tanto en el fondo como en la forma. Subrayan que la tramitación del proyecto ha ignorado por completo el papel de las organizaciones empresariales y la autonomía de la negociación colectiva, lo cual supone una vulneración del mandato constitucional. El principal argumento que esgrimen es que el Gobierno no ha buscado un acuerdo equilibrado, sino que ha impuesto su criterio de forma unilateral, sustituyendo la lógica de los convenios por una imposición generalizada.
Ponen de manifiesto, del mismo modo, que el proyecto se basa en planteamientos populistas sin rigor técnico y que no ha tenido en cuenta el impacto económico que conlleva: pérdida de competitividad, incremento de costes laborales, riesgo para el empleo, y dificultades específicas para los sectores esenciales y las pequeñas empresas, tal y como se señalaba desde el grupo parlamentario de Junts. Apuntan, además, que informes de entidades como la CEOE, CEPYME o FEDEA, alertan del fuerte impacto económico que supondría la reducción obligatoria de jornada.
En cuanto a la regulación del registro horario y la desconexión digital, consideran que las reformas propuestas introducen rigidez normativa, inseguridad jurídica y gastos adicionales, sin medidas de acompañamiento ni adecuación a la realidad sectorial. Proponen, en su lugar, tal y como también hacen desde Junts, una aplicación flexible, progresiva y adaptada al tejido productivo, así como la exploración de fórmulas como el banco de horas o la jornada flexible, mediante acuerdos colectivos. Por todo ello, solicitan también la devolución del texto legislativo, aunque puede deducirse que, al menos, existe la posibilidad de una hipotética negociación futura.
En conjunto
En suma, las tres enmiendas cuestionan la oportunidad, la forma y los efectos de la reforma planteada, y coinciden, las de Partido Popular y Junts, en demandar un replanteamiento que garantice el equilibrio entre la mejora de condiciones laborales y la viabilidad económica de empresas y sectores mediante un nuevo proceso de diálogo social y negociación entre los actores implicados.
Vista la profundidad, incidencia e impacto de la medida en el tejido productivo español y que ninguno de los actores en cuestión se posiciona frontalmente en contra, puede que sí haya llegado el momento de hacer algo que está propugnando la formación política titular del Ministerio de Trabajo: resetear. Es decir, entendiendo que existe un cierto consenso en que trabajar menos mejora la calidad de vida y las condiciones laborales de las personas trabajadoras, la forma y el camino para su implementación pudiera ser diferente. Como se ha venido proponiendo desde algunos sectores de la doctrina científica, no todos los ámbitos laborales son homogéneos o todas las empresas pueden hacerlo de hoy para mañana. También implica un cambio cultural y social en nuestro país que tiene mucho que ver con los horarios y preferencias comerciales de los españoles.
Quizás, esta vez, el fin podría justificar los medios.
SOBRE LA FIRMA
Ángel Guillen es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
