El Tratado de la Carta de la Energía (TCE) es un tratado internacional para el fomento de la cooperación energética en ámbitos como la protección de las inversiones, el comercio, el tránsito y la resolución de diferencias. Tanto España como la UE lo ratificaron en diciembre de 1994 y su entrada en vigor se produjo en 1998.
En aquel momento la modernización de los sistemas energéticos en el centro y este de Europa hacía necesario un instrumento para dar seguridad jurídica a las inversiones, principalmente en combustibles fósiles.
Desde entonces, las políticas de la UE han cambiado de manera sustancial. La política energética se ha centrado en el refuerzo del mercado interior, la diversificación, las energías renovables y la eficiencia energética. El Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París respaldan a nivel internacional la apuesta europea por opciones con pocas o nulas emisiones.
Incoherencias entre las políticas de la UE y el TCE
Es aquí donde aparece la más visible de las incoherencias entre la dirección de las políticas de la UE y la filosofía que subyace al Tratado de la Carta de la Energía. Y es que el cumplimiento del Acuerdo de París y el objetivo de neutralidad climática en 2050 chocan necesariamente con la protección de las inversiones en el ámbito de los combustibles fósiles.
La política energética de la UE se ha centrado en el refuerzo del mercado interior, la diversificación, las energías renovables y la eficiencia energética
Por otro lado, el principio de primacía del Derecho de la UE está plenamente reconocido, siendo el Tribunal de Justicia de la UE el intérprete último del mismo, así como el tribunal de última instancia ante cualquier litigio. La Carta de la Energía dio pie a numerosos contenciosos entre empresas y países de la UE ante tribunales internacionales de arbitraje al margen de las normas y tribunales de la UE.
Esta ilegalidad ya ha sido establecida por la Comisión Europea – por ejemplo, en 2017, en relación con la autorización del sistema español de ayudas a las energías renovables – y forma parte de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Cualquier contencioso entre empresas europeas y Estados miembros debe estar sujeto al Derecho de la UE y, por tanto, al Tribunal de Justicia de la UE.
España acumula numerosos litigios de este tipo por un importe de unos 10.000 millones de euros, principalmente en relación con los sistemas de ayuda a las energías renovables. España no puede pagar las cuantías reclamadas porque tienen la consideración de ayudas de Estado y tienen que ser autorizadas por la Comisión Europea.
El cumplimiento del Acuerdo de París y el objetivo de neutralidad climática en 2050 chocan necesariamente con la protección de las inversiones en el ámbito de los combustibles fósiles.
Por estas razones de carácter político, legal y constitucional, la UE realizó en mayo de 2020 una propuesta para la modernización de la Carta de la Energía. El proceso de negociación con las partes de la Carta de la Energía concluyó en junio de 2022 con un texto en el que se ponía fin a los arbitrajes entre empresas sitas en la UE y sus Estados miembros.
Además, se permitía a los países no proteger nuevas inversiones en combustibles fósiles y se terminaba con la protección de inversiones existentes en esos combustibles en un plazo de diez años. Sin embargo, el texto no consiguió la mayoría requerida en el Consejo debido a la abstención de España, Francia, Alemania y Países Bajos.
Posteriormente, varios Estados miembros, entre ellos España, expresaron su intención de retirarse unilateralmente de la Carta de la Energía. Alemania, Francia y Polonia acaban de hacer efectiva su retirada (Italia ya lo había hecho en 2016). El Parlamento Europeo se pronunció en noviembre de 2022 a favor de una retirada coordinada de la UE y los Estados miembros.
Dificultades de abandonar el TCE
Fruto de todo ello, la Comisión Europea propuso en julio de 2023 la retirada de la UE de la Carta de la Energía. Esta retirada tiene que ser aprobada en el Consejo y el Parlamento Europeo por mayoría cualificada. Sin embargo, el procedimiento legislativo se encuentra con algunas dificultades.
Cualquier contencioso entre empresas europeas y Estados miembros debe estar sujeto al Derecho de la UE y, por tanto, al Tribunal de Justicia de la UE
En primer lugar, hay algunos Estados miembros que serían favorables a continuar con la versión modernizada de la Carta de la Energía. Esto sería ilegal, ya que ningún Estado miembro puede continuar en un tratado internacional, una vez que la UE se ha retirado del mismo en base a que es contrario a la autonomía y primacía del Derecho de la UE.
La segunda dificultad es el momento de la legislatura en la que nos encontramos. La última sesión plenaria en la que el Parlamento podría aprobar la retirada tiene lugar durante los días 22 a 25 de abril. Si no se alcanza una solución en el Consejo, el asunto quedaría aplazado para la próxima legislatura y condicionado por la nueva composición del Parlamento después de las elecciones europeas de junio.
Por último, es necesario mencionar que la Carta de la Energía contiene una cláusula por la que sus disposiciones se siguen aplicando durante 20 años a los países que se retiren. Si las instituciones de la UE acuerdan una retirada coordinada, es muy posible que esta cláusula sea la siguiente batalla.
SOBRE LA FIRMA Pedro Mielgo Cimas es experto en Asuntos Europeos