En noviembre de 2020, nueve años después desde las últimas, el Congreso de los Diputados aprobó, con un alto grado de consenso, las Recomendaciones de la XIV Legislatura que la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo había acordado. Unas recomendaciones que deberían haberse renovado en la X Legislatura pero que fue imposible. El motivo, la ruptura del consenso con la aprobación por la mayoría absoluta del partido popular de la Ley 23/2013, de 23 de Diciembre, por la que se transformó el sistema de pensiones, sin pasar por el dialogo social y prescindiendo del Pacto de Toledo. Una reforma que se caracterizó por tres cuestiones: insostenibilidad, insuficiencia e inequidad.
Insostenibilidad que provocó que, pasados cinco años desde su aprobación, el sistema sufriera el mayor déficit de la historia de la seguridad social, más de 18.000M€, concretamente 18.286,46Millones de euros (1,52%PIB), y dejaba exiguo el fondo de reserva con 5.060 millones de euros (0,43%), cuando en 2012 se había cerrado en 63.008 millones euros.
En 2013 se rompió el consenso y, en consecuencia, la fortaleza del sistema. Tocó la parte más sensible de las pensiones: la revalorización
Insuficiencia, dado que con aquel perpetuo 0,25%, abocaba a pensiones exiguas a medio plazo. ¿Inequidad? sí. Y es que la brecha de género y la brecha entre las pensiones era cada vez más amplia.
En 2013 se rompió el consenso y, en consecuencia, la fortaleza del sistema. Tocó la parte más sensible de las pensiones: la revalorización y, por ende, la inseguridad de qué pensiones se cobrarían. Y lo peor, se rompió la confianza en el propio Pacto de Toledo, al haberse prescindido totalmente del acuerdo que había presidido las pensiones desde la creación de la comisión en 1995.
El reto de la XIV Legislatura fue recuperar la confianza de los pensionistas, de la sociedad civil e, incluso, de los miembros de la comisión del Pacto de Toledo. Costó más de dos años y el punto de inflexión fue la recuperación del Índice de Precios al Consumo como índice para revalorizar las pensiones a fin de garantizar el poder adquisitivo. Son suficientemente ilustrativas las encuestas del CIS en las que como primera preocupación sobre las pensiones pasa del 12º puesto en 2018 al nº 34 en enero de 2023.
El Gobierno ha llevado a cabo cinco reformas en cumplimiento de las recomendaciones y de conformidad con del Plan de Recuperación
Como indicaba al inicio, se logró un acuerdo en noviembre de 2020, que sentó las bases para un sistema de Seguridad Social, no con pies de barro como era la reforma del 2013, sino con una fortaleza estructural que recogía el acuerdo del Pacto de Toledo y sus recomendaciones, que fueron recogidas en las posteriores reformas fraguadas en el seno del diálogo social.
Fueron 21 recomendaciones que daban una vuelta de 180 grados a la reforma del 2013 priorizando tres cuestiones vitales para el sostenimiento del estado del bienestar: la sostenibilidad, la suficiencia de las pensiones y la equidad. Esto es, generar confianza y seguridad colocando a los jóvenes como sujetos activos.
¿Dónde estamos hoy? Pronto hará tres años de aquellas recomendaciones y el Gobierno ha llevado a cabo cinco reformas en cumplimiento de las recomendaciones y de conformidad con del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
La aprobación de un complemento por maternidad y paternidad ha empezado a reducir la brecha que lastra a las mujeres desde su incorporación en el trabajo
Desde la primera reforma en pensiones de la legislatura, en diciembre de 2021, con el objetivo de recuperar la confianza de los pensionistas al garantizar la revalorización en base a un índice conocido por toda la ciudadanía: el Índice de Precios al Consumo; así como la sostenibilidad del sistema a corto y medio plazo; seguida por aquella que permitirá reducir la brecha en pensiones entre el régimen general y el especial de autónomos; mejorando la suficiencia de las pensiones mínimas, o la nueva cotización para las empleadas del hogar que les permitirá mayor protección social. Todo ello se resume en una mayor protección social para garantizar las pensiones de los pensionistas actuales y los del futuro basándose en la equidad.
Este vuelco de 180 grados está relacionado directamente con las reformas llevadas a cabo en el ámbito laboral. La reforma laboral ha sido un antes y un después en nuestro mercado de trabajo. Los datos de afiliación del mes de octubre atestiguan y confirman una tendencia ascendente. Hemos crecido en 500.000 puestos de trabajo en 10 meses en relación con 2022. Una recuperación sin precedentes. En comparación con los países de la Unión Europea, la recuperación del mercado de trabajo es más intensa: se crea más empleo.
El Pacto de Toledo planteaba clarificar las fuentes de financiación, distinguiendo entre prestaciones contributivas y no contributivas
La brecha de género salarial, en pensiones, en la tasa de participación de las mujeres en el trabajo, se ha ido reduciendo paulatinamente. La aprobación de un complemento por maternidad y paternidad ha empezado a reducir esa brecha que lastra a las mujeres desde el minuto uno de su incorporación en el trabajo. El nuevo modelo de lagunas de cotización permitirá mitigar los efectos negativos en la pensión, especialmente, en las mujeres que padecen carreras laborales intermitentes con gran inestabilidad salarial. Esta reforma le permitirá completar, en mayor medida, su carrera de cotización.
Y eso tiene una palabra: oportunidades para millones de mujeres gracias a los niveles de empleo históricos y la casi plena ocupación con un 47,25%.
En términos de sostenibilidad, la recomendación 1 del Pacto de Toledo planteaba la clarificación de las fuentes de financiación, distinguiendo entre prestaciones contributivas y no contributivas, así como la adopción de medidas para que aquellas que no sean estrictamente contributivas vayan a cargo de los presupuestos generales del estado. Los previstos para 2023 tienen una dotación de más de 46.000 millones de euros dando cumplimiento a esa primera recomendación.
Crecen las cotizaciones en actividades con un CNAE de informática y comunicación y programación, que tienen unas bases de cotización media de 2.900€/mes.
Y ello tiene un efecto inmediato en el déficit artificioso que se había creado desde 2021, cuando el sistema empezó a generar déficits. Hoy ha quedado atrás el déficit que el Gobierno del Partido Popular dejó en 2018. La imagen actual es mucho más saneada y eso tiene un nombre: seguridad y confianza de la ciudadanía en el sistema. La previsión de cierre de 2023 es de un 0,5%, según el informe del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones.
Los altos niveles de temporalidad, que nos ha lastrado a lo largo de la democracia, han desaparecido y hoy España se homologa con los países de nuestro entorno. Nos queda camino por recorrer, por supuesto, pero estamos más cerca que nunca de revertir la inestabilidad, la inseguridad y, desde luego, la pobreza en el trabajo.
Que el contrato laboral sea indefinido como regla general; la subida del salario mínimo interprofesional, la aprobación de la «Ley Rider», que sienta las bases de la relación laboral por cuenta ajena de las personas trabajadoras y no por cuenta propia que les desgajaba una mayor calidad del empleo, se ve reflejada en las mayores y mejores bases de cotización. Crece de forma intensa en actividades con un CNAE de informática y comunicación y programación, que tienen unas bases de cotización media de 2.900€/mes, cuando la base media de cotización general es de 2.100€/mes.
¿Cuál es el efecto directo de más y mejor afiliación? La recaudación de ingresos en la Seguridad Social y, por tanto, la estabilidad económica financiera del sistema. La evolución de las cotizaciones a la Seguridad Social se ha incrementado un 9,9% de enero a septiembre de 2023. Un incremento muy notable. Por tanto, no ha sido sólo la evolución positiva del empleo, sino la calidad del empleo.
El fondo de reserva, la comúnmente conocida como la «hucha de las pensiones», vuelve a recuperarse con el objetivo de hacer frente a la entrada de la generación de los “baby boomers”. Y aquí entra en juego el principio de solidaridad y equilibrio entre generaciones, inspirador del sistema de seguridad social a lo largo de la democracia, con al mecanismo de equidad intergeneracional que sustituyó el factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 que recortaba las pensiones a la entrada en la jubilación.
Podemos afirmar que los datos atestiguan la solidez de las reformas si además éstas están basadas en el consenso en el Pacto de Toledo y en el diálogo social; la perdurabilidad, la solvencia y, en consecuencia, generan confianza interna y externa.
España lidera y es referente a nivel global por muchas cuestiones y, especialmente, por nuestro sistema de protección social.
¿Y el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Se ha puesto en marcha la XV Legislatura y, en breve, se constituirán las comisiones parlamentarias, también la Comisión del Pacto de Toledo. Una de las primeras cuestiones será dar cuenta por el Gobierno del grado de cumplimiento de las recomendaciones.
En la anterior legislatura, el objetivo fue recuperar la confianza de la ciudadanía en las pensiones y también en la Comisión del Pacto de Toledo. España 2050 marcó un rumbo de una España cierta, una España plural, valiente y atrevida. Una España en la que todos nos sintamos representados y pertenecientes al mismo proyecto. Una España mejor por una Europa mejor y ahí la solvencia del sistema de pensiones es clave.
El COVID-19 fue el director de orquesta, situando a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas. Y reforzó el escudo del Estado de Bienestar. Como decía al inicio, durante estos años se han puesto las bases sólidas para la sostenibilidad del sistema, la suficiencia y la equidad en nuestras pensiones.
En esta próxima legislatura, el reto de la Comisión del Pacto de Toledo será situar a los jóvenes en la centralidad del sistema de forma efectiva y eso quiere decir que ellos y ellas son los que han de asimilar la trascendencia de una de las columnas vertebrales de nuestro Estado de Bienestar. Será un reto apasionante y trabajaremos para hacerlo realidad y darles voz en la Comisión del Pacto de Toledo cuando se inicien las comparecencias que solicitaremos.
SOBRE LA FIRMA Mercè Perea Conillas es diputada del PSC por Barcelona en el Congreso de los Diputados desde la XI Legislatura. Ha sido la portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo desde 2016 hasta la última legislatura.