Sumar y Junts han presentado en el Congreso dos proposiciones no de ley con el objetivo de que el Gobierno facilite la jubilación anticipada del personal penitenciario de Cataluña, atendiendo a la naturaleza de su trabajo y mediante la aplicación de coeficientes reductores en la edad de retiro.
La propuesta registrada por Sumar, que se debatirá en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, emplaza al Ejecutivo a “estudiar y valorar” la implantación de un coeficiente reductor para los profesionales de los cuerpos penitenciarios catalanes, “valorando las condiciones especiales de este lugar de trabajo, corrigiendo la desigualdad actual, a través del nuevo mecanismo en fase de tramitación sobre el establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación”.
Entre las medidas planteadas figura la posibilidad de rebajar la edad de retiro en un período equivalente al resultado de aplicar un coeficiente reductor del 0,20 sobre los años completos trabajados como funcionarios de prisiones, así como que el tiempo que se anticipe la jubilación se compute como cotizado exclusivamente a efectos de fijar el porcentaje aplicable a la base reguladora en el cálculo de la pensión.
El grupo plurinacional recuerda que el personal del grupo de servicios penitenciarios que ejerce en el régimen interior de los centros es quien garantiza el buen orden y la convivencia en la cárcel, además de asegurar la prestación de los servicios necesarios para proteger los derechos de las personas internas y exigir el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a la normativa penitenciaria.
El texto, recogido por Europa Press, precisa que, junto a esas funciones, este cuerpo asume tareas de control, ejecución y apoyo en unidades y servicios de uso común del establecimiento. Asimismo, subraya que para integrarse en el grupo de servicios penitenciarios es obligatorio superar pruebas físicas y psicotécnicas, justificadas por la especial dureza y singularidad de las funciones asignadas.
La iniciativa también remarca que, a lo largo de su trayectoria profesional, estos empleados deben conservar unas condiciones óptimas para el desempeño del servicio penitenciario, lo que implica procesos continuos de formación, reciclaje y prácticas.
Plantilla envejecida y mayor siniestralidad laboral
Según Sumar, el desempeño prolongado en un entorno cerrado, en contacto directo con la población reclusa, sometido a un régimen de turnos que cubre las veinticuatro horas del día y expuesto a situaciones constantes de tensión, conflicto, incertidumbre y riesgo latente “podrían generar una situación de estrés físico y psicológico” en este colectivo.
Además, cita datos sindicales que sitúan a este personal como el colectivo con el índice de incidencia por accidente laboral más elevado, con registros que superan ampliamente los promedios de la economía española y del sector de administración pública y defensa, hasta el punto de llegar a duplicarlos.
La proposición incide en que, en Cataluña, la plantilla de los cuerpos penitenciarios se encuentra “muy envejecida” y vincula esta realidad a varios factores: el traspaso de competencias en ejecución penal en 1984, la expansión del sistema penitenciario catalán y la paralización de la oferta de empleo público y de nuevos procesos selectivos tras la crisis económica y financiera.
Asimismo, la PNL señala que las agresiones a funcionarios de las prisiones catalanas volvieron a incrementarse en 2025, con cerca de 700 incidentes contabilizados durante ese ejercicio.
Turnos, trabajo nocturno y episodios de violencia
En paralelo, la proposición no de ley de Junts, que también se debatirá en la misma comisión, reclama que el Congreso inste al Gobierno a iniciar, al amparo de la Ley General de la Seguridad Social, el expediente administrativo para reconocer la jubilación anticipada del personal de los servicios penitenciarios de la Generalitat de Cataluña, igualmente mediante la aplicación de coeficientes reductores por la naturaleza de su actividad.
En su exposición de motivos, recogida por Europa Press, el grupo independentista recuerda que el personal contratado por la Generalitat está adscrito al régimen general de la Seguridad Social y que el único personal de MUFACE que permanece es el procedente de la Administración General del Estado que optó por seguir en ese régimen, actualmente casi extinguido.
Junts sostiene que los índices de bajas y morbilidad superan la media, tal y como refleja el “informe del Grupo de Trabajo para el estudio de la jubilación anticipada de los cuerpos penitenciarios” presentado por la Generalitat al Ministerio de Inclusión en 2023”. Añade que los trabajadores penitenciarios están sometidos a turnicidad, trabajo nocturno y episodios de violencia física y psicológica, además de integrar equipos de intervención con funciones y equipamiento similares a los de determinadas unidades policiales.
Al igual que Sumar, la formación destaca el envejecimiento de la plantilla penitenciaria catalana: más del 50% del personal tiene más de 50 años y, de ese grupo, la mitad supera los 55, mientras que la peligrosidad y la dureza de las tareas se mantienen invariables con la edad. También recalca que el índice de agresiones sufridas por los trabajadores y trabajadoras penitenciarios catalanes por parte de internos es “muy superior” al del resto de España y al de los empleados del sector de administración pública y defensa.