Déjenme que les hable del lobista y sí, déjenme usar ese término, acuñado hace muchos años por la tradición americana de usar el lobby del Senado para interactuar con los miembros de la Cámara de Representantes antes de la sesiones de pleno, para presentarles propuestas de cómo abordar una ley.
El término lobby para hacer referencia a la actividad del lobista apareció por primera vez en la prensa estadounidense en 1820 y ha ido evolucionando hasta el día de hoy, aunque ya se practicaba la actividad a finales del siglo XVIII en el Reino Unido cuando los ciudadanos tenían prohibido el acceso a la Cámara de los Comunes y las reuniones de la sociedad civil y los grupos de interés con los representantes públicos se celebraba en los pasillos o salas de espera del Parlamento.
Estos días he visto en prensa como se utilizaba el término lobista para hablar de las actividades supuestamente ilegales de algunos empresarios o personas relacionadas con el entorno político. Déjenme que deje una cosa clara, ser comisionista o conector no es ser lobista.
Ética y transparencia
Un lobista es un profesional con una clara visión estratégica que actúa con ética y transparencia en base a la defensa de un interés legítimo para aportar su conocimiento y experiencia para mejorar así una regulación determinada.
El lobby es una profesión noble, que busca sumar, construir y mejorar la sociedad aportando conocimiento al legislador desde el sector al que se representa
Un lobista es todo aquel que trate de influir en una ley o política pública, ya sea en representación de una persona física o jurídica, una asociación, organización empresarial o entidad social. Un buen lobista está obligado, por ejemplo, a compartir información veraz, contrastada y real a sus interlocutores, y a hacerlo de forma transparente.
El ejercicio de la labor de lobby está al extremo opuesto de aquellas prácticas ilegales de influencia, como son las llevadas a cabo por personas corruptas. Que no nos engañen, el lobby es una profesión noble, que busca sumar, construir y mejorar la sociedad aportando conocimiento al legislador desde el sector al que se representa.
Una necesaria regulación
Para proteger esta función tan relevante en un sistema democrático, en el que la participación ciudadana es fundamental para una buena toma de decisión de política pública, es necesaria una regulación que establezca unas reglas de juego claras para todos los que la ejercemos. Y esto es lo que defendemos desde la asociación APRI.
Se tiene que poder cuantificar los representantes de intereses o lobistas en España para que se califique nuestra profesión como es debido, y esto pasa por una regulación clara. Es necesario un trabajo más profundo de educación alrededor de nuestra profesión en nuestro país, estamos todavía lejos de alcanzar la notoriedad que tienen nuestros compañeros en países vecinos, como en Reino Unido, Francia, Alemania o Bruselas.
Para proteger esta función tan relevante en un sistema democrático, es necesaria una regulación que establezca unas reglas de juego claras para todos los que la ejercemos
Como saben las instituciones europeas si practican la transparencia y gracias a su registro podemos saber que actualmente hay 12,443 entidades registradas que se dedican a hacer Lobby, un dato que se ha multiplicado por cuatro en los últimos años. La mayoría de los registros corresponden a empresas, organizaciones, plataformas y redes no gubernamentales.
Además, se han contabilizado 510 consultoras que realizan actividades de lobby, con 34 de ellas procedentes de España. Es importante destacar que este registro nos permite conocer incluso la inversión destinada en lobby por cada una de estas entidades, lo que evidencia un nivel de transparencia y trazabilidad significativo.
En España falta mucha cultura todavía para entender nuestra profesión, seguramente una regulación ayudaría a favorecer esa comprensión, pero los profesionales que nos dedicamos a ello seguiremos defendiendo la necesidad de dotar de mayor transparencia, participación y unas reglas del juego claras en los procesos de reforma regulatoria o normativa.
Asesores parlamentarios
Y una vez más, no me iré muy lejos, es en Bruselas donde las instituciones europeas tienen procesos de reforma legislativa transparentes, en los que cualquier persona física o jurídica puede aportar; donde también se realizan evaluaciones de impacto de las normas antes de reformarlas y así tener claro qué se puede o debe mejorar.
En nuestro país hay demasiadas zonas grises y no precisamente en el sector del lobby. En España no sabemos quién asesora a quién, por qué no está publicado, mención destacable al gran trabajo de Demócrata que hace unas semanas transparentó los asesores de los grupos parlamentarios por primera vez en nuestra democracia.
En España falta mucha cultura todavía para entender nuestra profesión y seguramente una regulación ayudaría a favorecer esa comprensión
Pero seguimos sin saber quiénes forman parte de los gabinetes de los altos cargos o quien asesora a quien en el Congreso o cuales son los criterios de contratación del personal eventual.
Queda mucha luz que aportar en nuestro país al sector público y mientras eso no ocurra seguiremos desayunando con titulares que no se merecen los españoles, confundiendo la legítima actividad de participar en la vida pública en la toma de decisiones por parte de los ciudadanos y las organizaciones en aquellos temas que les afectan, con actividades ilegales que nada tienen que ver con la actividad de los lobistas.
SOBRE LA FIRMA Carlos Parry Lafont es presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y responsable de la oficina de AstraZeneca en Bruselas desde donde lidera el equipo de EU Affairs. Previamente a incorporarse al sector de los asuntos púbicos, ocupó diversas responsabilidades en el sector público, destacando su paso como asesor en el Parlamento Europeo o en el Ministerio de Sanidad.