No se puede exigir más sin dar algo a cambio. El Gobierno de España ha planteado una nueva subida de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos para el periodo 2026-2028. Esta propuesta suponía un nuevo sablazo a los emprendedores, autónomos y pequeños empresarios, que ya soportan una elevada presión fiscal y sobreviven en un contexto económico incierto. A las pocas horas se quedaron solos. No es que los autónomos no aceptemos la subida, es que el arco parlamentario ya ha dado un paso al frente, incluso sus socios de gobierno. La soledad de las ocurrencias.
El nuevo esquema contemplaba incrementos de entre un 4% y un 35% de la cuota en 2026, que podrían alcanzar hasta un 105 % en 2028 en algunos tramos. Fijaba además las bases de cotización para los próximos seis años, sin tener en cuenta la evolución real de la economía ni del empleo. En un momento de desaceleración, inflación y caída del consumo, esta subida es un abuso injustificado que lastra la competitividad y la supervivencia de miles de negocios.
Hechos los cálculos, no hay otro fin que recaudar 6.000 millones de euros para un gobierno que no ha presentado presupuestos en los últimos 3 años.
Hablamos de una subida de 200€ al año para incluso aquellos que facturan 3000€ al año, y para los tramos más altos hablamos de incrementos de más de 7.000€ al año. Con la propuesta actual, que recordemos ya se cotiza por rendimientos netos, pagarán más todos los autónomos, lo que contradice el propio espíritu de la norma aprobada en 2022. Además, el Gobierno, bola de cristal mediante, pretende blindar este modelo durante seis años, como si tuviera la capacidad de prever la evolución económica o política futura.
Queremos dejar claro que esta propuesta rompe el principio que inspiró la reforma que quien gane más pague más y quien gane menos pague menos. Reforma por cierto que fue aprobada por unanimidad en el Congreso ya que había sido debatida, consensuada y pactada con las organizaciones.
El despliegue de 2028 a 2031 se hará en función del SMI como si fuese algo estable y sin tener en cuenta que seguramente no será igual según quien esté al frente del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, a los asalariados se les fijan todos los años las bases en función del contexto económico en los PGE.
Si cotizamos más e igual que los asalariados deberíamos tener la misma protección. La mejora del cese que acompaña a la propuesta del Gobierno es solo la flexibilización de requisitos mediante la reducción de los porcentajes para demostrar bajada de ingresos, etc. Nadie cierra un negocio para una prestación de 600 euros, queremos reconocimiento automático cuando el cese sea definitivo. Y que conste que todo esto ya lo habíamos pedido en septiembre. Lo saben y lo ignoran. Pues no vamos a ceder.
Queremos dejar claro que esta propuesta rompe el principio que inspiró la reforma que quien gane más pague más y quien gane menos pague menos
No se ha hablado en esta negociación del subsidio de 52, de integración de lagunas, de mejora de la conciliación y permisos de lactancia, de permisos retribuidos por fallecimiento de un familiar, ni de solventar errores de regularización de 2023 ni pluriactividad o autónomos colaboradores. Sin sumar estos derechos a los que ya tenemos no aceptaremos cambios en las cuotas. No vamos a pagar más por nada.
Todo ello demuestra un profundo desconocimiento de la realidad diaria del trabajo autónomo, que constituye uno de los pilares fundamentales de la economía y el empleo en cada rincón de España.
SOBRE LA FIRMA:
Lorenzo Amor es presidente de ATA