QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Hoy, 15 de septiembre, se conmemora el día de la democracia y no se me ocurre mejor forma de hacerlo que reflexionando sobre cómo mejorarla.
Para salvar la democracia, el primer paso es aceptar que nuestro sistema basado en libertades y derechos de ciudadanía se ha quedado corto y obsoleto. El segundo es tener la certeza de que la receta para superar esta situación es más y mejor democracia.
A nadie se le escapa que nuestro sistema democrático e institucional no está sabiendo adaptarse a las nuevas realidades sociales, políticas y económicas que se van abriendo paso cada vez a mayor velocidad. Varios estudios recientes evidencian la gravedad de la situación. El 80% de la población menor de 30 años en España considera que los políticos no les escuchan. A nivel global, más del 40% de la población no confía en su Gobierno estatal y la misma cifra de jóvenes de entre 18 y 35 años considera que la democracia no es una forma de gobierno preferible a otras. Esto debe interpretarse como una señal de alerta de que las necesidades ciudadanas que se derivan de estas nuevas realidades no se están atendiendo desde el espacio público.
Para salvar la democracia, el primer paso es aceptar que nuestro sistema basado en libertades y derechos de ciudadanía se ha quedado corto y obsoleto
De lo que se trata es de actualizar la democracia, es decir, de tener una democracia del siglo XXI. Para esta ingente tarea es necesario analizar muy diversas variables que harían este artículo interminable. Por eso he identificado tres cuestiones que creo fundamentales para empezar a avanzar hacia esta actualización del sistema.
La primera es la participación ciudadana como herramienta para re-legitimar y mejorar los procesos de decisión pública.
La segunda es el nuevo papel del Estado y la reforma de la Administración Pública. Si el mundo ha cambiado parece razonable pensar que también el papel del Estado debe cambiar, adaptándose a las nuevas realidades. En este sentido, la reforma de la Administración Pública es vital en términos de digitalización, gestión de datos, evaluación y eficiencia.
Y la tercera es la revolución tecnológica. La amenaza que representa para la democracia y la oportunidad que ofrece para actualizarla a los retos del siglo XXI son las dos caras de una única moneda.
La participación ciudadana es probablemente una de las mejores herramientas para cerrar la brecha cada vez más grande entre instituciones democráticas y ciudadanía. Para ello es necesario que cambie el paradigma que permita percibir los procesos participativos como procesos que facilitan y ayudan a mejorar los procesos de decisión pública y no como meras obligaciones institucionales.
Contar con una mayor participación e implicación de la ciudadanía en las cuestiones públicas no sólo implica activar a los ciudadanos y ciudadanas con su comunidad, sino que va a permitir a la administración pública tomar mejores decisiones y mejorar todos y cada uno de los procesos de elaboración de política pública. Los líderes políticos reunidos la semana pasada en la Cumbre Mundial del Gobierno Abierto dejaron bien claro que «el reto es cambiar la perspectiva y empezar a considerar a la ciudadanía como fuentes de conocimiento, ideas, innovación y energía para el cambio».
La participación ciudadana es probablemente una de las mejores herramientas para cerrar la brecha cada vez más grande entre instituciones democráticas y ciudadanía
Para activar esta herramienta de mejora democrática es necesario ampliar el concepto de democracia haciéndolo más inclusivo contando con personas que actualmente se están quedando fuera, como las personas migrantes, la infancia o las personas mayores.
Las experiencias de democracia deliberativa que cada vez más instituciones están incorporando a su funcionamiento ordinario, desde la Comisión Europea a gobiernos locales, suponen un horizonte esperanzador a explorar.
Respecto al papel que juega el Estado y las Administraciones Públicas es vital reformular su función. Hoy el Estado comparte con otros actores de la sociedad la capacidad de producir respuestas a las necesidades actuales, por lo que reforzar su eficacia pasa por mejorar su capacidad de ordenar de forma eficiente estas respuesta destinadas a generar valor público.
Respecto a esta idea existe bibliografía interesante de autores como Mariana Mazzucato o Vernis y Mendoza que hacen referencia al Estado relacional para nombrar esta evolución del papel del Estado.
Y para que esta idea pueda cristalizar la reforma de la Administración Pública es una tarea ineludible que suma ya demasiado retraso. Las administraciones públicas deben ser una ayuda y un acompañamiento para la ciudadanía y no un entramado de dificultades que le complican la vida a las personas que precisamente más necesitan de su atención.
Y no hay reforma de la Administración Pública que no pase por gestionar la revolución tecnológica y que esta se ponga al servicio del conjunto de la ciudadanía agilizando y mejorando procesos y políticas públicas. Del mismo modo, estamos en un momento crucial donde la Inteligencia Artificial está determinando la automatización de la sociedad, el rumbo de las democracias y el bienestar de la población. Es esencial garantizar que el diseño, desarrollo e implementación de estos algoritmos por parte de las Administraciones respete la Carta de los Derechos Humanos, promoviendo así políticas públicas digitales centradas en las personas.
El hilo conductor de estos tres aspectos es precisamente las instituciones democráticas y su papel relevante en el abordaje de los enormes retos a los que nos enfrentamos. Que necesitamos mejor democracia y unas instituciones más presentes y ágiles se ha evidenciado con fenómenos como la pandemia o la invasión de Ucrania y sus enormes efectos a escala mundial.
Por tanto, hoy, Día de la Democracia, sigamos poniendo el acento en la necesidad de redoblar esfuerzos para mantener y actualizar un sistema que nos ha permitido construir sociedades más justas, igualitarias y libres. Si no lo conseguimos saldremos perdiendo todos y todas.
SOBRE LA FIRMA Paola Cannata es politóloga y responsable de incidencia y alianzas de Political Watch.
