¿Estamos preparados para estos nuevos desafíos? Y si no lo estamos… ¿lo estamos para un proceso de involución que afecta a la base de la legitimación democrática?
¿Qué debemos defender por encima de todo? ¿Qué valores, qué discursos, qué significados? ¿Qué instituciones? Vemos como incluso en los sistemas más presidencialistas, los parlamentos constituyen el más importante pilar democrático, el eje fundamental de legitimación del sistema, el símbolo de nuestras democracias, desde donde se puede rastrear toda la legitimidad democrática mientras la corrupción, el descontrol sobre los resultados electorales, la desafección y el agotamiento de ciertas estructuras institucionales atacan todo el sistema.
La representación, la legitima representación política, la confianza en la democracia representativa, sin embargo, al menos tal y como está estructurada hoy en día ─como fundamento del poder legislativo, dueña del presupuesto, control del poder y creadora del marco legislativo de la convivencia estable─ no posee la flexibilidad ni la efectividad necesarias para atender adecuadamente las nuevas demandas sociales.
Tal vez esto se debe a que está basada en un concepto que ya se encuentra desfasado. Hasta mediados del siglo XX, el principal actor político en las democracias era el denominado “pueblo soberano”. Este pueblo tenía un papel democrático que se limitaba prácticamente a ejercer su derecho al voto en elecciones periódicas, un acto que otorgaba legitimidad a casi cualquier acción política de los gobiernos y parlamentos durante el tiempo siguiente. La representación exigía confianza. Pero desconfiaba profundamente de quién se la otorgaba.
Un claro ejemplo de la limitada capacidad de respuesta de este modelo de democracia representativa lo podemos observar en la Constitución española de 1978. Aunque el texto fue aprobado por referéndum, a partir de ese momento, la ciudadanía perdió toda posibilidad de iniciar un proceso de reforma constitucional. La democracia representativa establecida por la Constitución de 1978 eliminó la figura del “constituyente” primario, ese pueblo vivo, dinámico y legítimo que debería tener la facultad de intervenir directamente en los procesos políticos. Actualmente, la iniciativa para reformar la Constitución está reservada exclusivamente al Gobierno, a las Cámaras de las Cortes y, con restricciones, a las Asambleas de las comunidades autónomas, excluyendo totalmente la posibilidad de que la ciudadanía presente propuestas legislativas populares en este ámbito.
En España ─ y en general, en nuestro entorno ─ no se ha querido poner en funcionamiento mecanismos que permitan una auténtica democracia participativa, cuando las tecnologías apuntan a mecanismos novedosos, revulsivas herramientas de participación… las estructuras institucionales no son capaces de reconocer estos avances y el sentido democratizador de estos procesos, estas permanecen finitas, rígidas, lentas, lo que sin duda las convierte en instancias lejanas y no reconocidas… ajenas a las personas que representan. ¿Cuántas iniciativas legislativas populares se han podido tramitar? El resultado es sonrojante.
Deberíamos comprender que los procesos democráticos son dinámicos, son estructuras cambiantes, la historia no crece linealmente, se entrecruzan crisis, guerras, involuciones, nuevas tecnologías, y no podemos asumir esos cambios con premisas estáticas. Nuestra obligación es reflexionar, hacernos las preguntas oportunas que permitan mantener los estándares más altos de democracia.
Lo que no pasa dentro de las instituciones, lo que no tiene reflejo en ellas, lo que se niega, lo que se reprime, lo que se oculta, nos deslegitima a los ojos de quien se ve privado de ese acceso, de esa voz que se alza en el parlamento en condiciones de autentica representatividad. Si las instituciones no son capaces de cumplir su función, la pluralidad de trasladar ese debate, estaremos perdiendo la oportunidad de construir sociedades justas, orgullosas y soberanas desde la única instancia que puede hacerlo: la democracia. Necesitamos de forma urgente restablecer un ámbito y una cultura de discusión ordenada y argumental, que representa en su confrontación la unidad de una comunidad política, de devolver la mirada de la ciudadanía empoderada a sus propios órganos de representación.
Necesitamos entender a la comunidad política y al propio parlamento, a las instituciones en general, como un reflejo representativo de la conversación social, algo que pudiéramos definir como el conjunto de personas que hablan entre sí sobre lo que es mejor para todas y todos.
No por casualidad el parlamentarismo es un invento antiguo, una institución que en sus diversas formas se hunde en la noche de los tiempos. Pero que ha conservado siempre el carácter de representación, de pluralidad y de interlocución con el poder.
Las cámaras de representación, debate y legislación no pueden ser reducidos a instrumentos decorativos pero tampoco convertirse en un poder dotado de sentido sólo en su enfrentamiento con el ejecutivo. Los parlamentos no existen sin interlocución con el poder, pero son otra cosa que el poder. Un contrapoder dentro del propio sistema de poder. Un lugar desde donde la pluralidad reclama ser escuchada, reclama ─y esto no es casualidad─ aprobar los gastos que el poder hace con el dinero de los impuestos, por muy impuestos que estos son y deban ser, que reclama independencia, autonomía, respeto… Pero también coherencia, compromiso y competencia. Pero si me permiten, también algo que entiendo fundamental: responsabilidad.
No por casualidad las dictaduras empiezan siempre disolviendo o controlando parlamentos… y creando luego marionetas de solemne vacuidad. Donde los Congresos pierden su función primordial de representación activa, la democracia languidece o muere.
De alguna forma, que los parlamentos fueran el punto de mira de las crisis políticas de hace un siglo, es algo que se comprende mejor desde el punto de vista de este carácter esencialmente plural y legitimador de sus integrantes y que bien nos puede hacer entender lo que puede estar ocurriendo en estos momentos.
En Europa nos gusta tratar nuestro pasado totalitario y bárbaro como si fuera algo que nada tiene que ver con nosotros mismos. Y es razonable. Como es razonable pensar que fue la conquista por parte de los trabajadores europeos del sufragio universal, y su acceso a los parlamentos, lo que desencadenó de pronto una enorme corriente de irresponsable simpatía, pasiva o activa, por parte de los dueños de las instituciones hacia aquellos pequeños grupos que precisamente clamaban contra la democracia, contra el parlamentarismo y contra la representación.
