Las decisiones políticas que se están tomando en materia de la Administración en los últimos tiempos no son fruto de una casualidad ni de una ocurrencia esperpéntica de unos pocos, sino que se han ido desenvolviendo en un contexto que se ha ido creando con una clara finalidad, que es la politización de todos los aspectos de la vida de los ciudadanos.
El mal que vivimos en este sentido no se perpetra, como ha podido suceder en tiempos pretéritos, de una manera muy clara, por lo que su detección en muchas ocasiones tampoco es tan fácil, por eso hay que estar muy atentos a los signos del mismo, para poder ser conscientes de a qué tipo de enemigo nos estamos enfrentando y qué acciones pueden adoptarse.
Antes que nada, quede dicho de antemano, para aquellos que quieran descalificar la libertad de opinión de una servidora, que esto no va de derechas o de izquierdas, sino que va de libertad, de sentido común y de pensar en el bien de todos y no sólo de unos pocos. En definitiva, de pensar en nuestros ciudadanos.
¿Y qué pasa con los ciudadanos?
Dejando a un lado todo lo que en estos momentos está viviendo España en muchos aspectos, llama la atención ver cómo los ciudadanos, acreedores de los servicios públicos que pagan con sus impuestos, realizando un esfuerzo mayúsculo en no pocas ocasiones, ya no son los partícipes de nada, ya no pintan nada en el panorama actual, por mucho que los dirigentes políticos les mencionen en numerosas ocasiones para simplemente tenerles cogidos por el cuello. Aunque no seamos conscientes de que la dulce soga que nos rodea, nos está ahogando de manera evidente.
Nuestra Constitución reza, en su artículo 103, que la Administración sirve con objetividad a los intereses generales. Esa frase tan simple entraña un cúmulo de cuestiones que son tan relevantes en nuestro tiempo que de ellas depende, en gran medida, la subsistencia, no sólo de nuestra Administración, sino de nuestra democracia.
Esto no va de derechas o de izquierdas, sino que va de libertad, de sentido común y de pensar en el bien de todos y no sólo de unos pocos. En definitiva, de pensar en nuestros ciudadanos
En primer lugar, es fundamental ser conscientes de que los funcionarios no estamos en la Administración para otra cosa distinta a la de servir. De entre todas las definiciones que se recogen en el diccionario de la RAE, la idea fundamental que aplica a la ocasión hace referencia al hecho de estar al servicio de alguien, lo que supone realizar la actuación, el trabajo, la misión o el auxilio que ese alguien le reclame.
Ese alguien no es un ente abstracto sin más, sino que es alguien tan concreto y palpable como son los ciudadanos. Frente a esta idea, los políticos actuales tienden a pensar que el mero hecho de que ellos dirigen la Administración debe implicar que nosotros, los funcionarios, debemos servirles a ellos.
Los funcionarios y la comunidad
En segundo lugar, ese servicio no puede realizarse con cualquier criterio ni bajo ninguna presión ideológica, sino que tiene que prestarse de una manera objetiva. La objetividad implica neutralidad, imparcialidad y ecuanimidad.
En tercer lugar, ese servicio realizado de una manera imparcial debe prestarse atendiendo al interés general que no es otro que el interés de la comunidad, y no de ningún ente privado o incluso, aun siendo la comunidad lo que identificamos con lo público, de una parte exclusiva de esa comunidad. Los funcionarios tenemos que velar por el interés de todos, independientemente de la ideología que tengan los ciudadanos que pertenecen a esa comunidad.
Es fundamental ser conscientes de que los funcionarios no estamos en la Administración para otra cosa distinta a la de servir
Si unimos todo lo anterior para poder llegar al resultado correcto, podemos concluir que el funcionario, que no es otra cosa que aquel trabajador de la Administración a la que se refiere el mencionado artículo 103 de nuestra Carta Magna, debe estar buscando siempre el servicio a la comunidad con la mayor neutralidad posible, adoptando decisiones ecuánimes basadas en la Ley y no en ningún tipo de presión ni interés de carácter particular.
Lo lamentable de todo esto, es que lo que era la manera habitual de actuación de nuestra Administración se está viendo alterada y violentada en los últimos años por lo que algunos funcionarios hemos denominado un claro intento de colonización de la Administración por parte de nuestros políticos, provocada a través de cambios paulatinos, pero evidentes, en las reglas de juego, de algo tan importante para nuestra Administración como es la forma de selección de los funcionarios que la integran. Si los funcionarios se eligen bajo criterios subjetivos y politizados, ¿En qué lugar queda el ciudadano?
Si los funcionarios se eligen bajo criterios subjetivos y politizados, ¿En qué lugar queda el ciudadano?
Ante este panorama ciertamente desolador, los funcionarios debemos preguntarnos qué podemos hacer. Lo primero y lo más importante es no perder la esperanza. Lo contrario, la desesperanza, el desánimo, la apatía resultan totalmente destructivas y nos invitan a dejarlo todo como está, porque nosotros solos ¿¡Qué podemos hacer!?
En mi opinión, esa actitud es absolutamente inaceptable sin más, pues en la historia del Hombre y, en concreto, en la de España, tenemos conocidos ejemplos de cómo la actitud y la acción de unos pocos han podido cambiar el curso de nuestra Historia, en algunos casos para bien y en otros para mal, por lo que no debe aceptarse el no por respuesta. Juega aquí de lleno la frase de Edmund Burke que ha calado en muchos de nosotros y que proclama que: “Para que el mal triunfe sólo hace falta que los hombres buenos no hagan nada”. Por lo tanto, nosotros tenemos el deber moral, ahora más que nunca, de actuar con cada una de nuestras pequeñas acciones, pues entre muchos podemos llegar a cambiar la deriva de esta situación.
Nosotros tenemos el deber moral, ahora más que nunca, de actuar con cada una de nuestras pequeñas acciones, pues entre muchos podemos llegar a cambiar la deriva de esta situación
El deber de la objetividad
Además del optimismo, es fundamental hacer lo que decía Julián Marías, recogiendo los postulados de Ortega y Gasset. España tiene que tomar posesión de sí misma, es decir, ser consciente de su propia realidad en su integridad. Si España y, concretamente, sus funcionarios, toman posesión de su realidad, podrán proveer acciones que busquen el servicio objetivo a los ciudadanos, alejándose de toda injerencia política.
Y finalmente, debemos ejercer todas las acciones legales que estén en nuestras manos para poder cambiar las cosas. Esto es fundamental encauzarlo a través de las distintas asociaciones de funcionarios que hoy día existen y que, salvo excepciones puntuales y no deseables, no se asocian, afortunadamente, a ningún tinte político.
Señores gobernantes: la política no debe inmiscuirse en los asuntos que no le corresponden. Una cosa es dirigir la Administración y otra controlar al funcionario para que sirva, no al ciudadano, sino a un determinado partido o a una ideología concreta. Esto implica una suerte de “desviación de poder” inaceptable, desde el punto de vista democrático pero que, lamentablemente, es lo que está sucediendo en nuestros días, en muchos casos, con nocturnidad y alevosía, para tratar de evitar las reacciones de quienes aún seguimos con fuerzas y ánimos para pelear por el bien común.
Claro ejemplo de todo ello es el cambio paulatino en los ejercicios de las oposiciones a muchos cuerpos de funcionarios, sustituyendo exámenes exigentes y objetivos, por pruebas sencillas, de bajo nivel, en algunos casos de risa, y con criterios subjetivos, como son las entrevistas o, por ejemplo, introduciendo funcionarios interinos para el ejercicio de funciones que implican potestades públicas tan delicadas como la tributaria.
Esos nunca deben ser lo criterios adecuados para seleccionar a quienes deben servir con objetividad al interés general y, sin embargo, es lo que en estos momentos está sucediendo en nuestro país, sin que parezca que se esté haciendo nada al respecto.
Señores gobernantes: la política no debe inmiscuirse en los asuntos que no le corresponden
En conclusión, los funcionarios debemos estar alerta, no debemos desfallecer en la lucha por la defensa de un buen servicio a los ciudadanos y debemos hacer pública toda tropelía que se esté perpetrando desde el mundo político en contra de ellos, porque si no lo hacemos, si no tomamos cartas en el asunto, si no gritamos y hacemos público todo lo que estamos viendo y si no llevamos a los tribunales todas estas barbaridades, nosotros, no como funcionarios sino como ciudadanos, lo vamos a pagar muy caro.
SOBRE LA FIRMA Ana de la Herrán es la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado desde el pasado 1 de febrero de 2023. Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado desde 2006 y ha trabajado en el Área de Aduanas de la Agencia Tributaria y en el Tribunal Económico Administrativo Regional en Madrid.