Hablemos de energía nuclear… que es tanto como decir ‘hablemos de independencia energética’. En España, vamos regular.
El PSOE ataca de manera explícita esta fuente de energía. Los de Ferraz apoyan sin fisuras el cierre de las centrales nucleares: desde González que clausuró el plan nuclear español -tanto es así que nunca llegó a inaugurar las centrales de Lemoniz y Valdecaballeros, casi listas para entrar en acción-, hasta el ecofanatista Sánchez, que insiste en convertir a los españoles en rehenes energéticos de terceros países.
Por cierto, y hablando de rehenes… ya lo fuimos los españoles en el 1984 de González, cuando tuvimos que indemnizar a los constructores de las centrales por una obra que no pudieron rentabilizar.
Si, como se dice, fueron las presiones de los sindicatos de la minería -que veían peligrar su influencia- y del socialismo internacional -que veía en España un competidor- los motivos de esa paralización, es otra historia.
Las inversiones que se quedaron por el camino han impactado directamente en la factura de la luz de los españoles
El PP, mientras, ataca a medias la nuclear. Tenemos a Valencia y Extremadura -con los de Génova al frente- que mantienen impuestos especiales a las nucleares. Pero este ataque viene de lejos.
El cierre de Zorita lo decidió Aznar en 2002 y el de Garoña lo confirmó Rajoy en 2013 -y lo celebró Maroto-. Ahora, a golpe de sondeo y encuesta, esconden algunos tuits y desean hipócritamente ‘larga vida a las centrales’.
¿Y los separatistas? De la oposición a cara descubierta a la más sibilina… pero ni una acción a favor.
Así las cosas, no mentimos al afirmar que el único partido que defiende con contundencia la generación eléctrica nuclear es Vox. En efecto, los de Abascal hemos presentado varias iniciativas parlamentarias en el Congreso en las que reclamamos: prorrogar la vida útil de las centrales nucleares actualmente operativas en España; que se estudie y se instalen nuevas centrales, ya sean reactores SMR o de tecnologías ya utilizadas en los emplazamientos autorizados adyacentes a las nucleares en operación; reducir los impuestos estatales que asfixian esta tecnología y que ninguna otra tiene que soportar; rebajar la tasa Enresa -para el pago de la empresa que gestiona los residuos nucleares-, que en la última legislatura se ha casi duplicado.
