Estamos ante una de las legislaturas más complejas de nuestra actual democracia. El gobierno conformado por PSOE y Sumar no tiene los 176 escaños necesarios que le empujen a continuar la senda de una agenda legislativa de transformación como la vivida durante el anterior mandato.
Es complicado imaginar ahora una reforma laboral como la aprobada en el mandato anterior, más alineada con las demandas sindicales que de la patronal, y tampoco parece realista pensar en una cartera de proyectos de ley que dé nuevo impulso a derechos significativos de ciudadanía.
El reto de la transformación social
En este contexto se enmarca el lanzamiento del ‘Manifiesto Ampliando Democracia‘, impulsado por quince organizaciones de la sociedad civil, con la adhesión de más de 25 personas expertas, periodistas y expolíticos. Con este proyecto, los responsables quieren expresan su preocupación por la debilidad del actual sistema democrático y exigir un consenso político para implementar un paquete de medidas de refuerzo.
Si echamos la vista atrás, con el impulso que tuvo el 15M para las políticas de participación y rendición de cuentas, una ola de reformas se abrió paso, dando lugar a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, norma que acaba de cumplir diez años y que el propio PP exige reformular en algunos de sus aspectos.
La voluntad de seguir impulsando una agenda de transformación ha ido perdiendo fuelle en la última década, coincidiendo con una tendencia global que hace que nuestro sistema democrático esté atravesando ese momento de debilidad que constatan diversos estudios académicos.
La desafección, especialmente presente entre la población más joven y los colectivos más vulnerables, se traduce en un cuestionamiento del propio sistema democrático
Según datos de Naciones Unidas, el 80% de los jóvenes españoles menores de 30 años sienten que los políticos no les escuchan y un estudio reciente muestra que el 33% del alumnado de 14 años en España no cree que la democracia sea la mejor forma de gobierno. A las dificultades de nuestros poderes públicos para dar respuesta a los principales retos –sociales, medioambientales y convivenciales– se le une la percepción, cada vez más generalizada y extendida, de que los gobiernos no representan los intereses de la ciudadanía.
La desafección, especialmente presente entre la población joven y los colectivos vulnerables, se traduce en un cuestionamiento del sistema democrático y de la representatividad de los poderes e instituciones públicas democráticas.
Conferencia Global en 2025
Atajar esta realidad es motivo suficiente para intentar, al menos, articular un consenso mayoritario de las fuerzas políticas que dé pie a las reformas pendientes, máxime cuando España presidirá el Comité de Dirección de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) en octubre de este año, estando bajo los focos como anfitrión de una Conferencia Global en 2025 que reunirá a todos los Estados miembro de la organización mundial y a representantes de la comunidad global de Gobierno Abierto.
De otra manera, será difícil explicar que nuestro Congreso de los Diputados exija que una iniciativa ciudadana (ILP) presente medio millón de firmas para comenzar su andadura legislativa, proporcionalmente 5 veces más firmas para activar una ILP que las solicitadas en la UE para la Iniciativa Ciudadana Europea, 7 veces más que en Reino Unido y 12 veces más que en Italia.
‘Manifiesto Ampliando Democracia’
Así mismo, el derecho de petición en España es una figura irrelevante, mientras que en los países de nuestro entorno se trata de una herramienta ágil, moderna y eficaz para que la ciudadanía pueda defender sus intereses legítimos, participar en las tareas públicas e introducir propuestas en el funcionamiento ordinario de las instituciones públicas.
Tampoco se debería normalizar que en España no exista una voluntad real de rendición de cuentas, cuestión básica junto a las anteriores que debiera ser ya realidad de nuestro sistema democrático aprovechando además las oportunidades que ofrecen las tecnologías de este 2024.
El ‘Manifiesto Ampliando Democracia‘ trata estas y otras acciones a impulsar:
- Abordar dilemas políticos complejos como los que vivimos actualmente, como forma de aislar el clima polarizante actual.
- Solicitar reformas que mejoren los mecanismos de participación ciudadana en los órganos consultivos de la Administración General del Estado.
- Modificar los procedimientos de consulta pública en proyectos normativos para que estos procesos de información y participación en la elaboración de las futuras leyes no se escondan en portales webs obsoletos.
Ciudadanía activa
El debate generado recientemente sobre el fichaje frustrado del exministro Alberto Garzón por la consultora Acento, nos recuerda que sigue siendo una tarea pendiente regular la actividad de los grupos de interés para reducir los riesgos de fraude y corrupción. Más cuando la Unión Europea ha instado repetidamente a España a que apruebe una regulación y un registro a nivel nacional.
El momento es propicio para impulsar las transformaciones legislativas que permitan modernizar el sistema democrático
En definitiva, la clave es asentar las bases que permitan promover una ciudadanía políticamente activa y socialmente implicada y comprometida, comenzando por garantizar la inclusión de la infancia y la juventud en modelos de participación de los que actualmente son excluidos.
Nuestro país se convierte este año y el que viene en la sede del debate social y político sobre los avances, innovaciones y futuro de la democracia participativa y el gobierno abierto. El momento es propicio para impulsar las transformaciones legislativas que permitan modernizar el sistema democrático y, en concreto, acabar con el poco desarrollo normativo que, hasta ahora, se ha realizado sobre el derecho a la participación ciudadana en el ámbito nacional.
Ojalá seamos capaces de articular un consenso de largo alcance que haga que nuestra democracia sea más ancha, más robusta y menos vulnerable. Apostar hoy por más y mejor democracia no sólo es posible, sino que es necesario y es inteligente.
SOBRE LA FIRMA Javier Pérez es director de Political Watch. Licenciado en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Es especialista en participación ciudadana, tecnologías cívicas e incidencia pública. Pedro J. Ortega es consultor de políticas de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto en Osoigo.com. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Málaga y especialista en Lenguaje para la Igualdad. Ha sido consejero técnico de información en los Ministerios de Consumo y en el de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante la XIV Legislatura.