Ley de Servicios Digitales y la protección de los menores en Internet: un espacio digital seguro

La diputada socialista Adriana Maldonado reflexiona sobre la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Servicios Digitales y la protección de menores en Internet.

Europa ya es el primer continente del mundo en regular a las grandes plataformas tecnológicas y sus servicios. Un hito sin precedentes que nos sitúa a la cabeza en cuanto a seguridad y transparencia en el sector digital y nos permite liderar una digitalización justa que marque el camino del resto de los países en este ámbito.

El 17 de febrero ha entrado en vigor el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), una normativa aplicable directamente a todos los países, sin transposición.

España, pionera en la regulación tecnológica

Al hilo de esta regulación, el Gobierno de España, bajo el liderazgo del presidente Pedro Sánchez, va a comenzar a trabajar en una Ley integral de protección de los menores en internet para evitar su acceso a contenido pornográfico y de violencia, que seguro será de interés para los menores, sus familias y el ámbito educativo, pero también para la industria, que espero sea cómplice en la protección de derechos de los menores.

Europa comenzó la batalla de la regulación tecnológica y España será el primer país en aprobar una norma con una filosofía común. Lo que es ilegal offline, también lo es online.

Dos años puede parecer mucho tiempo, pero todo es cuestión de perspectiva. La Ley de Servicios Digitales (DSA) la aprobamos en el pleno del Parlamento Europeo en julio de 2022 con una abrumadora mayoría de 539 votos y tiene como objetivo principal definir los estándares europeos para un espacio digital más seguro y abierto para los ciudadanos a la vez que pone obligaciones a las empresas digitales hasta ahora en un limbo legal.

Europa comenzó la batalla de la regulación tecnológica y España será el primer país en aprobar una norma con una filosofía común

La Ley de Servicios Digitales (DSA) no puede ser analizada sin su ley hermana -y negociada en paralelo-, la Ley de Mercados Digitales (DMA). Una ley antimonopolio cuyo objetivo es poner límites al poder de los gigantes de internet como Google, Apple, Meta o Amazon, tras constatar Bruselas que las normas de libre competencia existentes hasta ahora no han evitado el abuso de poder de las plataformas.

Beneficios de la Ley de Servicios Digitales

Entre los beneficios que la DSA aportará a la ciudadanía se incluyen salvaguardias para proteger los derechos fundamentales: una mayor protección para las víctimas de ciber-violencia, la posibilidad de denunciar si hay contenido ilegal en la plataforma (que se deberá retirar), una mayor seguridad de los productos y servicios comprados a través de los mercados en línea y una compensación para los usuarios y usuarias, que tendrán derecho a buscar reparación por cualquier daño o pérdida sufrida debido a las infracciones de las plataformas.

Pero, desde mi punto de vista, el mayor avance en cuanto al concepto humanístico y los derechos digitales basados en nuestros valores éticos europeos, la medida más vanguardista y también la más compleja de acordar, es la medida que prohíbe la publicidad dirigida a menores.

Desde la entrada en vigor se prohíbe cuando se traten datos confidenciales y en plataformas accesibles a menores. Esta medida es la base de mucha legislación nacional que podrá venir en el futuro y en donde Europa ya ha marcado la línea de protección a seguir.

El mayor avance en cuanto al concepto humanístico y los derechos digitales basados en nuestros valores éticos europeos es la medida que prohíbe la publicidad dirigida a menores

Por último, un aspecto fundamental que aborda la DSA son las multas que las plataformas online y los motores de búsqueda podrán recibir si incumplen las normas y que podrían llegar hasta un 6% de su facturación mundial.

Todo ello se traducirá en una menor exposición a contenido ilegal y una mayor protección y respeto de los derechos y libertades fundamentales de los consumidores.

SOBRE LA FIRMA
Adriana Maldonado es diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados y portavoz de la Comisión de Industria.
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