Comienzan a asentarse los cimientos que podrían cristalizar en un Pacto de Estado para proteger a los jóvenes en Internet y en redes sociales. Todos los ingredientes están dispuestos. Por un lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó a mediados de enero que pretende aprobar una ley para atajar los problemas derivados del acceso de menores de edad a contenidos pornográficos.
Por otro, media docena de asociaciones presentan este martes en el Congreso una propuesta de 15 medidas que cuenta con el apoyo institucional de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Fiscalía General del Estado. La CNMC también se ha adherido a un documento que podría dibujar las líneas maestras del acuerdo de país.
La Asociación Europea para la Transición Digital (AETD), Save The Children, Fundación ANAR, iCMedia, Dale Una Vuelta y Unicef han elaborado un documento con iniciativas concretas para proteger a la infancia y la adolescencia en el mundo digital que van desde la creación de Escuelas para Padres y Madres a protocolos a implementar en la Atención Primaria, pasando por limitar el acceso a contenidos inadecuados y reforzar los mecanismos de verificación de edad.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha reunido con la AEPD, precisamente, para avanzar en todas estas cuestiones.
Inversión para educar y por salud
El Pacto de Estado propuesto por las asociaciones parte de un reconocimiento de que el uso compulsivo de la tecnología es un grave problema de salud pública y ha de ser afrontado como tal. Exigen, en consecuencia, que se proporcione asesoramiento, información y se dispongan medidas preventivas, haciendo especial hincapié en la pornografía y sus efectos, arista sobre la que ya ha percutido Sánchez anunciando una ley en sintonía.
El desafío requiere de una importante inversión, reformando las líneas de ayuda ya existentes y estableciendo nuevas para abrir centros especializados por unidades de adicciones comportamentales; facilitar protocolos, recursos y herramientas a la Atención Primaria para detectar problemas derivados del consumo de Internet; crear Escuelas de padres y madres para formarles y que puedan educar a sus hijos en un consumo responsable de los entornos digitales; así como apostar por la formación al profesorado.
Las asociaciones piden abrir centros especializados y disponer de protocolos, recursos y herramientas en la Atención Primaria.
Dispositivos y restricciones
Una de puntos nucleares del Pacto de Estado es la limitación de acceso a contenidos inadecuados. Para ello, en primer lugar, habría que identificar los contenidos perjudiciales, especialmente las escenas pornográficas, el lenguaje inapropiado y la violencia, tanto física como psíquica.
Una vez detectados estos ecosistemas nocivos, establecer mecanismos de verificación de edad de la persona usuaria del dispositivo que sea eficaz, pero al mismo, tiempo, no invasivo y respetuoso con los derechos relacionados con la privacidad y los datos personales.
El rol de la CNMC y la AEPD
El documento elaborado por las asociaciones recoge que habrá de reforzarse instituciones como la CNMC y la Agencia Española de Protección de Datos para dotarlas de recursos y competencias.
La CNMC es la autoridad responsable de supervisar que los sistemas de verificación de las plataformas de vídeo sean adecuados, por lo que su rol será nuclear a la hora de limitar el acceso a ciertos contenidos, ya sea mediante sistemas de verificación de edad o etiquetado inteligente. El pasado 31 de enero, la CNMC cerró una consulta pública sobre los criterios para verificar que las plataformas de vídeo impidan el acceso a menores a la pornografía, la violencia, el juego y cualquier otro entorno digital nocivo.
La CNMC es la autoridad responsable de supervisar que los sistemas de verificación de las plataformas de vídeo sean adecuado.
Por su parte, la AEPD presentó el pasado mes de diciembre un sistema de verificación de edad que prevé tener listo en el verano de 2024. Se desconoce aún si se trata de una aplicación, un código QR o un certificado digital. Sí que ha trascendido que el mecanismo tratará el atributo de la edad sin que la identidad de la persona sea accesible para páginas web e impondría una edad mínima de 14 años para acceder a redes sociales.
Los ocho ejes del Pacto 1. Reconocer el problema. 2. Adoptar medidas de atención y orientación. 3. Educar. 4. Limitar el acceso a contenidos inadecuados. 5. Diseños de productos y servicios digitales teniendo en cuenta la edad. 6. Algoritmos que respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 7. Responsabilidad de todos los agentes implicados, incluida la industria. 8. Marco legal de rendición de cuentas para directivos.
Regulación
Entre las medidas, se cita la necesidad de que las comunidades autónomas limiten el uso de los móviles en centros educativos y se adecúe el de los dispositivos tecnológicos en el aula.
A finales de enero, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, se reunió con representantes de las comunidades autónomas para trasladarles la propuesta del Gobierno, consistente en un uso cero del móvil en Infantil y Primaria, y limitado a actividades pedagógicas en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Previamente, la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado ya aprobó por unanimidad prohibir los teléfonos móviles en las aulas, con algunas excepciones.
A día de hoy, nueve territorios se han sumado a la iniciativa. Comunidad de Madrid, Aragón, Galicia, Castilla y León, Castilla- La Mancha, Región de Murcia, Andalucía y las dos últimas en plegarse, Canarias y, a partir del curso 2024/2025, Cataluña. Cantabria no lo ha prohibido, pero recomienda no usarlo; y Extremadura, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares están en proceso.
Reto de país
Según datos del Digital Report España 2023, más de 45 millones de españoles usan a diario internet. De ellos, 40,7 millones tienen al menos una cuenta en una red social. La edad media en España de acceso al primer teléfono móviles es antes de los 11 años (10,96 concretamente). El 90,8% de los adolescentes lo utilizan para conectarse todos los días y el 98% está registrado, como mínimo, en una red social.
Con este escenario como telón de fondo, si bien la tecnología presenta grandes oportunidades, también genera riesgos y problemas, especialmente entre los menores. Los dispositivos, Internet y las redes impactan en su evolución y en el neurodesarrollo, pudiendo potenciar problemas de socialización y/o salud mental, como la ansiedad y la depresión. En entornos digitales también proliferan situaciones de violencia como el acoso escolar y sexual. Todo ello, agravado por modelos de negocio de grandes plataformas y redes sociales que pivotan en torno a la captación de la atención de estos niños y niñas.