QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los valencianos y valencianas somos, de nuevo, los grandes perdedores de este partido, el de la financiación. Lo somos porque este partido se ha jugado en desigualdad de condiciones. Jugar descalzo o con las zapatillas más resistentes genera un desajuste de oportunidades de partida, que solo es superable con la corrección de la propia desigualdad: yendo al origen del problema para que sea posible que el juego se desarrolle con las mismas condiciones. Entonces, estaremos ante una situación justa.
Y no, no me estoy refiriendo a nada que tenga que ver con el deporte, hablo de las cosas del comer, de la disparidad que el modelo de financiación actual, caducado por cierto, ocasiona en los recursos que disponemos los valencianos y valencianas para sostener nuestra vida, nuestros servicios públicos básicos que garantizan nuestra calidad de vida. En definitiva, de las condiciones paupérrimas a las que nos avoca el Estado, con su injusta distribución de recursos económicos.
Para poner al lector en situación, en 2009 se acordó el actual modelo de financiación para las quince comunidades autónomas de régimen común, con un claro compromiso, revisar el modelo pasados cinco años. Lo que parecía un modelo transitorio se ha convertido en nuestra condena, porque cinco años después no se revisaron las condiciones de juego, y dieciséis años más tarde seguimos esperando mientras soportamos las injustas condiciones del modelo de 2009.
Es de miseria que quién es culpable del 78% de nuestra deuda pública nos ofrezca una condonación de poco más del 19%
En 2025 nos encontramos con una propuesta de condonación de la deuda, por parte del Ministerio de Hacienda, que se etiqueta fácilmente como miserable. Porque es de miseria que quién es culpable del 78% de nuestra deuda pública nos ofrezca una condonación de poco más del 19%. Migajas que nos vuelven a situar a la cola, que nos condenan al abismo del abismo.
Compensar poco más del 19% es continuar perpetuando un modelo que nos impide atender nuestras competencias en sanidad, en educación, en protección social o en vivienda. ¿Acaso la sanidad o la educación de los valencianos y valencianas vale menos que la de cualquier otra persona?
Mientras que nosotros tenemos que dedicar el 92% de los recursos para tener unos servicios públicos con una mínima calidad, el resto de comunidades autónomas, de media, dedican el 83%. Hagan números porque yo, por más que los hago, no me salen las cuentas claras.
Siguiendo con la cronología, por destacar algo, en enero de 2017 se convocó la Conferencia de Presidentes donde se acordó el inicio de la reforma. Ocho años después la propuesta de reforma sigue sin aparecer, al Gobierno central le ha dado absolutamente igual saber que el País Valencià se ha enfrentado, completamente descalzo, a una crisis financiera, a crisis de la deuda pública, a un aumento de la inflación, a una pandemia o, como ahora estamos atravesando, a una DANA y sus consecuencias de dimensiones sin precedentes: más del 20% del stock de capital público afectado.
Ninguno, absolutamente ninguno, de estos episodios han sacado de la inacción a los gobiernos centrales desde 2014, presididos tanto por el PP (hasta junio de 2018) como por el PSOE (desde junio de 2018).
Ahora, el Ministerio de Hacienda, propone condonar 83.252 millones de euros a las comunidades autónomas de régimen común, para compensar la insuficiencia de ingresos sufrida durante la crisis económica de 2008. Una condonación, por cierto, de una deuda generada por un modelo de financiación que ha promovido y legitimado el propio Estado y todos los gobiernos que lo han dirigido desde 2014. ¿De qué sirve esta condonación para los valencianos y valencianas, sin una nueva propuesta de modelo de financiación autonómica? Papel mojado.
No se puede hablar de propugnar como valores superiores en el ordenamiento jurídico la igualdad o la justicia porque quedan desactivados viendo el trato en la financiación valenciana
Papel mojado y humillación, porque siendo la Comunidad Autónoma más perjudicada por un modelo desigual e injusto, ahora el Ministerio de Hacienda en su propuesta de condonación nos vuelve a dejar a la cola. Mientras que al País Valencià, repito que somos los peor financiados, nos condonan el 19% de la deuda, la media de condonación es del 36%: hay comunidades sobre financiadas con una condonación del 32% y, otras infrafinanciadas, que tienen una propuesta de condonación de casi el 50%. ¿Por qué los valencianos y valencianas no?
Las condiciones que plantea el Ministerio de Hacienda y sin ninguna propuesta más, es la legitimación de un modelo que nos sitúa a la cola en oportunidades dentro de un Estado que se autodenomina, en el Artículo 1 de la Constitución como “social y democrático de derecho”, pero que no hace gala de esa denominación en la práctica porque no garantiza, ni de lejos, la igualdad de oportunidades de los ciudadanos que lo habitan. No hablemos ya de propugnar como valores superiores en el ordenamiento jurídico la igualdad o la justicia, porque quedan desactivados viendo el trato en la financiación valenciana.
No hay debate, el Estado tiene que asumir el 100% de la deuda valenciana que es consecuencia de su mal hacer, de la prórroga infinita de un modelo caduco e injusto. Desde Compromís tenemos propuestas que el Ministerio de Hacienda conoce para la asunción progresiva de la totalidad de la deuda. Queremos los recursos que nos corresponden, como a todas las comunidades autónomas, ni más ni menos. Lo justo, lo proporcional, lo equitativo.
Por ello, exigimos también, por imperativo legal, que el gobierno central presente de una vez una propuesta para reformar el sistema de financiación autonómico, en compañía de la condonación de la deuda, por supuesto; y en la fase de transición hacia el nuevo modelo, que se cree un Fondo de Nivelación que nos saque del pozo en el que nos han metido tras años de irresponsabilidad el PP y el PSOE.
El gobierno central, gobierne quien gobierne, no puede continuar de espaldas a lo que el Congreso y el Senado, pero también les Corts Valencianes, han aprobado en reiteradas ocasiones. Pero, especialmente, no puede continuar de espaldas al clamor de toda la sociedad valenciana que ven pisoteados sus derechos, en una evidente posición de inferioridad respecto del resto de comunidades autónomas.
Que el gobierno central sea responsable, se comporte como el gobierno de un verdadero Estado democrático y social de derecho, y nos permita a los valencianos y valencianas financiar dignamente nuestros servicios públicos. Queremos unas zapatillas que nos permitan jugar con dignidad.
SOBRE LA FIRMA:
Àgueda Micó es diputada por Valencia, portavoz de Compromís en el Congreso y adjunta de Sumar.
