QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Pese a los avances normativos y sociales de las últimas décadas, las personas con discapacidad siguen encontrando enormes barreras para acceder al empleo. Hoy, su tasa de actividad apenas supera el 34 %, frente al 58 % del conjunto de la población, y esa brecha se agrava cuando hablamos de personas con especiales dificultades, donde el empleo efectivo no alcanza el 20 %.
En ese contexto, los centros especiales de empleo (CEE) han sido, durante más de 40 años, la principal puerta de entrada al mercado laboral para decenas de miles de personas con discapacidad en España. Más del 70 % del empleo protegido se canaliza actualmente a través de estos centros. Y si la inclusión laboral es una política pública prioritaria —como afirman todas las estrategias nacionales e internacionales—, no podemos permitirnos desatender ni debilitar un modelo que ha demostrado ser eficaz, sostenible y transformador.
Hoy existen en España más de 2.300 CEE de distinta naturaleza jurídica y titularidad. Algunos son de iniciativa social y otros de iniciativa empresarial. Pero todos tienen algo en común: ofrecen empleo remunerado, estable y adaptado a personas con discapacidad. Y todos, sin excepción, están sometidos a las mismas obligaciones legales, de calidad y de apoyo a los trabajadores.
Por ello, desde la Confederación Nacional de CEE (Conacee) -la principal patronal del sector- defendemos con firmeza ese modelo plural y complementario, que ha sabido combinar compromiso social, gestión profesionalizada y sostenibilidad económica. Solo así se explica que el empleo protegido en CEE represente hoy una herramienta real de integración sociolaboral en sectores clave para la economía, como los servicios de limpieza, transporte, logística, atención social o mantenimiento industrial.
Ese impacto no es solo social. También es económico: según un informe de Deloitte, los CEE en su conjunto generan más de 10.000 millones de euros de PIB, mantienen cerca de 122.000 empleos y aportan más de 1.500 millones en retornos fiscales. Estas cifras, aunque importantes, no reflejan del todo su verdadero valor: el de ofrecer oportunidades a quienes más difícil lo tienen.
Por eso preocupa —y mucho— que, a través del nuevo Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, pueda consolidarse una lectura restrictiva del concepto de economía social que pueda acabar excluyendo a cientos de CEE del acceso a los apoyos públicos necesarios para su sostenibilidad. Hablamos, por ejemplo, de aquellos de iniciativa empresarial, que representan cerca del 69 % del total de CEE y generan más del 57 % del empleo protegido.
No se trata de un debate ideológico ni jurídico. Es una cuestión práctica. Si todos los CEE responden a las mismas exigencias legales y sociales, todos deben contar con las mismas condiciones de reconocimiento, apoyo y financiación. Penalizar a unos por su forma jurídica es injusto, pero además es ineficiente: implica poner en riesgo miles de empleos sin ofrecer una alternativa real a quienes podrían perderlos.
Los departamentos de Recursos Humanos tienen en sus manos herramientas potentes para avanzar hacia plantillas más inclusivas
Aún estamos a tiempo de corregir esa deriva. Para ello es esencial que las administraciones públicas escuchen al sector y reconozcan su diversidad. Necesitamos un marco normativo que respete la pluralidad de modelos y que refuerce aquello que ya funciona: empresas que, con independencia de su titularidad, generan empleo inclusivo, estable y digno para personas con discapacidad.
La empresa privada también tiene un papel esencial. Cada vez más compañías incorporan la diversidad como valor estratégico, y los departamentos de Recursos Humanos tienen en sus manos herramientas potentes para avanzar hacia plantillas más inclusivas. Pueden hacerlo directamente, contratando a personas con discapacidad. Pero también pueden apoyarse en los CEE mediante la externalización de servicios, contribuyendo así a sostener estructuras de inclusión laboral altamente especializadas.
En Conacee acabamos de cumplir 25 años de trayectoria, y seguimos creyendo en un modelo integrador, útil y necesario. No hay un solo camino hacia la inclusión laboral. Pero todos los caminos deben pasar por el reconocimiento, el apoyo y la puesta en valor de quienes llevan décadas construyéndola desde la base. Porque mientras exista una sola persona con discapacidad sin acceso al empleo, todos los CEE —los de iniciativa social y los de iniciativa empresarial— seguirán siendo imprescindibles.
SOBRE LA FIRMA:
Albert Campabadal Blanco es presidente de la Confederación Nacional de Centros de Empleo Especiales (Conacee) desde hace un año, y también preside l’Associació Catalana de Centres Especials Treball de Iniciativa Privada (CETIP). A su vez, es presidente de Sifu, centro especial de empleo dedicado a la prestación de facility services socialmente responsables con presencia en España, Francia y Andorra y 5.000 trabajadores, de los cuales 4.000 son personas con discapacidad. En paralelo, forma parte de la junta directiva del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y Dependencia.
