QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Con una previsión que apunta a superar los 5.000 profesionales en los próximos años, los asuntos públicos en España han dejado de ser una función marginal para consolidarse como una disciplina estratégica. Esta evolución no es coyuntural: responde a un nuevo ecosistema regulatorio que exige a empresas, organizaciones e instituciones contar con capacidades técnicas para anticiparse, entender y participar en la elaboración de políticas públicas. Así lo confirma el informe Global Risk Landscape 2024 de BDO, que identifica por primera vez el riesgo normativo como el principal riesgo global percibido por las organizaciones.
En concreto, un 37 % de los directivos lo sitúan como su mayor preocupación, frente al 7 % que lo hacía en 2023, lo que supone un ascenso de 14 posiciones en el ranking de riesgos globales. Este cambio drástico refleja no solo la proliferación de marcos regulatorios complejos —en áreas como sostenibilidad, inteligencia artificial o fiscalidad internacional—, sino también la creciente presión sobre las empresas para cumplir, adaptarse e incluso anticiparse a entornos normativos volátiles, divergentes y cada vez más fiscalizados.
Dos ejemplos paradigmáticos de este cambio son la Ley española de Cambio Climático y Transición Energética y el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. La primera establece una hoja de ruta nacional hacia la neutralidad climática que impone objetivos vinculantes y obliga a múltiples sectores — como transporte, construcción, energía o industria— a rediseñar sus modelos de actividad en función de exigencias regulatorias cada vez más estrictas.
El segundo introduce un marco normativo integral para el desarrollo, uso y supervisión de sistemas de IA, incorporando obligaciones jurídicas, principios éticos y exigencias técnicas que impactan transversalmente a sectores como el financiero, el sanitario o el tecnológico, y establece nuevas reglas de juego para las empresas innovadoras. Ambas iniciativas, en conjunto, no solo transforman los marcos normativos, sino que reconfiguran las prioridades de inversión, las relaciones con los reguladores y, de forma directa, los perfiles profesionales que necesitan las organizaciones.
Los asuntos públicos en España han dejado de ser una función marginal para consolidarse como una disciplina estratégica
En este contexto, el área de asuntos públicos adquiere un nuevo protagonismo. Las empresas no pueden limitarse a reaccionar ante la normativa: necesitan estructuras internas o externas capaces de anticipar la dirección de la política legislativa, interpretar los efectos potenciales y participar en los procesos de elaboración normativa. Esto incrementa exponencialmente la demanda de profesionales con formación especializada en análisis legislativo, estrategia institucional, gobernanza multinivel y gestión de la interlocución con grupos de interés.
La profesionalización del sector es ya una tendencia estructural. Más allá del crecimiento cuantitativo, lo que se observa es una necesidad cualitativa: los sectores más regulados, como energía, salud, digitalización o transporte, buscan perfiles con competencias específicas, capaces de combinar el conocimiento técnico del sector con habilidades institucionales y regulatorias. De ahí que los programas formativos en asuntos públicos se hayan convertido en una ventaja competitiva tanto para los jóvenes que acceden a la profesión como para los perfiles sénior que buscan asumir funciones de mayor responsabilidad.
La propuesta de regulación sobre la transparencia en la interlocución entre representantes públicos y grupos de interés también refuerza este proceso de profesionalización del sector. Al consolidar el lobby como una actividad legítima, ética y transparente, se abre también una oportunidad para atraer talento cualificado. Los asuntos públicos, en este nuevo marco, no solo refuerzan la capacidad de influencia de las organizaciones, sino que contribuyen a mejorar la calidad democrática.
En definitiva, los asuntos públicos se están consolidando como un espacio profesional con impacto tangible, recorrido ascendente y una necesidad creciente de talento formado y con visión estratégica. Ahora es el momento de dotar al sector de las herramientas, metodologías y capacidades que demanda.
Con ese espíritu nació AP institute, la primera escuela española especializada en asuntos públicos, hoy reconocida entre las cinco mejores de Europa. Actualmente, cuenta con un Executive Máster en Asuntos Públicos diseñado para dar respuesta a las necesidades reales del sector.
Formarse en asuntos públicos es la manera de participar con impacto, ética y compromiso en las decisiones colectivas.
SOBRE LA FIRMA:
María Curtichs es CEO del AP institute. Consultora estratégica en Bain & Company cuenta con una amplia experiencia en transformación estratégica
en sectores varios (retail, CPG, industrials,…) y Private Equity.
