El Gobierno presentó hace unos días las líneas maestras de la Propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad hasta 2030. Después de muchos meses de espera, parece que -bien sea por la preocupación por el cero energético del pasado 28 de abril o por la no convalidación el pasado mes de julio del Real Decreto-Ley 7/2025 conocido como “antiapagones”– por fin se empiezan a dar pasos para tener una estrategia que permita solucionar muchos problemas estructurales de nuestras infraestructuras eléctricas.
Anticipar el despliegue de las redes para los próximos años, impulsar proyectos de descarbonización y modernización de la economía, reforzar la competitividad de nuestro país o solucionar los desequilibrios territoriales son algunos de los objetivos de esta estrategia, que por fin se retoma y prosigue su tramitación.
De esta nueva planificación destaca el esfuerzo en inversión (13 590 M€, un 67% más respecto a la anterior planificación) y el protagonismo (un 60% de la inversión) que van a tener la demanda (proyectos industriales) y el almacenamiento (mediante hibridaciones de parques de generación existentes o proyectos stand alone), algo que lleva años pidiendo no solo el sector energético, sino el industrial, para equilibrar el sistema eléctrico entre oferta de energía y demanda.
Como se ha dicho en tantas ocasiones, nuestro país reúne una serie de condiciones ideales para la generación de energía renovable (principalmente fotovoltaica y eólica, aunque sin descartar la hidráulica) en casi todo el territorio y a un precio competitivo. Pero sin una demanda significativa nos seguiremos encontrando con una producción inestable que genera grandes oscilaciones en la red de transporte y cuyas consecuencias ya conocemos. Para que el sistema sea estable y flexible, es más necesario que nunca favorecer el acceso de la demanda a la red, bien sea a través de proyectos de almacenamiento o proyectos consumidores de energía (industrias y centros de datos, por ejemplo), algo a lo que aspira la nueva planificación.
Ahora se abre una etapa para decidir qué tipo de red de transporte queremos, qué tipo de inversiones queremos acoger. Ahora se abre una negociación entre múltiples actores. Al diálogo entre gobierno central y Comunidades Autónomas le seguirán los informes de la CNMC, las alegaciones de cualquier interesado, la aportación de REE como operador del sistema y la opinión de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Tras todo ello, el Consejo de Ministros aprobará finalmente el texto de la planificación.
Nuestro país reúne una serie de condiciones ideales para la generación de energía renovable en casi todo el territorio y a un precio competitivo
Todos estos actores tendrán algo que decir y la escucha de sus inquietudes y reivindicaciones es fundamental para conseguir una planificación que sea a la vez ambiciosa y sostenible a nivel económico, ambiental y social. Y ese diálogo no puede ser de cualquier manera. Sería por ejemplo un error que fuese una batalla política más, en la que el cortoplacismo, la búsqueda de la rentabilidad política del que gobierna o el desgaste de éste que busca el que aspira a gobernar, el calendario electoral… fuesen las pautas que se siguieran.
Es imperativo buscar los puntos de encuentro entre voces divergentes, y es lógico adaptarse al momento político y sus equilibrios; pero no deben primar sobre muchos otros factores, por lo que el rigor técnico y la sensibilidad política y social que pueden aportar expertos en el sector de la energía y su impacto social es clave para poder ejercer una influencia legitima en la etapa en la que nos encontramos.
Entre todos nosotros depende que no sea una -otra más- oportunidad perdida, porque en los retos que tenemos para situar a nuestro país a la vanguardia, debería existir un consenso político basado en la legitimidad técnica (pues contamos con excelentes técnicos en el operador del sistema) y con un respaldo social, que legitime un despliegue real de infraestructura eléctrica que vaya en el beneficio de todos. Estamos pues en un momento vital para que entre todos –sector público y sector privado– logremos realizar una transición energética hacia un modelo descarbonizado y renovable, que haga de nuestro país un ejemplo y un modelo a exportar a otros países.
SOBRE LA FIRMA:
Ricardo Riquelme es director de la vertical de Energía en Vinces