QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Plan Anual Normativo expresa de forma bastante clara las prioridades de un Gobierno para el año correspondiente. Cuando este año es el primero de una legislatura, y no existen alteraciones profundas del entorno, el Plan es aún más expresivo de los retos que quiere afrontar un gobierno de acuerdo con sus objetivos y compromisos profundos.
Es cierto que gobernar en sociedades complejas como las presentes y en entornos volátiles hace muy difícil contentar a todo el mundo, sobre todo cuando la polarización entre las élites políticas es tan alta y cuando la ciudadanía expresa deseos contradictorios y continuamente expansivos. Las políticas de redistribución y las regulatorias suelen generar debate y desacuerdo.
Políticas redistributivas y regulatorias
Una gran parte de las leyes que se plantean en el PAN 2024 pertenecen a áreas de políticas redistributivas y regulatorias por lo que van a generar conflicto y tensiones, pero ello no ha impedido que se propongan. La arena de políticas distributivas suele ser pacífica, pues se atribuyen derechos y privilegios sin dañar, normalmente, a otras partes. También se observan bastantes ejemplos de normativa distributiva.
Por su parte, las políticas institucionales, de configuración de reglas del juego comunes y estables, deberían ser poco conflictivas, si existiera un marco de racionalidad común y una axiología básicamente compartida entre los partidos políticos. En todo caso, incluso con ese marco común, también tienen sus dificultades.
Una gran parte de las leyes que se plantean en el PAN 2024 pertenecen a áreas de políticas redistributivas y regulatorias
El primer problema con estas medidas a largo plazo y que anclan las democracias a reglas y valores comunes es que requieren consensos y visión de Estado. El segundo problema es que no suelen aportar votos a los proponentes, pues no dan respuesta a necesidades del día a día de la ciudadanía. El tercer problema es que su fracaso no se ve a corto plazo, va deteriorando los pilares del edificio, pero por fuera parece que la construcción es robusta y, en ocasiones, hasta hermosa.
Con respecto a las normas conectadas a estas políticas, los vacíos son clamorosos. Sí hay normas técnicas vinculadas a la Administración o al poder judicial, pero las normas previstas que podrían estar vinculadas al reforzamiento de las instituciones esenciales y al control del poder son casi nulas.
Polarización política
Me niego a aceptar, por el momento, que no exista un marco de racionalidad común y valores básicos compartidos entre los partidos mayoritarios de España. Creo que, si se pusieran a hablar, olvidándose de elecciones y egos, estarían de acuerdo en muchas ideas esenciales. La polarización existente tiene más que ver con la lucha por el poder que con guerras culturales profundamente divisivas.
La polarización existente tiene más que ver con la lucha por el poder que con guerras culturales profundamente divisivas
Otra cosa es que las coaliciones con la extrema derecha lleven a dar la imagen de que el Partido Popular sufre un debilitamiento en la adhesión a alguno de los valores que fundamentan el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho o que la expansión de pactos y acuerdos múltiples del PSOE pueda generar la visión de un partido que tiene dificultades para explicar sin contradicciones su idea de España. En suma, que, en teoría, podrían sentarse y llegar a acuerdos sobre algunas leyes que son muy necesarias para fortalecer la democracia.
Por desgracia, la realidad nos saca rápidamente del ensueño. Los niveles de polarización de sus discursos, aun cuando los datos nos permitan hablar de una cierta asimetría en insultos y descalificaciones, hacen que cualquier propuesta de uno sea rechazada por el otro.
Con lo cual, el consenso básico para sacar adelante reformas de consolidación democrática parece una utopía. A ello se añade que ninguno de los dos partidos conseguiría con esto sumar adeptos y aumentar sus votos. Más aún, entre la prensa de extrema derecha cualquier intento de acuerdo sería tachado, seguramente, de traición. La consecuencia, como decía antes, es el deterioro de las bases de nuestra democracia.
Leyes pendientes
Es triste que se incumpla el IV Plan de Gobierno Abierto y no se incorporen compromisos claros, como una Ley reguladora de los grupos de interés, una nueva Ley de transparencia o una Ley de incompatibilidades y conflictos de interés; vinculado a ello, por ejemplo, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales.
El consenso básico para sacar adelante reformas de consolidación democrática parece una utopía
Habrá que ver, por otra parte, hasta dónde llega la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que será una de las apuestas más complejas para el Ejecutivo, máxime si no se eliminan claramente los elementos de dependencia de la Fiscalía del Gobierno. En suma, que, aunque sepamos que la calidad de una democracia depende claramente de la calidad de los controles sobre el poder, parece que, en España, por el momento, el control del poder se deja para el futuro. Esperemos que, cuando se quiera afrontar este reto, no sea ya demasiado tarde. Crucemos los dedos.
SOBRE LA FIRMA Manuel Villoria Mendieta es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), donde dirige el Observatorio en Buena Gobernanza.
