El 2024 estaba llamado a ser un gran año para la transparencia y la participación ciudadana en España. Lamentablemente, en la carrera por liderar la agenda del Estado Abierto a nivel internacional, España ha hecho una salida nula.
A la elección de nuestro país como co-presidente del Comité de Dirección de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y como sede de la próxima Cumbre Global sobre la materia, se le fueron sucediendo una serie de anuncios que anticipaban un frenético ritmo de elaboración, aprobación y puesta en marcha de estrategias, planes y normativas vinculadas con la calidad democrática y la apertura del Estado a la ciudadanía. Serían muchos de ellos diseñados, además, mediante procesos participativos diversos e inclusivos, siguiendo los más altos estándares internacionales de transparencia y de rendición de cuentas.
