QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El 2024 estaba llamado a ser un gran año para la transparencia y la participación ciudadana en España. Lamentablemente, en la carrera por liderar la agenda del Estado Abierto a nivel internacional, España ha hecho una salida nula.
A la elección de nuestro país como co-presidente del Comité de Dirección de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y como sede de la próxima Cumbre Global sobre la materia, se le fueron sucediendo una serie de anuncios que anticipaban un frenético ritmo de elaboración, aprobación y puesta en marcha de estrategias, planes y normativas vinculadas con la calidad democrática y la apertura del Estado a la ciudadanía. Serían muchos de ellos diseñados, además, mediante procesos participativos diversos e inclusivos, siguiendo los más altos estándares internacionales de transparencia y de rendición de cuentas.
La cantidad y diversidad de los procesos puestos en marcha era tal, que era difícil de seguir incluso para las organizaciones más especializadas: el inicio de los trabajos para el diseño del V Plan de Gobierno Abierto, se solapó con los primeros talleres del Consenso por una Administración Abierta; y las primeras noticias sobre un posible Plan de Parlamento Abierto coincidieron en fechas con el anuncio de una Estrategia de Gobierno Abierto.
Los anunciados talleres deliberativos para crear colaborativamente el V Plan de Gobierno Abierto estuvieron mal diseñados desde el inicio
El repentino protagonismo de la agenda de la calidad democrática y el Estado Abierto nos hizo dudar, por un momento, si no sería todo ello demasiado bonito como para ser cierto. Pero nuestro optimismo patológico nos llevó a bajar las defensas y arrojarnos a los brazos de la Administración para aportar todo lo que pudiéramos y colaborar en todo lo que se nos pidió. La mera visión de unos poderes públicos ambiciosos y comprometidos con una agenda de reformas e innovaciones democráticas, llevada a cabo de forma transparente y colaborativa y adquiriendo un rol protagonista en la escena internacional era demasiado sugerente como para resistirse.
Según pasaban los meses del 2024 nuestro entusiasmo inicial fue menguando, a medida que la realidad iba acomodándose y los procesos se iban distanciando de la hoja de ruta que se nos había presentado.
Los anunciados talleres deliberativos para crear colaborativamente el V Plan de Gobierno Abierto estuvieron mal diseñados desde el inicio, dejando tras de sí un reguero de organizaciones y expertos cabreados e insatisfechos. Una parte no menor de este malestar vino derivada del hecho de que el Gobierno decidiera, unilateralmente y con el proceso ya en marcha, excluir del contenido del Plan cualquier reforma que requiriese de modificaciones legislativas, alegando que su aprobación excedía la responsabilidad del Ejecutivo al no poder garantizar su aprobación dados los actuales equilibrios parlamentarios.
La consulta ciudadana lanzada para recabar ideas y sugerencias sobre el Consenso por una Administración Abierta siguió fielmente el manual de malas prácticas de los procesos participativos: los resultados de la consulta nunca llegaron a enviarse a las personas elegidas para diseñar los proyectos vertebradores del Consenso y las personas que contribuyeron con sus aportaciones no han vuelto a saber nada del asunto sobre el que fueron consultados.
Seremos menos confiados, pediremos más a cambio de nuestra colaboración y lealtad y seguiremos aireando con el mismo ahínco los éxitos y fracasos que se produzcan por el camino
La presidencia española de la Alianza por el Gobierno Abierto se inauguró sin que fuera público el programa que España se proponía desarrollar durante su mandato y sin que se hubiera realizado la anunciada consulta a la ciudadanía. Por último, los plazos previstos para el diseño y aprobación de los principales procesos anunciados se han incumplido sistemáticamente.
Tanto el V Plan de Gobierno Abierto como el I Plan de Parlamento Abierto están varados en un limbo administrativo que resulta inexplicable para los actores que observamos el proceso desde fuera y a los que luego se nos pide aportar, comentar y reunirnos cumpliendo unos plazos más propios de una empresa de mensajería urgente.
Los cambios de titularidad en el Ministerio responsable, las catástrofes naturales o el último imprevisto de la agenda política… Todas ellas son razones alegadas para justificar los retrasos e incumplimientos. Quizás si nos hubiera pillado con el depósito de optimismo lleno nos hubieran resultado suficientes; pero llueve sobre mojado.
Los planes están varados en un limbo administrativo que resulta inexplicable para los actores que observamos el proceso desde fuera y a los que luego se nos pide aportar
Nos encontramos actualmente ante un dilema. Por un lado, queremos seguir creyendo en un proceso y en una agenda de reformas que son absolutamente imprescindibles para equipar a nuestra democracia con las capacidades y herramientas que necesitamos para hacer frente a los retos sociales, económicos, ambientales y convivenciales a los que nos enfrentamos. Sabemos de ello, conocemos lo está funcionando en otros lugares y por qué y nos gusta contribuir a que lo colectivo funcione y avance.
Pero, por otro lado, observamos que las cosas se atascan no por las dificultades de los retos o por la existencia de desacuerdos insalvables, sino por la dejadez de quien debería liderar. Tenemos la tentación de dejar de achicar agua, abandonar el barco a su suerte y que del naufragio responda a quién le corresponda responder.
En la carrera por liderar la agenda del Estado Abierto a nivel internacional, España ha hecho una salida nula
Pero, en el fondo, sabemos que es una hoja de ruta tan importante, que es mejor que exista, aunque avance a medio gas; también sabemos el coste que tendría desmantelar las alianzas y redes de entidades sociales que existen hoy en día dando seguimiento a la agenda de la calidad democrática en nuestro país. Conocemos, por último, a personas dentro de la Administración que sí creen en el proceso y que sospechamos que comparten nuestra impaciencia y hartazgo.
Por todo ello, no abandonamos. Pero, aunque seamos los mismos que los que comenzamos esta andadura a principios del año 2024, ya ‘no somos los mismos’. En el año que ahora arranca seremos menos confiados, pediremos más a cambio de nuestra colaboración y lealtad y seguiremos aireando con el mismo ahínco los éxitos y fracasos que se produzcan por el camino. No vamos a hacer más que exigir que los poderes públicos estén a la altura de las expectativas que ellos mismos generaron con sus promesas y compromisos.
SOBRE LA FIRMA:
Javier Pérez es director de Political Watch. Licenciado en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Es especialista en participación ciudadana, tecnologías cívicas e incidencia pública.
Rachel Hanna es la Directora Ejecutiva de Access Info. Graduada en Derecho Civil y Común realizó un Máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Queen’s en Belfast. Es especialista en derecho de acceso a la información y transparencia gubernamental.
