QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El pasado 29 de mayo, España entera conoció el anuncio de la convocatoria de elecciones generales anticipadas, cuya celebración se producirá, si ningún meteorito lo evita, el próximo 23 de julio. La referencia al meteorito no es ninguna broma como tampoco lo es el hecho de que últimamente vivimos en un permanente susto, y en una España en la que nos acostamos y levantamos con noticias cada vez más sorprendentes e inimaginables. Por ello, este anuncio, para nosotros, ha sido como un “salvados por la campana” o más bien “salvados por la campaña”, porque visto lo que estábamos viendo en materia de función pública, no queríamos que el proyecto de Ley (PLFP) saliera adelante tal y como está redactado, y con algunas de las nefastas enmiendas que parece que podrían también haber terminado formando parte de él.
La mayoría éramos conscientes de que se iba a producir de todo menos una mejora
En este contexto, los funcionarios españoles estábamos pendientes de la finalización de la tramitación del PLFP, preparando la misa de réquiem por la administración, por cuanto la mayoría éramos conscientes de que se iba a producir de todo menos una mejora (que es lo que se alegaba principalmente), ya que con esta Ley finalizaba una era que daba paso a otra radicalmente distinta de lo que hasta entonces habíamos vivido en nuestra administración pública. Voy a explicar por qué.
El término «mejorar» tiene varias acepciones para la RAE que, centrándonos en lo que interesa, implica la acción de que ciertas cosas pasen a un estado más ventajoso con respecto al que tenían inicialmente. Sin embargo, para nuestros políticos el término adquiere un nuevo significado, desconocido hasta entonces, que implicaría el hecho de cambiar necesariamente las cosas no para aventajarlas sino para situarlas en una posición que es exactamente donde se ubica el pedestal de la política, lugar donde pueden, los que ejercen tan digna profesión, controlar y manipular a su antojo, no vaya a ser que algo quede fuera del tiesto y que los que formamos parte de esta administración no sigamos algún dictado previamente impuesto por ellos.
Este proyecto, de haberse aprobado, habría supuesto el desmantelamiento de la función pública, tal y como la han conocido los ciudadanos
Este proyecto, que para parte de los ciudadanos ha pasado desapercibido como muchas cosas que se refieren a los funcionarios, de haberse aprobado, habría supuesto el desmantelamiento de la función pública, tal y como la han conocido los ciudadanos, y la desaparición de los dos elementos que durante todos estos años la han caracterizado: la excelencia en la preparación y la independencia en el ejercicio de sus funciones.
El proyecto, que repite hasta la saciedad principios constitucionales como los de mérito y capacidad, no contiene nada sustancial que haga pensar que estos principios vayan a respetarse. Es más, diría que pretende utilizar el lenguaje como un instrumento de biopolítica; es decir, como un instrumento de poder para hacernos creer a los ciudadanos, tal como diría Foucault, otra cosa distinta de la realidad (¿es esto matrix?).
Y, es precisamente eso lo que pasa con algunos puntos “negros” de este proyecto.
Por una parte, al final del texto e intentando pasar desapercibido, nos encontramos con una Disposición Adicional que, rompiendo la separación de poderes, erige al ejecutivo en legislativo por 6 meses (algo que se quería ampliar a 12 meses por vía de enmienda) cuyo fin iba a ser nada más y nada menos que cocinar a su antojo la función pública, creando, modificando o suprimiendo cuerpos de la misma. Esta disposición contradice (qué raro, ¿una contradicción?) al propio texto que establece una reserva legal para estos casos, y además no explica por qué lo hace (explicaciones, ¿quién las quiere?). De lo anterior se pueden sacar dos conclusiones: o que el redactor es muy olvidadizo o que lo que se pretendía no iba a contentar a los funcionarios, sobre todo a los cuerpos superiores que dirigen la administración, quienes además no han sido invitados a esta cocina administrativa.
Tampoco el PLFP aprovecha para incluir en la regulación del directivo público a los altos cargos, por lo que este otro nuevo “olvido” (¡ay, qué cabeza tan despistada!) habría dado lugar (con absoluta certeza) a que personas ajenas al ámbito administrativo y sin ninguna experiencia fueran a dirigir los designios de nuestra administración, chocando frontalmente, además, con las recomendaciones de Europa que insiste en que, para despolitizar estas funciones, se coloquen en estos puestos a personas políticamente imparciales, que respondan objetivamente al mérito, a la capacidad y a la formación en competencias, y cuyo cese no lo provoque únicamente “la pérdida de confianza” sino una mala rendición de cuentas o de evaluación del desempeño, basadas siempre en criterios objetivos.
Tanto en el texto, como en sus enmiendas, estamos hartos de ver cómo se está degradando hasta tal punto que ya no cabe duda de que será un coladero para la colocación de amigos, amiguetes y otros colegas
Por lo que respecta a la regulación del acceso a la función pública, ya hemos señalado que nada de lo que se está haciendo últimamente en este país puede ser positivo para una función pública excelente. Tanto en el texto, como en sus enmiendas, estamos hartos de ver cómo se está degradando hasta tal punto que ya no cabe duda de que será un coladero para la colocación de amigos, amiguetes y otros colegas (¿En España? No me lo creo), curioso cuando lo que precisamente se ha hecho desde el Ministerio es desprestigiar públicamente a los funcionarios de cuerpos superiores diciendo que pertenecían todos a la misma familia, como si de un clan mafioso se tratara.
A partir de este momento, los funcionarios (sobre todo cuerpos superiores que son los que nos interesan) iban a pertenecer a otras familias cuyos apellidos probablemente coincidirían con las siglas grabadas en ciertos tipos de carnet (según quién esté mandando en cada momento), inimaginable en un país serio. Ríase el lector por no llorar porque no queda otra ante tanta barbarie.
Si lo que se pretende con este proyecto es innovar (porque parece que en la actualidad todo lo antiguo ha de despreciarse porque sí), la innovación no siempre es sinónimo de cambio y, como decía Ferrán Adrià, a veces la mejor innovación es dejar las cosas como están, porque cambiar, sin pensar con cabeza y sentido común en el fin a conseguir puede dejar secuelas tremendas que no pasarán desapercibidas cuando de los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos estamos hablando.
Termino con una petición a la desesperada que me temo no irá a ningún lado: ahora que estamos en plena campaña, nos gustaría escuchar cosas sensatas que conduzcan a que el centro de atención lo ocupen los ciudadanos, y que esas promesas políticas que se hacen, en algunos casos tan rocambolescas, se cumplan pensando en ellos, y no en la gloria del político que pretende, a veces con una torpeza irremediable, pasar a la posteridad, cuando lo que busca, en definitiva, es pasar a la prosperidad.
SOBRE LA FIRMA Ana de la Herrán es la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado desde el pasado 1 de febrero de 2023. Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado desde 2006 y ha trabajado en el Área de Aduanas de la Agencia Tributaria y en el Tribunal Económico Administrativo Regional en Madrid.
